necesitamos mesura y templanza en los dirigentes políticos. Sobran las polémicas interesadamente buscadas, tan estériles como innecesarias. Pese a ello, y una vez más atacando al euskera, Alfonso Alonso ha sucumbido a la tentación de la notoriedad bajo el manto del victimismo y ha afirmado sin fundamento legal alguno que el decreto sobre el uso del euskera en las instituciones locales es un ataque a la libertades fundamentales de los ciudadanos, una imposición del uso del euskera que contraviene el derecho y la Constitución.
Los tres elementos troncales o vertebradores de la vigente política lingüística se asientan en el uso, la adhesión de la ciudadanía y el consenso. Toda política lingüística requiere, para ser efectiva, una planificación lingüística y una labor de fomento. Y está claro que frente a quienes pretenden ejercer el darwinismo lingüístico abandonando a su suerte, como si de un fenómeno natural se tratara, las lenguas, hay que apostar de forma sincera por la diversidad y por el fomento del uso del euskera y de su prestigio social como lengua propia.
La esencia del debate puede resumirse así: el problema troncal queda vinculado a la convivencia entre nuestras dos lenguas (euskera y castellano), y, en consecuencia, afecta al corazón de la convivencia social. La política lingüística debe hacerse con los pies en el suelo, desde el consenso (porque si éste no existe la politización del debate lo contamina) conscientes de que ésta es una tarea de años, intergeneracional y en la que hace falta audacia e inteligencia.
No debe confundirse ni desde el victimismo ni desde la prepotencia imposición con regulación y elaboración de un elenco normativo. En una sociedad con dos lenguas oficiales no solo es posible sino que es necesario, es estrictamente democrático y respetuoso con la voluntad de la ciudadanía, proceder a la regulación y a la normativización del uso de ambas lenguas oficiales en el espacio público y en las administraciones públicas.
La ley de Instituciones Locales de Euskadi subraya que los municipios son la primera puerta a la que la ciudadanía llama para resolver sus problemas y su legitimación institucional se fundamenta en buena medida en garantizar el ejercicio de todos sus derechos, incluidos los lingüísticos. Hay una clara opción de la ley por un modelo cultural y lingüístico propio en las relaciones locales, con una apuesta clara por la preservación, asentamiento y desarrollo del euskera, para que la Administración local vasca pueda ser realmente euskaldun, que el euskera pueda ser su lengua normal de trabajo y que su conocimiento no se quede, como ocurre en numerosas ocasiones, en una mera exigencia formal para el acceso al empleo público local.
La ley parte de la base de que la Administración local debe ser ejemplo y guía de su plena recuperación y ello pasa por la apuesta clara de la misma por una progresiva euskaldunización de su funcionamiento. La preservación y normalización del euskera, la lengua propia y común de Euskal Herria, es una tarea que corresponde a todos los poderes públicos vascos, y los municipios vascos deben ser precursores en esta labor.
La norma municipal vasca pretende ser pionera en un proceso en el que todos los poderes públicos apuesten aún más decididamente por el euskera, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su deseada normalización y su pleno desarrollo. Y el decreto aprobado desarrolla de forma medida y pautada esta apuesta decidida a favor de la euskaldunización de la Administración local vasca y no desconoce en ningún caso los derechos lingüísticos de la ciudadanía, que en todo momento tendrá el derecho a ser atendida en la lengua oficial de su elección y a no sufrir indefensión alguna por el desconocimiento de alguna de las dos lenguas oficiales. ¿Dónde existe ese reproche de ilegalidad o de incostitucionalidad que invoca el dirigente del PP para azuzar esta polémica buscada de forma interesada?
