l acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación de cargos en algunas de las principales instituciones del Estado ha logrados dos cosas. Refrendar la idea de que la justicia en España está politizada y resucitar el bipartidismo que la distribución de escaños en el Congreso de los Diputados no refleja. Este reparto de cartas entre las dos principales fuerzas es un aviso del derrotero que tomará la política en España si los números regresan al marco anterior al 15-M, cuando la fotografía electoral que surgió en la transición saltó por los aires. Otra cosa es lo de la politización de la justicia, que el boicot de la oposición con su negativa a participar en el pasteleo del comité consultivo del Congreso puso en evidencia. Medios y analistas se han escandalizado por Enrique Arnaldo y sus estrechos vínculos con el PP, un caso de una obscenidad difícil de igualar. Sin duda, los fuertes vínculos de Arnaldo con el PP le invalidan para una justicia imparcial en el cargo para el que le han designado. Pero entre los cuatro nombramientos de esta semana, además del de Arnaldo, estaba el de Concepción Espejel, presidenta del tribunal que juzgó a los jóvenes de Altsasu pese a que la defensa de los acusados puso en evidencia los lazos que le unían a la Guardia Civil: es pareja de un coronel del cuerpo y fue premiada por el instituto armado. Una recusación de libro que no prosperó pero que, como el objetivo era la condena, no escandalizó.