as nevadas provocadas por Filomena y la posterior ola de frío en buena parte del Estado español, con el incremento en el consumo de electricidad, han reabierto el debate sobre el precio de la misma y la necesidad de una reforma que contribuya a regular el mercado energético y controlar la factura cuando aún quedan por delante meses de tramitación del ahora Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No en vano, a pesar de que las dos voces autorizadas del Gobierno Sánchez, las ministras Teresa Ribera y Nadia Calviño, han calificado la subida del coste de la luz de coyuntural y tratado de minimizar sus efectos en las economías familiares, el precio medio en el mercado mayorista sufrió ayer un nuevo incremento llegando a alcanzar los 112,84 euros por MWh en la franja horaria de entre las 21.00 y las 22.00 horas, superando el récord de 103,76 euros que marcó el 11 de enero de 2002. Ahora bien, dicho precio, afectado por el mercado internacional y los problemas de suministro desde Argelia del gas necesario para la producción eléctrica, supone solo en torno al 36% de la factura a los consumidores, que engloba asimismo un 41% correspondiente a los peajes (coste del transporte y la distribución que desde hace un año fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y un 23% de IVA e impuestos. Así que difícilmente se puede imputar únicamente a este factor la subida del total del recibo de la luz que en los primeros días de enero es, de media, un 27% más caro que durante el mismo periodo de 2020 y que de mantenerse el precio medio del kWh elevaría el recibo de un usuario medio por encima de los 85 euros... sin siquiera entrar en sus consecuencias para la industria. Y como el propio Gobierno ha congelado para 2021 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados, cabe deducir qué parte sustancial de la subida interanual es achacable a las compañías a la espera de que la nueva legislación permita concretar el reparto del coste de las renovables acogidas a sistemas de primas y regeneración a todos los productores energéticos y no solo a las eléctricas. El problema, en definitiva, es de raíz, regulatorio, y sí compete al Gobierno por mucho que trate de capear el encarecimiento de la electricidad como si se tratara de una borrasca más del mes de enero.
