El empacho suele ser uno de los elementos típicos de la Navidad y este año ha sido peor el político que el digestivo. El debate de investidura nos ha amenizado el puente de Reyes. Quien haya tenido oportunidad de seguirlo entre compras y pajes, habrá sido testigo del nivel de exageración, histrionismo, faltonismo y "fachismo" de la derecha española, trina y una, y, en general, de la escenificación sobreactuada de eso que llaman "las dos Españas". Una vez que Pedro Sánchez ha logrado ser investido estamos a la espera de verle cumplir los compromisos que ha adquirido con las formaciones que han posibilitado su investidura. EAJ-PNV ha logrado un acuerdo importante -entre otras cuestiones, la transferencia de todas las competencias pendientes del Estatuto de Gernika- jugando de verdad "a ser decisivo" una vez más en la defensa del autogobierno vasco, aunque muchos años de experiencia nos demuestran que en Madrid siempre es más fácil arrancar acuerdos que lograr su cumplimiento.
En esto de la política se nos obliga a hacer actos de fe en demasiadas ocasiones. A olvidar los incumplimientos previos y los recursos de inconstitucionalidad y las leyes básicas, a no recordar aquellas promesas electorales de Pedro Sánchez de volver a incluir en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndum o su intención de imponer en todas las escuelas del Estado una asignatura de "españolidad". Pero parece ser que la posibilidad de avanzar reside en dos cuestiones: en el olvido y en la insistencia. Ambas acompañadas siempre de resistencia: la resistencia en nuestro anhelo a existir como Pueblo y en el reconocimiento efectivo de su derecho a decidir.
Sin embargo, hay algo cuya gravedad no admite olvido. Me estoy refiriendo a la deriva de los Poderes del Estado contra Catalunya. Siendo absolutamente grave la vulneración de leyes, normas, procedimientos, principios y derechos fundamentales en su cruzada contra la libertad catalana y quienes la defienden, aún lo es más, visto con qué desfachatez actúan, la constatación de que no existe garantía de derechos para nadie, sea catalán, sea vasco o sea de Móstoles, ante un sistema político-judicial-policial- y mediático dispuesto a perpetrar y dar cobertura a cualquier barrabasada contra quien moleste al Estado. Y esto es lo que hay.
Ahora que mucha gente respira por haber conjurado a la derecha carpetovetónica parece extenderse una opinión novedosa, que teniendo un poso de verdad, a lo mejor pretende también "proteger" de alguna manera al nuevo gobierno del Estado. Algo así como "una cosa es el gobierno y otra cosa es la Estructura de Estado y todo su poder", como si, a partir de ahora, el presidente y el vicepresidente del Gobierno -que para serlo han tenido que apalabrar con ERC una mesa de diálogo y la "desjudicialización" del conflicto político con Catalunya-, en realidad estuvieran bastante inermes ante las decisiones de la brunete judicial y quedaran libres de culpa al no poderlas cortocircuitar. Es una visión novedosa, y que se me hace difícil compartir, en la que el gobierno democráticamente elegido quedaría despojado del poder que tradicionalmente se le ha reconocido, directo sobre los movimientos policiales, cuando menos indirecto en los de la fiscalía, y "de influencia" -no olvidemos que el PSOE y el PP han configurado el CGPJ desde siempre, también el actual- en el judicial. Y, desde luego, es desconcertante, porque ¿hasta qué punto se puede considerar democrático un Estado en el que el verdadero poder se ejerce al margen de la legitimación democrática? Y más teniendo en cuenta el nivel de arbitrariedad con el que está actuando esa "Estructura de Estado"
Hablando de arbitrariedades: el Tribunal de la Unión Europea ha puesto en jaque toda la estrategia de la brunete judicial española. Enmendó la plana a la Junta Electoral, al señalarle que la elección de los eurodiputados "por sufragio universal es expresión del principio constitucional de democracia representativa", así que aquello de que para ser eurodiputado "era necesario acudir a acatar la Constitución en el Congreso" era una vaina. Y, además, Luxemburgo ha considerado que Junqueras tenía inmunidad desde su elección, por lo que el TS no podía haber continuado el juicio en el que lo condenó por sedición.
