que un total de 100.000 vascos no puedan salir de la exclusión social y no puedan mejorar sus perspectivas personales y familiares a pesar de contar con un puesto de trabajo, como consecuencia de una situación de precariedad laboral, tal y como ha revelado el informe Foessa de Cáritas, es un dato que como personas nos debe interpelar sobre qué es lo que está pasando en esta sociedad y qué es lo que estamos haciendo mal para que un elemento estructural en la vida de los individuos como es el de tener trabajo ya no sirva para conseguir una dignidad y una estabilidad en su existencia.
Los datos ofrecidos por este informe ponen en cuestión que ese marco de la Euskadi cohesionada, con una renta per cápita que ocupa el puesto 28 y con menores tasas de pobreza entre 218 regiones europeas y que ofrece unos servicios sociales solventes y eficaces sea a día de hoy un espejismo por mor a una falta de reacción por los ciudadanos, en general y del sector público, en particular, más pendiente del cortoplacismo que de poner las luces largas con las que hay que afrontar los grandes problemas.
Y en este terreno el Gobierno Vasco sigue en la inacción más absoluta a la hora de liderar en este país el desarrollo de las EPSV de empleo, que van a proporcionar el complemento necesario a unas pensiones públicas que con toda seguridad van a sufrir importantes cambios tanto en las percepciones como en la edad de jubilación porque con un sistema de reparto como el que tenemos es difícil de sostener teniendo en cuenta el actual escenario demográfico.
Simplemente porque la pirámide de edad de jubilación se va a aumentar con la incorporación de los niños de baby boom, es decir, los nacidos entre 1960 y 1975, mientras que por efecto de la baja tasa de natalidad, los trabajadores que coticen a la Seguridad Social serán menos que sus antecesores y, además, con unos niveles salariales menores y con unas condiciones laborales precarias.
Un ejemplo: Los titulados universitarios vascos con tres años de experiencia laboral cobraban en 2017, 1.521 euros, un 2% menos que lo hacían en 2006, antes de la crisis. Ese uno de los datos que olvidó decir el presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, en su lectura interesada de un estudio de Lanbide para contrarrestar las conclusiones de un informe de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad en el que subrayaba la sobrecualificación de los jóvenes vascos y la existencia de sueldos precarios en profesionales bien formados. De la misma forma, la remuneración de los trabajadores vascos es de 1.963 euros brutos al mes de media, tras crecer un 1,7% en el último año, lo que significa 831 euros menos de lo que cobran sus homónimos alemanes, según un informe de Adecco.
Según las previsiones de los expertos la proporción entre los mayores de 65 años y las personas en edad de trabajar (16-64 años) aumentará desde el 30% actual al 50-70% en 2050, con lo que la proporción será de un jubilado por dos personas en edad de trabajar, cuando ahora la tasa de dependencia pasa de un jubilado por cada tres activos.
Con este panorama sorprende que el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, siga manteniendo el discurso a favor de la puesta en marcha de EPSV de empleo para que los vascos puedan complementar la pensión pública en el futuro, cuando el Consejo Vasco de Previsión Social, que engloba a la Administración Pública, patronal, sindicatos, cooperativas y consumidores, sigue siendo una entidad fantasma que no se reúne desde el día de su constitución en mayo de 2016.
Por mucho que Azpiazu diga una y otra vez que el objetivo político del Gobierno Vasco es extender las EPSV de empleo al conjunto del país, -en Gipuzkoa ya existe Geroa Pentsioak-, lo cierto es que el resultado está siendo poco fructífero porque a día de hoy no se conoce, al menos públicamente, ni un solo plan ni un calendario para poner en marcha una iniciativa testada con éxito en este territorio y que es un instrumento de cohesión social al ir dirigido a fomentar el ahorro de previsión en las clases media y bajas que son las más vulnerables a la hora de su exclusión social.
Bien al contrario, si entendemos que la fiscalidad debe ser uno de los principales instrumentos a la hora de diseñar el modelo del país que queremos en el medio y largo plazo habrá que reorientar la política que se está realizando a potenciar estas figuras de previsión social, que surgen de un pacto entre trabajadores y empresarios, en vez de las EPSV individuales fomentadas por las entidades financieras, -tal y como nos lo recuerdan al final de cada año-, que se han convertido en un producto financiero más para depositar los recursos de los clientes porque no cuenta con la filosofía de previsión social y se fomenta el rescate de la inversión realizada.
Las tablas de mortalidad están planteando ya que la media de fallecimientos va a estar por encima de los 90 años, con lo que va a haber un aumento de jubilados con necesidad de contar con unos servicios que probablemente no podrán pagar, aún percibiendo el máximo de la pensión que actualmente es de 2.300 euros netos. Ante esta situación caben dos posibilidades: Aumentar los impuestos para destinarlos a gasto social o, por el contrario, buscar cuanto antes fórmulas para que los jubilados puedan contar con un colchón que complemente donde la pensión pública no llega.
Esta es una realidad que está ahí y que cada vez es más contundente y tozuda. Si no se reacciona a tiempo las consecuencias pueden ser muy graves en términos de cohesión social. La disyuntiva es clara: actuar o no. Teniendo en cuenta que cualquiera de las dos opciones que se elija parte de la toma de una decisión.
