la suma de factores emocionales, jurídicos y políticos que se entremezclan en el catártico desarrollo de la realidad catalana permite extraer interesantes lecciones en su potencial proyección hacia Euskadi y su futuro. Cataluña y todo lo que rodea política y jurídicamente a los acontecimientos que lleva ya largos meses viviendo la sociedad catalana despierta sentimientos que muchas veces nublan la reflexión serena. Con frecuencia se desborda, y es comprensible, la emoción.
Parece claro que lo que la política ha sido incapaz de resolver no lo va a solucionar ahora el Derecho, y menos el Código Penal. La iniciación de esta vía penal supuso que se enturbiaran más aun unas aguas que bajan llenas de tensión acumulada y de sentimientos encontrados. La concordia y la convivencia parecen complicarse por momentos. Las derivadas judiciales nunca resolverán el problema político; al contrario, lo agravarán.
Por todo ello, afloran comprensibles sentimientos de empatía ante flagrantes injusticias como las que están experimentando los políticos presos (son, sin duda, presos políticos) y es también entendible la sensación de impotencia, de tensión, de percepción de injusticia, de enfado ante la desproporción, ante el abuso de poder, ante el exceso, ante el malestar que suscitan las imágenes de la violencia ejercida en las calles catalanas de forma muchas veces desproporcional y gratuita. Una batalla dialéctica la pierde siempre aquel que ejerce la violencia física.
Por todo ello, muchos vascos convergemos en lo emocional con Cataluña. ¿Y en lo político?; ¿existe realmente una vocación de emulación de los pasos seguidos desde Cataluña? Parece claro que no, que la sociedad vasca no está por la idea de una vía unilateral y de ruptura. ¿Son sentimientos contradictorios? Creo que no: uno se guía por la emoción, otro por la razón. Es posible mostrar sincera empatía emocional desde la divergencia política.
Es cierto que frente a la efervescente y épica apelación a la noción de independencia el término "autogobierno" no goza en apariencia de tan buena salud discursiva y emocional. Esta segunda vía postula sin estridencias pero con pragmatismo la necesidad de pautar cada avance sobre bases sólidas, propone ensanchar el ámbito de adhesión ciudadana desde planteamientos alejados del glamur discursivo de la ruptura, aglutinando un discurso integrador anclado en la idea de cohesión social.
Con todo el respeto personal a otros planteamientos, creo que sería un tremendo error secundar desde Euskadi esta vía tanto en la dimensión política como en la social y en la jurídica, porque es, además de poco deseable, inviable. Y el debate sobre la reestructuración jurídica del poder territorial en el Estado español cobra su verdadero significado si no lo restringimos al marco estatal y lo situamos en el contexto más amplio de la nueva estructuración política de Europa y del mundo. Ahí radica el obstáculo, solo superable con pacto y cesiones recíprocas, con interdependencias pactadas: el andamiaje sobre el que se construye la política en el Estado español corresponde a un traje y a una doctrina de hace décadas, sostenida desde posturas inflexibles y para las que sólo existe un "demos", un sujeto en democracia que es el Estado.
No admitir la necesidad de avanzar pautadamente conduce finalmente al inmovilismo en las aspiraciones políticas. El debate no debe ser reformismo (peyorativamente calificado como "seguidista y cómplice") frente a ruptura del modelo. Queda muy bien para el discurso populista de arengar a las bases, pero no es creíble en términos de realismo y de responsabilidad política.
Mostrar solidaridad y empatía con Cataluña o apoyar que la solución pase por la consulta pactada a la ciudadanía como la forma de resolver democráticamente un problema político parece incompatible con afirmar que la invocación del principio democrático no ampara ni da cobertura de forma ilimitada a todas las decisiones adoptadas en su momento por los rectores de la política catalana. ¿Cuál podría ser la base que permitiera resetear, reiniciar, volver a empezar para trabajar en la recuperación de la paz social, la concordia y el sentido común? Una consulta popular legal y pactada. Frente a demonizaciones y estigmatizaciones apriorísticas, lo primero que deberíamos preguntarnos es si existen razones políticas suficientes para oponerse en democracia a una secesión si realmente existiera una clara mayoría de un territorio que la quisiera. Como muy oportunamente señaló el juez Miguel Pasquau Liaño, un referéndum con garantías querido por una gran mayoría de un territorio como Cataluña (habría que definir de forma pactada cómo precisar esa mayoría) no es en absoluto una fórmula ni aberrante ni insólita para solventar de la forma más democrática posible un debate social y político que permanece enquistado.
