La caída del caballo del PSE
El reciente anuncio de la modificación del denominado Impuesto de la Riqueza y de las Grandes Fortunas (IRGF) en lo que se refiere a la exención de la tributación de las participaciones en empresas, que afecta a alrededor de unos 2.000 contribuyentes, dejando su derogación e implantación de un nuevo Impuesto de Patrimonio armonizado con el resto de las haciendas vascas para 2016, supone la primera muestra de aplicación de las políticas de reactivación económica que se ha marcado como objetivo para esta legislatura el Gobierno foral presidido por Markel Olano.
Es de destacar la urgencia que se ha dado el departamento de Hacienda en poner en marcha el trámite necesario en Juntas Generales para llevar a cabo cuanto antes esta modificación del IRGF a tan solo cuatro meses de las elecciones forales. Se deja para los próximos meses la posible recuperación del denominado "escudo fiscal", en donde Gipuzkoa sigue siendo una excepción no solo en el resto de los territorios de la CAV, sino también en el Estado, lo que está provocando situaciones muy delicadas en algunos contribuyentes, sobre todo jubilados, que con sus pensiones o rentas no pueden pagar el tributo por la falta de liquidez de su patrimonio colocado en participaciones de empresas.
Esta muestra de diligencia en lo que Olano calificó de objetivo prioritario cuando fuera elegido diputado general de Gipuzkoa, que desde fuera pudiera parecer como un poco precipitada a tenor del poco tiempo que se ha invertido en su primera actuación, pone de relieve el importante daño que este impuesto, fruto del pacto suscrito entre Bildu y el PSE en 2012, ha hecho al tejido económico guipuzcoano en lo que se refiere al mantenimiento y creación de empresas y, en definitiva a la generación de riqueza y empleo en los tres ejercicios que ha durado su aplicación.
A pesar de la dificultades que existen para poder cuantificar el efecto que el IRGF ha tenido en la estructura económica guipuzcoana que ha ido directamente contra los pequeños empresarios, que es el núcleo central del tejido empresarial del territorio y que han invertido los beneficios de sus sociedades en la adquisición de maquinaria y nuevos pabellones para desarrollar e impulsar su actividad y generar empleo, si sería interesante conocer algunos casos en los que este tributo ha afectado al desarrollo de las compañías.
De la misma forma, también sería conveniente conocer el número de contribuyentes que durante este tiempo han abandonado Gipuzkoa para instalarse en los tres territorios vascos o en Madrid, donde no existe Impuesto de Patrimonio. Antes de abandonar la Diputación, los responsables de la Hacienda Foral de Bildu fijaron en 49 las personas que habían abandonado Gipuzkoa para fijar su residencia fiscal en otro territorio, la mitad en Madrid, una cifra a todas luces fuera de la realidad. Basta darse una vuelta por los principales asesores fiscales del territorio para establecer una cifra que, teniendo en cuenta la discreción con la que se actúa, se estima que puede situarse en torno a los 500.
No parece un número sorprendente si se tiene en cuenta que ya en el año 2008 cuando la Hacienda de Gipuzkoa, a cuyo frente se encontraba el dirigente de Hamaikabat, Pello González, decidió mantener el Impuesto de Patrimonio a diferencia de Araba y Bizkaia y el Estado, fueron ya 403 los ciudadanos con un patrimonio superior a 1,5 millones de euros los que decidieron fijar su residencia fiscal fuera del territorio. La "ocurrencia" supuso una pérdida de 10 millones de euros en la recaudación, a lo que hay que añadir los ingresos de IRPF que, evidentemente, no tributaron en Gipuzkoa.
En esta reforma, de momento, incompleta del IRGF la exención fiscal de la participaciones en las empresas se va a compensar con un aumento de los tipos para la base liquidativa del impuesto con el fin de no perder los 60 millones de euros que la Hacienda foral recaudó en 2014 por este concepto.
