Antes incluso de que el próximo 3 de febrero se celebre el acto protocolario de inauguración de la legislatura en las Cortes, con la asistencia del rey y la bronca consiguiente por la ausencia de algunos grupos, el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de reforma de la ley de Memoria Histórica de 2007 que va a causar ampollas y debate encendido, estoy seguro, pero que es muy posible que dada la composición de la Cámara, llegue a buen puerto, con mucha discusión, eso seguro. Lo digo porque entre las medidas que prevé, está la supresión de los títulos nobiliarios concedidos por el franquismo en razón a la participación de sus titulares en el golpe de 1936 y en el desarrollo de la dictadura en los ámbitos militar, político o económico-financiero, que de todo hay, y supresión también de las condecoraciones que están en posesión de torturadores como Billy el Niño. Prevé también impedir y sancionar algo que se extiende cada vez más como manifestación ideológica de la extrema derecha, como es la exaltación del franquismo a modo de signo de oposición a cualquier conato de política progresista, no digo ya de izquierda, o independentista. Como paso a dar, ese que pretende el PSOE es relevante, lo mismo que, en la práctica, tiene mucha importancia que el Gobierno se encargue de la apertura de fosas comunes y exhumación de restos, y elabore un censo oficial de víctimas, además de otras medidas técnicas colaterales que reforzarían esa labor de recuperación de restos y reparación moral. Hay más medidas en esa ley que refuerzan el propósito de verdad, memoria, justicia y reparación, aunque de momento no veo que se pretenda la anulación de todos y cada uno de los procesos y sentencias recaídas en tribunales especiales y juicios sumarísimos que no contaron, en modo alguno, para su celebración con las mínimas garantías legales. Son muchos miles, pero eso ya estaba previsto en la anterior ley y nunca fue desarrollado. Es más, las peticiones concretas fueron desestimadas una detrás de otra.

Una ley como esta que pretende el PSOE va a ser discutida de manera feroz sobre todo por quienes han mantenido en su programa el propósito de derogar la anterior y, cuando han podido, han actuado de manera decidida en contra de ella en las comunidades en las que son vox y voto. Para ellos, no remover es más que un principio ideológico: los restos de los asesinados están bien donde están, allí donde los mataron, no porque sacar sus restos signifique abrir heridas, sino porque salta a la vista que para ellos bien muertos están. Por no hablar de la intocabilidad cada vez más visible del franquismo.

El Gobierno, pese a lo que hagan o dejen de hacer los partidos de la derecha y los medios de comunicación que les son afines en sus tareas de acoso y derribo, cuenta con cien días rituales de confianza para que veamos qué está dispuesto a hacer y qué no. Veremos qué hace con la ley Mordaza, aunque un gesto sería derogarla entera, de manera simbólica, como una forma de cortar con una mala época, aunque se dictase luego, si se considera necesaria, una ley de seguridad ciudadana acorde con la época que vivimos. Veremos en qué para la ley de Reforma Laboral y qué peajes se puede ver obligado a pagar por parte de los poderes económicos del país. Veremos qué tratamiento se da a la Banca y a la herencia de derribo social de los anteriores gobiernos. Veremos qué pasa con la cuestión catalana, siempre pendiente de resolución. Veremos qué ocurre con la Administración de Justicia y su labor ideológica conservadora, en cuyas manos acabarán sin lugar a dudas decisiones de este gobierno de coalición, dada la judicialización de la vida política española La tarea no es fácil, habida cuenta del decidido empeño de la derecha de desacreditar y tumbar todo lo que pueda, dentro y fuera de la cámara, pero lo ya hecho y lo proyectado para un futuro inmediato es cuando menos más esperanzador que el país que pretende imponer ese bloque (en la práctica) de derechas con su recortada ideológica, cada día más reaccionaria y más temible.