Han pasado casi nueve años desde que ETA puso fin a su actividad violenta, un periodo en el que ha formalizado la entrega de su arsenal y ha liquidado la organización. Pese a esta incuestionable realidad, la derecha española sigue aferrada a la idea de que ETA sigue viva y no duda en utilizarla como arma de destrucción del enemigo político. Lo ocurrido en el pleno de investidura es el último ejemplo. Pero no solo la derecha española se comporta como si siguiera en activo. El régimen carcelario que se aplica a los reclusos es una foto fija de los tiempos en los que la organización estaba viva y existía un frente de cárceles contra el que se diseñó la vigente estrategia de alejamiento y dispersión. El sistema penitenciario español ha convertido a los familiares en prisioneros de su política de alejamiento, cobrándose con el sufrimiento que para los allegados suponen los desplazamientos semanales de cientos de kilómetros a las cárceles del Estado un peaje que, en origen, estaba pensado para combatir a una ETA operativa. Contra esta injusticia se manifestaron ayer decenas de miles de personas en Bilbao y Baiona, en la esperanza de que el nuevo Gobierno español haga bueno su pretendido perfil progresista, al que cabría suponerle un enfoque humanitario y justo en lo que a la política penitenciaria se refiere.