ecuerdo como hace años hizo furor el puenting, que consistía en tirarse de cabeza desde un puente, como el de la N-I a su paso por Tolosa, atado con una cuerda. Entonces, encontrar un piso de alquiler era un objetivo alcanzable. Hoy las tornas han cambiado. El puenting hace años que desapareció y, sin embargo, buscar un piso de alquiler sí que se ha vuelto un deporte de riesgo, y para los jóvenes, la gente sin ingresos estables, o los inmigrantes, es como tirarse al vacío. El primer obstáculo es el precio, que está por las nubes. Eso lo ha vuelto goloso para quienes buscan rentabilidad a costa de los que necesitan un hogar. Será por aquello de asegurar los beneficios que se exigen avales y seguros de impago que suben aún más el precio, abocando a los interesados a pagar más para ser los afortunados en alquilar el piso. Finalmente, no pocas personas chocan contra un muro de prejuicios digno de Vox, por el que los propietarios o las inmobiliarias piden que se abstengan los inmigrantes o perceptores de ayudas sociales. Siempre existió esta exclusión, pero parece que ahora este apartheid inmobiliario se plantea sin rubor alguno.
Junto con el apoyo a la infancia y a la juventud, la de vivienda sigue siendo la gran política social a mejorar en nuestro país. El Gobierno Vasco ha dado a conocer su intención de cobrar 10 euros por metro cuadrado a los que lleven más de dos años sin alquilar. Bienvenidas sean estas y otras medidas. Pero el alto precio, los abusivos avales, o la exclusión por nacer fuera, o cobrar la RGI, no los decide el Consejero de Vivienda, que yo sepa, sino los propietarios. Puede que para una sociedad que se autopercibe como progre y solidaria, pero que luego cuando nadie nos ve, no lo seamos tanto, la medida más eficaz para corregir la situación del alquiler no sea otra que asumir nuestra propia responsabilidad.
