El fracaso de la reforma laboral

Resulta sorprendente la falta de propuestas novedosas y efectivas que los partidos españoles que se disputan a ocupar La Moncloa están haciendo en esta campaña electoral del 20D sobre la forma de resolver de una manera clara la dramática situación del mercado laboral en el Estado, donde cada vez es más evidente la dualidad entre los empleos fijos y temporales y la devaluación de las condiciones laborales de los trabajadores, lo que está originando situaciones de desigualdad entre los ciudadanos que tienen trabajo cada vez más alarmante. La temporalidad de los contratos está creciendo de tal modo que ya suponen el 26,2% del total cuando hace un año era del 24,6%, hasta el punto de que en el último trimestre el aumento de los indefinidos ha sido del 1,6% frente al 10% de los temporales.

Por si fuera poco la propia UE, a través del Informe de Vigilancia PosPograma de España que se ha dado a conocer esta semana, ha sacado nuevamente los colores a los gobernantes españoles para decir que las reformas laborales que se han hecho hasta ahora, -tres desde el año 2010 con gobiernos del PSOE y del PP-, no han servido para paliar la situación de desempleo que tiene una tasa del 21%, la más alta de la UE después de Grecia, y que los puestos que se crean son precarios con una temporalidad que alcanza en torno al 25%, la tercera más alta de la OCDE. Y todo ello sin hacer referencia a las altas tasas de desempleados de larga duración y de los jóvenes que tienen que emigrar ante la falta de expectativas para encontrar trabajo en su país.

Ante este fracaso de la reforma laboral que se puso en marcha en 2012 por decreto del PP que, bajo la excusa de hacer frente a la crisis y eufemísticamente contar con una economía competitiva, solo ha servido para destruir empleo y precarizar las relaciones laborales con el objetivo de rebajar los salarios, nadie es en este momento capaz de ofrecer propuestas que signifiquen la creación de un empleo fijo y estable.

Curiosamente, las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años deberían haber tomado una dirección justamente contraria como es la de reducir la inestabilidad laboral en la contratación e impedir el uso excesivo de los despidos por parte de las empresas.

Es más, se sigue incidiendo en la necesidad de ahondar en la moderación salarial y en la descentralización de los convenios cuando las consecuencias empiezan a ser graves en la percepción futura de las pensiones, debido no solo a la reducción de los cotizantes a la Seguridad Social por haber disminuido la población activa, sino también porque sus aportaciones son más reducidas por la bajada de los salarios y la temporalidad de los contratos.

La realidad está poniendo de relieve que la idea de que la supuesta rigidez del mercado de trabajo en el Estado en lo que se refiere a contratación, despido y salarios, estaba provocando unos niveles de desempleo más elevados que en la mayoría de los países de nuestro entorno con la que se quiso justificar la reforma laboral puede ser una falacia si se tiene en cuenta que la elasticidad del empleo respecto del crecimiento del PIB de la economía española es la más elevada de los países de la UE.

Curiosamente, según los expertos, ese alto grado de flexibilidad que tiene el empleo en el Estado se debe fundamentalmente a las desreguladas condiciones de utilización del despido individual sin causa justificada, a lo que hay que añadir una perversa utilización de la contratación temporal y a tiempo parcial y a una caída de los salarios más bajos. Esta combinación de factores es lo que está provocando en el Estado que las empresas con actividades de baja productividad y escaso valor añadido sean las que están generando empleos de mala calidad, inestables, mal retribuidos, con una alta proporción de salarios de pobreza y sin apenas perspectivas de mejora.

El propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirma esta preocupante situación cuando establece la lista de las diez ocupaciones más solicitadas en el Estado durante el año pasado: camareros, peones agrícolas (campo), peones industriales, personal de limpieza, vendedores de comercio, peones agrícolas (jardines), peones del transporte, albañiles, pinches de cocina y cocineros.

Este es el balance que nos ha dejado la reforma laboral impulsada por el PP nada más llegar a La Moncloa y que revela de manera clara los grandes problemas estructurales que tiene la economía española basada en el turismo, la hostelería y la agricultura.

La quiebra de Abengoa con un pasivo de 25.000 millones de euros y el ejemplo de sus directivos de asegurarse indemnizaciones de 14 millones de euros antes de declarar el preconcurso da una idea palpable de la ausencia de proyecto económico y de falta de interés por la industria que tiene el PP.

Por si fuera poco, el PP es el único de los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 20D que defiende la actual reforma laboral frente al PNV, PSOE y Podemos, que se muestran dispuestos a su derogación. El partido del joseantoniano Albert Rivera va por libre y propone como alternativa el contrato único que consiste en disminuir la protección jurídica a los trabajadores, ya que el empresario tiene total libertad para despedir con indemnizaciones que se bareman en función de su antigüedad en la compañía con un máximo de 33 días de salario por año trabajado.

Con esta fórmula Ciudadanos ha querido copiar el modelo de Dinamarca olvidándose intencionadamente de la seguridad y la protección social que el Gobierno danés ofrece a los trabajadores durante el desempleo y la oferta de un sistema de políticas activas de empleo para encontrar cuanto antes un nuevo puesto de trabajo desde un planteamiento de reciclaje continuo que funciona a la perfección. Hace años la propia Adegi estuvo muy interesada en poder importar esta fórmula de flexiseguridad, hasta el punto de que sus dirigentes hicieron varios viajes a Dinamarca para estudiar este modelo, pero el intento no prosperó, precisamente, por la ausencia en el Estado de una legislación garantista con los trabajadores a la hora de buscar un nuevo empleo que va en paralelo a la facilidad de despido que tienen los empresarios.

Precisamente, esa falta de paraguas jurídico social existente en el Estado no ya para encontrar un nuevo empleo, sino para rescatar la regularización del mercado laboral desaparecida con la reforma en términos de cohesión social es lo que plantea el PNV en su programa electoral cuando demanda un marco propio de relaciones laborales que permita estructurar un mercado de trabajo que responda a las necesidades de la economía vasca y de las empresas.

Y en esta demanda el PNV no está solo porque es una vieja reivindicación de los sindicatos vascos que siempre han planteado la necesidad de contar con un cuerpo laboral propio que responda mejor a la realidad de la economía vasca y no tenga que someterse a la aplicación de unas leyes extrañas como la reforma laboral estatal que poco tienen que ver con el modelo productivo vasco.

Tales están siendo los efectos negativos que la reforma laboral está teniendo en Euskadi que el PNV plantea de manera decidida una modificación en profundidad porque entiende que “es necesario causalizar la contratación, el despido y las modificaciones de las condiciones de trabajo a través de la potenciación de la negociación colectiva”. Es decir, todo lo contrario a lo que desde el Estado se ha venido haciendo hasta ahora desde un planteamiento neoliberal con las consecuencias negativas que estamos viendo.

Es esencial la existencia de una política económica dirigida a la creación de empleo de calidad, como ocurre en Euskadi por la existencia de un fuerte tejido industrial, frente a continuar apoyándose en la desregulación del mercado de trabajo como está empeñado en seguir el PP en una economía basada en la volatilidad de unos servicios como son el del turismo y la hostelería. Dos modelos económicos contrapuestos que deben desarrollarse en marcos jurídicos diferenciados para que el vasco no se vea cortocircuitado en su desarrollo futuro. Esta es la apuesta. l