a Ley Ambiental, cuyo dictamen llega hoy al Pleno del Parlamento Vasco, es objeto del enésimo debate político sobre su alcance y contenido que fácilmente podría superarse si los discursos retóricos aterrizaran en la realidad práctica y el presunto compromiso con la sostenibilidad ambiental fuese consecuente. La polémica que pretende inflarse en torno a esta norma gira en torno a la enmienda que introduce la facultad del Ejecutivo vasco de impulsar Proyectos de Interés Público Superior (PIPS), una práctica vigente en la legislación de otras once autonomías del Estado. Esta semana el pronunciamiento al respecto de alcaldes de EH Bildu dibuja un enroque del ámbito municipal con el que pretenden que se imponga al interés general. La ficción del debate es obvia en el sentido de que la propia coalición pretende sistemáticamente que el Gobierno Vasco asuma un papel armonizador por encima de las administraciones locales y forales en otros aspectos -el fiscal sin ir más lejos-. En consecuencia, no se atenta contra la democracia municipal pero sí peligra la tradicional estrategia de obstaculizar desde las instituciones de competencia más limitada el desarrollo de proyectos de alcance autonómico, que ha sido práctica habitual de la izquierda independentista en Euskadi frente a los proyectos de las principales infraestructuras vertebradoras de país. Un modelo municipalista invertebrado no es más democrático que el legitimado sistemáticamente por la elección de la ciudadanía de su Parlamento. Lo cuestionable es el obstáculo a la soberanía expresada en las urnas mediante la constante revisión de su voluntad. Aunque lógicamente vengan a la memoria proyectos de movilidad como el TAV o las autovías, o la estrategia de residuos con las plantas de revalorización, el caso del modelo energético es paradigmático en este sentido. El rechazo en ámbito municipal es una constante cuando se habla de parques eólicos, por poner el caso, con un ejercicio de oposición encastillada que obvia el interés general y se limita a argumentar "aquí, no". Un compromiso ambiental consecuente demanda iniciativas que lo satisfagan, dando cabida a proyectos que acerquen a la soberanía energética. La negativa individualizada a cada propuesta no permite una estrategia sostenible, y refuerza la dependencia del modelo importado de hidrocarburos. Zancadillear desde la retórica no construye, vertebra ni hace sostenible al país.
