Sobreactuación

– Entre lo cómico, lo patético, lo cínico y lo falsario, la derecha política y mediática sobreactúa respecto al anuncio del gobierno español de cumplir su compromiso y abordar la rebaja del tipo penal de sedición. La bronca pirotécnica ha sido tal, que el cada vez más inconsistente líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ha esgrimido como non plus ultra para justificar la ruptura de las negociaciones para desbloquear la renovación del poder judicial. Ya está suficientemente contado y acreditado que, cuando se retomó el diálogo con pompa y circunstancia tras la reunión en Moncloa, el asunto que tanto ruido sobrevenido provoca ya estaba en la rampa de lanzamiento. Aunque es verdad que al PSOE le incomoda, porque no tiene claro si habrá un coste en votos en las inminentes elecciones autonómicas y municipales, era público y notorio que había prometido a ERC que se iba a hincar el diente a la cuestión.

Instrumento caduco

– Sin necesidad de ser un avezado jurista, resulta bastante claro que la reforma de marras no debería provocar ningún escándalo. Lo recogido en la ley vigente se ha quedado caduco hace demasiado tiempo. Responde a realidades, como mucho, del siglo pasado y plantea supuestos que no se han dado, curiosamente, desde el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Eso, sin contar que la última sublevación contra el orden establecido que triunfó fue la de julio de 1936, y esa no fue formalmente castigada justamente porque logró su objetivo. Basta repasar el histórico para comprobar que las sediciones en territorio español han venido por la derecha o la ultraderecha. Otra cosa es que el relato interesadamente exagerado haya pretendido que los sucesos de octubre de 2017 en Catalunya constituyeran una rebelión violenta contra el orden establecido.

Pecado original

– Sí, es cierto que como tales se juzgaron y condenaron. Y ahí reside el pecado original. El ánimo de castigo ejemplarizante —léase escarmiento— llevó a una calificación de los hechos forzada y, en el siguiente escalón, a unas condenas desmesuradas para los principales dirigentes de las fuerzas mayoritarias de Catalunya que no optaron por expatriarse. La gran mentira de los que ahora piden el frasco de las sales ante la rebaja del delito de sedición consiste en airear que todas las legislaciones de los estados de nuestro entorno contemplan penas más altas que la española. Incluso siendo eso matizable, lo que se callan es que en la mayoría de los países que ponen como ejemplo la convocatoria de un referéndum como el del 1-O no pasaría de falta administrativa. l