as relaciones del Gobierno español con sus principales socios de investidura están pasando por un momento crítico. Tanto PNV como ERC, grupos que proporcionan estabilidad al Ejecutivo, llevan alertando desde hace tiempo, tanto de palabra como con gestos -algunos, contundentes en votaciones importantes en el Congreso de los Diputados- de un grave deterioro en la relación de confianza con el Gabinete de Pedro Sánchez. Los motivos de esta crisis son variados, pero pueden resumirse fundamentalmente en la decepción e irritación de jeltzales y republicanos por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno y su falta de voluntad para afrontar la crisis y resolver las cuestiones de fondo. No cabe duda de que la revelación del espionaje a líderes independentistas ha agravado la situación hasta el límite. La propia vigilancia y la gestión del escándalo han supuesto un abismo en las ya de por sí deterioradas relaciones, sobre todo en las filas de ERC, que denuncia también que el diálogo sobre Catalunya no ha arrancado siquiera. Por otro lado, el proceso de transferencias a Euskadi de la treintena de materias recogidas en el Estatuto de Gernika y que el Gobierno se comprometió a abordar mediante un calendario acordado con el PNV acumula ya un año sin un solo avance. Doce meses en blanco desde que el 10 de mayo del 2021 se firmase el último paquete de traspasos entre los Ejecutivos español y vasco, sin que se haya materializado acuerdo alguno en el compromiso para el cumplimiento íntegro del Estatuto, más de cuatro décadas después. La situación no es asumible. No lo sería aunque la formación jeltzale no fuera socio preferente del Gobierno, porque la culminación de todas las transferencias es una deuda histórica y es la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca. En este contexto extremadamente delicado, los socios de Sánchez demandan gestos reales que permitan retomar la confianza para mantener la colaboración y seguir dotando al Gobierno de la necesaria estabilidad. Lo contrario podría suponer una ruptura que conlleva el riesgo de poner fin a la legislatura, coyuntura que nadie desea y con la que Sánchez no puede seguir coqueteando. Ello precisa de verdadera voluntad política para cumplir los compromisos y actuar con total trasparencia en el caso Pegasus. El Gobierno tiene tarea por delante. l