Ahora, el interés está en saber de qué forma se va a recuperar el denominado "escudo fiscal" -que es una especie de salvaguarda para los contribuyentes que impedía que el pago del Impuesto de Patrimonio y del IRPF superara el 60% de los ingresos anuales-, que fue anulado por el pacto Bildu-PSE en lo que fue entendida por parte de los perjudicados como una medida "confiscatoria" a lo que hay que sumar su posible aspecto de "inconstitucionalidad" como algún experto plantea, ya que Gipuzkoa es el único territorio de la CAV y del Estado que no cuenta con esta figura. En Araba y Bizkaia mantienen el modelo aunque han elevado la tasa al 65% de la renta.
En esta coyuntura llama poderosamente la atención la actitud que mantiene el PSE de Gipuzkoa, actual socio de gobierno del PNV en la Diputación Foral de Gipuzkoa, que de manera silenciosa y sin que se note demasiado se ha quitado de en medio en esta cuestión, cuando es junto con Bildu corresponsable de que el IRGF, el único impuesto de este tipo que existía en todo el Estado, haya perdurado desde el año 2013 con los importantes efectos negativos que ha tenido.
Creo que los ciudadanos, en general, y los empresarios, en particular, merecen una explicación de este cambio radical en la política fiscal que ha llevado a cabo el PSE de Gipuzkoa por parte de sus máximos responsables como pueden ser el secretario general, Iñaki Arriola, o en el plano institucional, el teniente de diputado general, Denis Itxaso, para conocer cuáles han sido los motivos de fondo que les han llevado a apoyar entonces la aplicación de un nuevo impuesto como el IRGF y ahora, tres años después, aceptar su modificación y posterior derogación, tal y como está previsto en el acuerdo de gobierno foral suscrito con el PNV.
La explicación se antoja urgente sobre todo cuando la entonces portavoz del PSE en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Rafaela Romero, justificó la puesta en marcha de este impuesto en la necesidad de contribuir al aumento de la equidad fiscal y que su efecto solo se iba a notar en "unos cuantos" empresarios con patrimonios de más diez millones de euros. La satisfacción por esta innovación fiscal era tal que los socialistas guipuzcoanos habían recibido felicitaciones de Pérez Rubalcaba y Patxi López, entonces secretarios generales del PSOE y PSE, respectivamente.
Después de tres años de aplicación del IRGF, los socialistas parece que se han caído del caballo como Saulo y, por boca de su actual secretaria general, Idoia Mendia, han llegado a reconocer la falta de seguridad jurídica que produce la puesta en marcha de nuevas cargas tributarias en solitario sin estar armonizadas con el resto de los territorios vascos. "No es una renuncia, es un cambio de adaptación y también un análisis de los frutos que se han conseguido con este impuesto", dijo Mendia el pasado mes de julio, días después de que su partido firmase el acuerdo de gobierno con el PNV en la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Si eso es así, la pregunta que hay que hacerse es por qué los socialistas no aceptaron la desaparición del IRGF en Gipuzkoa en el pacto fiscal que firmaron a finales de 2013 con el PNV y el PP para defender la armonización fiscal en toda la CAV, cuando tenían la mayoría absoluta en las Juntas Generales para modificarlo.
En dos años y medio, los socialistas han pasado de aliarse con Bildu para marcar un perfil de izquierdas radical con un impuesto que trataba de recaudar más a los más ricos para tratar de obtener más recursos con destino a los servicios sociales -sobre todo para sacar pecho ante el PNV y responder a su férrea oposición al Gobierno Vasco presidido por Patxi López del que acababan de salir-, a aceptar su derogación, cuando la situación económica de los ciudadanos, por mucho que los parámetros macroeconómicos se presentan como positivos, todavía dista de estabilizarse por la gran incertidumbre que existe todavía en los mercados.
Es la misma política que aplicaron los socialistas al oponerse en 2008 a la fusión de BBK y Kutxa porque la caja vizcaína iba a comerse a la guipuzcoana y no levantaron la voz cuando eso mismo ha ocurrido en el proceso de integración que dio lugar a Kutxabank. De la misma forma que ahora critican al Gobierno Vasco por favorecer a Bilbao en su política turística en detrimento de Donostia, cuando en el Ejecutivo de Patxi López, la capital guipuzcoana no existía en los mapas de los folletos de promoción y de captación de inversiones en Euskadi que editaba la SPRI.