Estamos asistiendo en los últimos meses a una serie de acontecimientos que, en contra de lo que hubiera podido parecer en un principio, el modelo económico globalizado y altamente interconectado a través de las tecnologías de la información y comunicación en el que vivimos, en vez de traer prosperidad y desarrollo para el conjunto de los ciudadanos está provocando una merma en el progreso social que debe comenzar a preocuparnos porque va directamente relacionado con la ausencia de valores y principios.

Las reacciones de ciudadanos tomando las calles que se están produciendo en países tan diferentes y tan distantes como Francia, Chile, Irán, etc., aunque el origen de las protestas puede ser distinto, sin embargo el fondo de las mismas es coincidente. Este modelo económico en el que vivimos y que tuvo su mejor expresión neoliberal en la última Gran Recesión está provocando una gran desigualdad social entre los ciudadanos hasta el punto de que la brecha entre los más ricos, que cada vez son menos y más acaudalados, se está agrandando cada vez más en contra de los pobres, que cada vez son más y con menos recursos.

Muchas personas están viendo que sus condiciones de vida se están deteriorando, que sus oportunidades de empleo han disminuido y que sus expectativas de mejora se ven amenazadas, sin que se vea una reacción por parte de instituciones y entidades de todo ámbito y nivel competencial que deberían de velar por la justicia social, la distribución equitativa de la riqueza, etc.

Debería de ser un escándalo social que, por ejemplo, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, que acaban de renunciar a sus puestos directivos en la matriz de la compañía Alphabet, formen parte del club de los hombres más ricos del planeta con unas fortunas personales que superan los 50.000 millones de dólares, se dediquen a evitar pagar los impuestos que les corresponden utilizando artimañas legales, como está ocurriendo en varios países de Europa, incluido el Estado español, mientras una parte importante de sus ciudadanos, a pesar de tener un puesto de trabajo, se encuentran en situación de exclusión social porque no pueden llegar a final de mes.

Para qué les sirve a Page y a Brin tener tanta fortuna personal si no hay un objeto social detrás de ello y esa ostentación parece que no ayuda a nadie. Ante una situación en la que los estados han perdido peso y las políticas de sus gobiernos han sido secuestradas por los “lobbies” empresariales interesados en el principio liberal de la desregularización y el sometimiento de la economía al dictado de los mercados, -curiosamente, origen de la última Gran Recesión- es necesaria una reacción social que fuerce un cambio del modelo económico y de las empresas para que aumenten su contribución a un crecimiento más inclusivo y sostenible.

Empiezan a escucharse voces como la de la senadora demócrata, Elisabeth Warren, que lucha por ganar las primarias del Partido Demócrata para convertirse en su candidata frente a Donald Trump, y que propone trocear a los gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Amazon porque tienen “demasiado poder sobre nuestra economía, nuestra sociedad y nuestra democracia”, así como establecer un impuesto de Patrimonio para aquellos contribuyentes que tengan bienes superiores a los 50 millones de dólares, lo que afectaría a unos 75.000 ciudadanos estadounidenses y significaría recaudar 2,75 billones de dólares en una década.

Y todo ello como respuesta a una situación en la que Estados Unidos ha batido el récord de desigualdad económica entre sus ciudadanos desde que comenzaron los registros hace más de medio siglo y la esperanza de vida de sus habitantes se encuentra en los niveles más bajos entre los países más desarrollados.

Aquí, en casa, los presuntos casos de corrupción que se están produciendo en algunas empresas por supuestas prácticas irregulares, como puede ser las de espionaje en lo que se refiere a BBVA, donde está imputada la propia entidad como persona jurídica, o Iberdrola, que están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón por sus relaciones con el excomisario, ahora en prisión, José Manuel Villarejo, ponen de relieve la escasa sensibilidad de los órganos de administración no ya por esta forma de proceder que afecta directamente a la buena gobernanza de las compañías, sino por lo que supone de gran perjuicio en la reputación de las entidades que administran.

Parece que lo que ha primado en alguno de estos casos son los intereses particulares de ciertas personas frente a los de las empresas a los que están obligados a defender y de donde cobran, manteniendo una actitud expectante cuando deberían de ser los primeros interesados en la aplicación de las buenas normas de funcionamiento. Si sabiendo, no actuaron, muy mal y si desconocían lo sucedido, también muy mal por irresponsabilidad. Tanto por acción como por omisión.

Está claro que es necesario un nuevo modelo económico diferente a este capitalismo neoliberal que nos ha conducido a esta situación, que tenga un propósito social y donde las empresas minimicen el criterio de la maximización del beneficio en la toma de sus decisiones por otro más inclusivo que tenga que ver con el bienestar social. Es necesario actualizar el contrato social europeo después de la II Guerra Mundial por otro que busque un equilibrio de los objetivos del crecimiento y la creación de riqueza con otros nuevos como instrumentos para hacer frente a las nuevas formas de pobreza, mercados laborales más equitativos, distribución justa de la riqueza y mayor concienciación en la sostenibilidad del planeta en términos medioambientales. Está en nuestras manos.