A raíz de dicha sentencia el Europarlamento ha extendido credenciales a Puigdemont y a Comín, y el Tribunal de Bélgica ha suspendido la euroorden contra el President. Creo que tanto Marchena como Llarena deberían haber presentado su dimisión al día siguiente. Eso sí: tras anular el juicio contra el soberanismo catalán, haber dejado libre a Junqueras para recoger su acta y, de paso, haber reconocido también la inmunidad de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull por analogía. Pero hacer el ridículo internacional más espantoso no es óbice para que mantengan ese principio tan castizamente español de "sostenella y no enmendalla": acabamos de ser testigos de cómo el TS ha negado a Junqueras la inmunidad establecida por Luxemburgo y mantiene su inhabilitación. Lo que ha hecho el TS contra la sentencia europea a lo mejor sí que es sedición o, por lo menos, prevaricación.
Hace pocos días, antes de conocerse estas últimas resoluciones, el Magistrado emérito del TS, José Antonio Martín Pallín, denunciaba en un artículo, dos actitudes: "La del juez instructor" -Llarena- "y la de la Sala sentenciadora" -la presidida por Marchena- por situarse "al margen de los compromisos internacionales asumidos por España" y "por exponernos al reproche de los órganos de justicia de la UE y al desprestigio y la crítica de la comunidad jurídica europea e internacional".
A mi modo de ver, el mismo reproche cabe hacer a la Sala de lo contencioso del TS y a la Junta Electoral Central. Mucho más aún si atendemos a otro de los capítulos del culebrón judicial contra Catalunya de estas navidades: la sentencia por desobediencia al President Torra por parte del TSJC que lo condena por defender que los lazos amarillos no son -que no lo son- un símbolo partidista. Una sentencia que conculca el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, sin que, por cierto, esta cuestión haya preocupado nunca al PSOE y solo haya preocupado a Podemos en la medida en que ha querido ver, en la inmediata decisión posterior de la JEC de desposeer al President de su acta de parlamentario democráticamente electo, "una maniobra que busca crear inestabilidad para impedir la formación de un Gobierno progresista". El TS, cómo no, ha ratificado la destitución de Torra. La brunete judicial no necesita tanques en la calle para levantarse contra la democracia.
En resumen: ¿es España un Estado Democrático y de Derecho? Pues no lo parece, por más que en octubre Sánchez tuiteara: "España es una democracia consolidada. Un Estado de Derecho de los más avanzados del mundo". Por cierto, otro tuit, este del eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, ha soliviantado a la izquierda española, que le acusa de incitar al golpe de Estado. Probablemente Tertsch aplaudiera un golpe de Estado pero ha respondido, todo modoso: "Yo solo recuerdo que la Constitución tiene un artículo 8". Pues sí que lo tiene. Xabier Arzalluz, tras afirmar que "yo, desde luego, tenía claro que antes me cortaba una mano que votar una Constitución española", dejó dicho aquello de "nos meten un texto tan brutal como es el artículo 8º, el que otorga a las Fuerzas Armadas la facultad de ser garantes de la Constitución. Solo por eso, no aceptaríamos nosotros una Constitución como demócratas, independientemente de que lo hiciéramos o no como vascos". La cosa es que no se ha oído ni al PSOE ni a Podemos protestar por la existencia de dicho artículo. Solo han alzado la voz por el uso que el impresentable de Tertsch pretendía del mismo. Todo esto ha sucedido en Navidad, como en el cuento, pero con un final preocupante. Olvidemos lo circunstancial, nunca lo fundamental, insistamos y, sobre todo, perseveremos y resistamos. En ello nos va la democracia y nos va Euskadi, nuestra nación.
