Hablemos de las pensiones
ahora que ha empezado la campaña electoral que establece el calendario de los comicios al Parlamento español del próximo día 20, espero que las distintas fuerzas políticas que se disputan La Moncloa comiencen a hablar en serio de los asuntos que realmente preocupan a los ciudadanos como son, fundamentalmente, los económicos, sobre todo cuando todavía estamos saliendo de la mayor recesión económica registrada desde hace varias décadas.
Con la que está cayendo en el orden económico, estatal e internacional, parece un insulto a la ciudadanía que los candidatos que pretenden gobernar el Estado se dediquen a aparecer en programas de entretenimiento para ver si se sabe cocinar un huevo frito, tocar la guitarra o comprobar que, a pesar de los michelines, todavía se está ágil para bailar delante de las cámaras de televisión. Cuando la banalidad adquiere forma de discurso político es que algo va mal y la realidad se quiere tapar con la frivolidad.
Es lo que está pasando con el déficit de la Seguridad Social y la futura prestación de las pensiones, en donde la cruda realidad de la situación del sistema por el aumento de las clases pasivas y el descenso de las cotizaciones no solo en número por el paro, sino también por unas aportaciones que decrecen por el aumento de los contratos a tiempo parcial y temporales, está siendo ocultada de manera vergonzante por los Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias de turno. Cuando hace unos días la Seguridad Social ha tenido que detraer 7.750 millones de euros del fondo de reserva para pagar las pensiones de diciembre y la paga extra de Navidad, lo que deja un remanente de 34.221 millones -la mitad de los 66.815 millones que acumulaba en 2011 que es el año en el que el PP llegó al Gobierno-, no se ha oído a nadie de estos candidatos de la beautiful política hacer una mínima referencia a esta cuestión, no vaya a ser que preocupe a los electores y voten a otro partido.
El asunto es ocultar que, si se sigue por la vía de echar mano de la “hucha de las pensiones” al ritmo que se ha hecho en los años 2014 y 2015, el fondo de reserva quedaría agotado en 2018 y esto sí que es un problema grave, ya que nadie a día de hoy no solo no es capaz de resolverlo, sino que, salvo la creación de nuevos impuestos finalistas, ninguno de los partidos en liza en Madrid aporta propuestas interesantes.
Tal es la intención de soslayar esta cuestión por motivos evidentemente electorales que el propio PP ha incumplido su promesa de enviar una carta a los trabajadores de más de 50 años sobre la jubilación y la pensión futura que pueden tener, una información que se ampliaba también a las empresas privadas de seguros y a los fondos de pensiones. La misiva ha sido sustituida por la puesta en marcha de un simulador electrónico en la web de la Seguridad Social, en el que se puede consultar una aproximación de cómo será la prestación de los futuros jubilados.
Ante este silencio los programas electorales de los partidos que concurren a estas elecciones son la única forma de conocer sus propuestas y ver el grado de sensibilidad que tienen en una cuestión que, junto con la educación y la sanidad, es una de las bases en las que se asienta el estado de bienestar. De su lectura se desprende que el único partido, entre los españoles, que está más preocupado por el asunto es el PSOE, que hace nueve propuestas, frente a las cuatro de Ciudadanos y Podemos, respectivamente, y las dos del PP.
Rajoy anuncia para el próximo año la posibilidad de que parte de las pensiones sean soportadas por los impuestos, una idea en la que también coincide con el PSOE, que parte de la necesidad de incrementar de manera progresiva la financiación por parte del Estado con una nueva figura impositiva de carácter finalista. Podemos está también en esta línea pero limitándose a las pensiones de muerte y supervivencia. Ciudadanos todavía no se ha planteado cómo hay que financiar las pensiones en el futuro.
Los socialistas y el partido de Pablo Iglesias coinciden en derogar las reformas llevadas a cabo por el PP como es la edad de jubilación para volver a los 65 años de edad límite y establecer la jubilación anticipada, algo en lo que Ciudadanos no está de acuerdo porque persigue “limitar al máximo las prejubilaciones, flexibilizar la edad de jubilación y facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral”.
En cuanto a la fiscalidad de fondos y planes de pensiones solo el PP y Podemos hacen propuestas, en este caso, antagónicas. Rajoy propone aumentar la deducción en el IRPF por las aportaciones a las EPSV de trabajo, es decir, donde existe una contribución conjunta del empresario y trabajador, así como que el rescate de las EPSV individuales con diez o más años de antigüedad tributen como renta de ahorro. La formación de Pablo Iglesias quiere fomentar el carácter público de las previsiones frente al individual y la eliminación de los beneficios fiscales en las EPSV privadas.
Ante este preocupante panorama que se nos presenta en el Estado y sin visos de solución dada la estructura de su tejido productivo que no ha sido sometida a ninguna modificación aprovechando la crisis para evitar volver a la situación anterior al año 2008, el autogobierno se presenta como una herramienta fundamental para los vascos si queremos seguir cobrando nuestras pensiones.
Atendiendo a la experiencia que nos ha aportado el Concierto Económico, no es descabellada la propuesta que plantea el PNV de pedir la transferencia de la competencia sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio, tal y como recoge el Estatuto de Gernika, tantas veces incumplido por los dos partidos que hasta ahora se han alternado en La Moncloa.
La necesidad de que la gestión de las pensiones se realice a través de las instituciones vascas desde unos parámetros de carácter público, reparto, sostenibilidad, suficiencia en la cuantía de protección y no regresividad se plantea como más que conveniente, teniendo en cuenta también el coste que a los vascos nos está suponiendo en todos los órdenes la dependencia de un Estado que está en crisis.
Desde este escenario y desde una vocación de complementariedad con las pensiones públicas se deben desarrollar las EPSV o planes de empresa donde contribuyan empresarios y trabajadores para lo que se plantean exenciones de las bases de cotización a la Seguridad Social, con el fin de que los ciudadanos puedan disponer de una jubilación digna, suficiente y sostenible. De la misma forma tampoco se puede descartar el impulso a los planes de ahorro para la jubilación. Curiosamente, estas dos figuras complementarias del sistema público de pensiones han tenido un mayor desarrollo en Euskadi que en el Estado, precisamente por las herramientas que nos da el autogobierno a través del Concierto económico.
Ahora que el PP, a través del ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoce la singularidad del Concierto económico y afirma que los partidos políticos que lo cuestionan se equivocan porque está “amparado por la Constitución”, bueno será que apelando a esa realidad la demanda de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social en régimen de convenio se vaya planteando como un objetivo prioritario por parte de los vascos, teniendo en cuenta que el marco futuro de la prestación de las pensiones por parte del Estado ofrece más incertidumbres que certezas.
En unas elecciones tan abiertas como las del 20-D poner ahora las cartas encima de la mesa no está de más a la hora de negociar posibles pactos. Hay que recordar que muchas de las transferencias de competencias que ha tenido Euskadi en los últimos años no han llegado por la vía de la voluntad política del Gobierno de Madrid, sino por la necesidad de contar con los votos del PNV para conseguir la estabilidad gubernamental necesaria o sacar adelante sus proyectos legislativos. Toca esperar.