¿Prevaricación?

– La derecha política y mediática vuelve a estar de celebración. Una de sus bestias negras, la llamada ley del solo sí es sí, empieza a mostrar preocupantes vías de agua en su aplicación práctica en los juzgados. En un goteo continuo, vamos conociendo casos de agresores sexuales –incluso de menores– que han visto reducida su pena sustancialmente tras la entrada en vigor de la norma. Ya han dejado de ser situaciones aisladas. Solo en la Audiencia Provincial de Madrid hay una veintena de sumarios aguardando su revisión y con muchos boletos para tener el mismo desenlace: la rebaja de la condena. Desde luego, no es improbable, aunque sea solo por pura estadística, que algunos de estos descuentos de pena hayan obedecido al carácter machista del juez –¡o la jueza!– que haya tomado la decisión. Sin embargo, se antoja un exceso dar por hecho que todos y cada uno de los togados que han hecho la misma interpretación sean misóginos desorejados. Acusarles de prevaricación, como ha hecho la ministra española de Igualdad, es una demasía.

Se sabía

– Se comprende la frustración de Irene Montero y su equipo, pero con una gota de humildad –que ya se sabe que no es el fuerte en el ministerio–, deberían reconocer que lo que está ocurriendo fue perfectamente advertido por juristas de toda condición. También progresistas y feministas sin la menor tacha que se echaban las manos a la cabeza según se iban desvelando detalles de la que pretendía ser una de las leyes referenciales de la legislatura por la parte morada del Gobierno español. La hemeroteca está llena de todos esos avisos que insistían en que, viendo la letra pequeña, el efecto de la norma no sería una mayor protección de las mujeres, como se pretendía, sino exactamente lo contrario. Pero no había oídos para esos mensajes constructivos. Siguiendo el procedimiento habitual, cualquiera que no aplaudiese con las orejas pasaba a ser considerado sospechoso de hacerle el caldo gordo a la derechona. La consigna antes que el sentido común.

Actuar

– De aquellos polvos, estos lodos. Y ante el problema que se abre y va creciendo, la respuesta no puede ser el exabrupto. Sería reincidir en el error original. Desconozco si es técnicamente posible, como ha instado Pedro Sánchez, que el Supremo fije un criterio al respecto. Si no es así, a nadie deberían caérsele los anillos por retocar el texto para eliminar los vericuetos que aprovechan las defensas de los agresores sexuales para rebajar la pena de sus clientes. No hacerlo equivale a reconocer que no estamos ante una cuestión de principios sino de propaganda. l