La UE o la convergencia hacia el extremo centro

Una declaración de este calibre no evita que quien lo propone sea considerado un político "centrista" en el arco político vigente en la Unión Europea y en general en los países del Atlántico Norte. Para los políticos españoles del extremo centro derecha, por ejemplo, los impuestos que gravan las transmisiones patrimoniales y que ayudan a devolver a la sociedad una parte de las fortunas amasadas entre otra cosa utilizando los recursos comunes de esa misma sociedad (como carreteras y semáforos, electricidad, sistema judicial y de seguridad pública, puertos y aeropuertos, etcétera) son un "saqueo de la propiedad privada", los tipos marginales en el impuesto de la renta superiores al 40% -como los aprobados en las circunstancias extraordinarias de 2012- son "expropiatorios" y las tímidas propuestas de crear alguna empresa pública en el sector energético o el farmacéutico, son ideas "comunistas". Para los economistas de institutos como Bruegel o el Centre for European Policy Studies, bien engrasados con dinero de las multinacionales y cuya principal misión es evitar que se mueva un milímetro la orientación neoliberal de las políticas de la UE, la intención de los laboristas británicos de aumentar del 40% al 46% el gasto público para aumentar las inversiones industriales y crear empleos era un programa "radical" que solo podría traducirse, en caso de haber ganado las elecciones, en la fuga de capitales y el colapso de la libra esterlina.

También tenemos nuestra dosis de extremo centro izquierda. Así, el partido Podemos renuncia a la parte de su programa que reclama devolver al sector público el dinero público que se transfiere a los conciertos sanitarios privados, porque la ley aprobada por su probable socio "prioritario", ERC, mantiene dichos conciertos en Catalunya. El PSOE, por su parte, promete a la UE en el Programa Nacional de Reformas enviado a Bruselas introducir los sistemas de capitalización al menos en una parte de las prestaciones sociales de los trabajadores, mediante "la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación". Y ello a pesar de estar más que demostrado que la rentabilidad de los sistemas de capitalización a largo plazo es inferior al propio crecimiento del PIB y de los salarios y que los costes de gestión son muy superiores al de los sistemas públicos universales de reparto. No importa: hay que dar garantía de que se quiere gobernar desde el extremo centro, es decir, desde las posiciones más favorables a la acumulación privada, a pesar de que son ya varios lustros en los que la iniciativa privada se decanta a favor de la especulación, la inversión financiera y la obtención de rentas (de la inversión en deuda pública, de las patentes, o de las inversiones en patrimonio urbanístico) en lugar de invertir en la actividad productiva, de rentabilidad al parecer más incierta.

Y, sin embargo, podríamos decir aquel "eppur si mouve" que se atribuye a Galileo. Parece que cuesta mucho en Europa traducir en propuestas políticas una evidencia cada vez más clamorosa: lejos de ser una fuente de ineficiencia y de distorsiones microeconómicas, solo una planificación a gran escala de las inversiones públicas puede contribuir a sacar a las economías europeas del estancamiento secular en el que llevan instaladas varias décadas, rebrotes y recaídas periódicas incluidas. Así lo demuestra la actuación de las principales economías asiáticas, que están logrando tasas de crecimiento sostenidas: mientras China invierte más del 40% de la riqueza que produce y la India o Indonesia un tercio de la renta que generan, Eurolandia no llega ni a la cuarta parte.

Una actuación desdeñada en las propuestas de quienes todavía se consideran defensores únicos del gobierno por las leyes y propietarios legítimos de valores universales con los que se mide la actuación del resto del planeta, valores y gobierno por las leyes que ha proclamado la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En sus propuestas políticas para el periodo 2019-2024 se sigue subordinando una acción inversora decidida al margen que deja el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, margen que es cero para casi todos los países concernidos, con la salvedad de los pocos que han reducido su nivel de deuda pública al límite establecido del 60% del PIB, esto es, Holanda y Alemania entre los que representan un volumen relevante de la inversión total en la eurozona.

El Pacto Verde Europeo propuesto por Von der Leyen queda en agua de borrajas cuando no hay un fondo de inversión europeo que represente ni siquiera la décima parte de lo que invierte China en un año, que supondría al menos medio billón de euros. A pesar de que esa cifra, escasa pero significativa, sobrevuela en los informes y propuestas manejados en Bruselas, a lo más que se han comprometido los políticos aherrojados por su ideología neoliberal es a proponer menos de dos centésimos de la inversión anual china, poco más de 70.000 millones de euros, para el Plan de Inversiones para Europa, a gestionar por el Banco Europeo de Inversiones, que en 2018 ya concedió préstamos por valor de 60.000 millones de euros. A todas luces, una cifra ridícula con un impacto mínimo en el crecimiento a medio y largo plazo. Ante tan pacata actuación en materia de inversión, otras ideas avanzadas por Von der Leyen, como la de proponer un salario mínimo para los trabajadores europeos "que permita una vida digna en cualquier lugar en que trabajen" o la de crear un seguro de desempleo europeo "que proteja a nuestros ciudadanos y reduzca la presión sobre las finanzas públicas durante los shocks externos" es dudoso que conciten los acuerdos necesarios entre los jefes de gobierno.

Confrontada a la escasez de inversiones, la UE parece dispuesta a no liderar ni siquiera la lucha contra el cambio climático. Gracias a su importante nivel de inversiones, China aumento en 2018 su capacidad de consumo de energía de fuentes renovables en 36 millones de toneladas equivalentes de petróleo (por 7 de la UE y 9 de EEUU), habiendo alcanzado un nivel de generación de energía renovable similar al de la UE, de unos 160 millones de toneladas equivalentes de petróleo (a los que podemos añadir 275 millones de toneladas equivalentes a petróleo de energía hidroeléctrica, frente a los 78 millones que se generan en la UE). De seguir por esta senda de continuismo y política extremista de poner en el centro de las preocupaciones al rentista y el pago de las deudas, lo más probable es que la UE prolongue su estancamiento de largo plazo y que las cosas importantes para el futuro de la humanidad -y de los europeos- ocurran en otra parte.