nda la derecha española alterada pidiendo la cabeza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las razones son fundamentalmente dos: la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a su Ministerio por el cese del guardia civil Diego López de los Cobos, y su defensa de la actuación de los policías nacionales derribando sin orden judicial puertas de domicilios donde se celebraban fiestas. Hasta los más cercanos al Gobierno reconocen que el bilbaino se encuentra en apuros, a pesar del decidido apoyo de Pedro Sánchez. Es por ello por lo que los medios estatales con base en Madrid están ofreciendo gran cantidad de análisis e informaciones sobre la cuestión, algunos de manera muy crítica, otros con actitud indulgente.
Sin embargo, salvo contadísimas excepciones, ninguno de ellos ha considerado necesario recordar la larga lista de condenas que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha remitido a España por desoír denuncias de tortura, casos entre los cuales en más de la mitad era juez instructor el actual ministro. Parece lógico concluir que en su opinión todo este asunto es pecata minuta, mucho más venial que el resto de las cuestiones que tanto debate están provocando allá abajo en torno a nuestro protagonista. Es tan evidente el ánimo de ocultar su relación con las torturas, que algunos diarios ofrecieron en enero la información sobre la última sentencia de Estrasburgo sin siquiera citar al que entonces era el juez que ignoró las denuncias.
Todo ello causa tristeza y conduce una vez más a constatar que en ciertas cuestiones -a estas alturas ya sabemos cuáles- pocas dudas tienen para hacer piña muchos de los políticos y medios que en el resto del temario no paran de andar a la gresca. Así las cosas, mientras ellos discuten si el ministro debe dimitir o ser cesado, algunos otros nos preguntamos si debió ser nombrado. Claro que, en realidad, los motivos que despiertan nuestras dudas a ellos les importan un pimiento.
