El hecho de que solo la mitad de las empresas vascas y catalanas usa la marca España para desarrollar sus negocios en el exterior, cuando aglutinan el 35,15% del comercio del Estado en el extranjero -en el caso catalán supone el 25,5% de las exportaciones mientras que la aportación vasca es del 10,10%-, pone en evidencia el factor negativo que para sus ventas internacionales tiene el dar a conocer la pertenencia al Estado donde se ubican.
Estos datos, que han sido dados a conocer en un estudio elaborado por el equipo Mesias y presentado por las Cámaras de Comercio de España, ponen de relieve lo que el catedrático de Economía de la Universidad de Columbia y asesor del Foro de Davos, Xavier Sala i Martin, llama "el coste de la dependencia", es decir, lo que a los vascos y catalanes nos está suponiendo pertenecer a un Estado que en vez de dar nos quita por su afán recentralizador, que adopta unas decisiones que perjudican a nuestro desarrollo económico, a lo que hay que añadir la nefasta imagen que tiene en el exterior por su alto nivel de corrupción, el aumento de la desigualdad social y la falta de iniciativa de unos gobernantes que aplican a rajatabla lo que la canciller alemana Merkel decide, tal y como estamos viendo con el asunto de los refugiados sirios. Y este coste de la dependencia que los vascos y catalanes tenemos por pertenecer al Estado español debería ser cuantificado más allá de lo tangible como contraposición al debate que desde el Gobierno del PP y la patronales y las cámaras de comercio españolas, curiosamente presididas por catalanes, se está planteando en estos momentos sobre las consecuencias negativas de una Catalunya desanexionada del Estado.
Según los defensores del actual status quo, una Catalunya independiente significaría su expulsión inmediata de la UE y del euro y, por lo tanto, podría tener problemas de financiación con los mercados de deuda y pérdida de acceso de liquidez del BCE, reimplantación de las aduanas a las exportaciones catalanas, caída de la inversión extranjera, menos empleo y peores condiciones de vida. Con este panorama, Catalunya entraría en un mundo de tinieblas cuya salida es prácticamente imposible, por lo que el consejo que se transmite a los electores catalanes es que voten al PP, PSC, Ciudadanos y Podemos no para que las cosas cambien, sino para que sigan igual en apelación al inmutable Estado de Derecho y la sacrosanta legalidad. Pero, sin embargo, algunos han hecho las cuentas y, como afirma el profesor Sala i Martin, una Catalunya independiente tendría de entrada en sus arcas públicas 16.000 millones de euros, lo que supone el 7,7% del PIB catalán y que representa el 40% de los impuestos que los catalanes pagan al Estado español. En cuanto a la deuda pública española, que supera el billón de euros, Catalunya está dispuesta a negociar la parte proporcional que le corresponde en función del número de habitantes o de su peso en el PIB español, que supone el 18,7%. Al pasivo de la deuda que estiman entre los 40.000 y 32.000 millones de euros, habría que sumar los activos que tiene el Estado en Catalunya, que se elevan a 58.000 millones de euros.
A esta situación habría que añadir el saldo positivo de la Seguridad Social catalana, que partiría de entrada con 24.126 millones de euros, a lo que se debería sumar los 70.000 nuevos empleos que se crearían con la puesta en marcha de las estructuras del nuevo Estado. Mientras los catalanes han tenido que hacer sus cuentas, los vascos tenemos cuantificado el coste de la dependencia desde la aprobación del Estatuto de Gernika gracias al Concierto Económico que, a través de la ley del Cupo, supone una aportación del 6,24% del gasto que el Estado realiza por aquellas competencias no asumidas, como son defensa, representación exterior, instituciones comunes, fronteras e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE). Una ley que el Gobierno se niega a renovar, ya que está prorrogada desde enero de 2011, fecha en la que expiró su vigencia, por su negativa a pagar las importantes deudas que tiene con la CAV, entre ellas las derivadas de las ayudas a la dependencia.
Pero al margen de esta contribución reglada y del incumplimiento histórico de una ley orgánica, el coste de la dependencia también tiene su expresión en el terreno de lo intangible, que ha hecho mermar las potencialidades que Euskadi tenía en el terreno financiero con las cajas de ahorro más solventes del Estado, según los test de estrés realizados por la UE. El espíritu depredador y corrupto de unos políticos que no solo provocaron un "agujero" de 22.400 millones de euros en Bankia, más de la mitad de los 40.000 millones de euros del rescate pedido por Rajoy, sino también la intervención pública en entidades como Caja del Mediterráneo, Caja Castilla-La Mancha, Caixa Catalunya, Caixa Galicia, etc. ha provocado que Euskadi no cuente con un instrumento financiero tan importante para el país como eran las cajas de ahorro.
La desaparición de las cajas de ahorro vascas y su necesidad de convertirse en un banco no fue una decisión de la troika impuesta al Gobierno del PP, sino la consecuencia del despilfarro y la inmoralidad con la que los políticos españoles (PP y PSOE) gestionaron estas entidades cuyas consecuencias han pagado justos por pecadores, como el caso vasco, a pesar de la raigambre y anclaje que tenían en la sociedad. El sistema de caja de ahorros no es una antigualla, como los bancos interesados en su desaparición han querido transmitir, porque con otro tamaño y otras formas jurídicas, siguen existiendo en Francia y Alemania.
En esa lista de intangibles están los efectos que una ley como la Lomce puede tener en nuestro sistema educativo o la pleitesía del ministro de Industria, José Manuel Soria, con las compañías eléctricas, no solamente en lo que se refiere a las tarifas que están afectando de manera importante a las acerías y papeleras vascas que son industrias con un gran consumo y, por lo tanto, muy sensibles a la modificación de precios, sino también su desprecio al fomento de las energías renovables, en concreto, las eólicas, donde Euskadi es un referente mundial. Por no hablar del desplome que durante estos cuatro años han tenido las ayudas a la internacionalización, al I+D+i, etc., lo que evidencia la falta de estrategia del gobierno del PP, que ha demostrado que no le interesa la industria, sino repetir el esquema que nos ha traído a este crisis como es el fomento de la construcción y el sector servicios, a través del turismo.
Dentro de este debate sobre el coste o no de la independencia, llama la atención que en esa campaña de apoyo que hizo Rajoy con los dos únicos gobernantes conservadores que existen en la Europa de primer nivel, como son Angela Merkel en Alemania y el premier británico David Cameron, se centrase exclusivamente en lanzar el mensaje de que una Catalunya independiente quedaría automáticamente fuera del euro y de la UE. Al margen de que parece poco creíble que una afirmación tan rotunda la diga alguien como Cameron que en el programa electoral con el que ganó las elecciones recogía la celebración de un referéndum para que Gran Bretaña salga de la UE, habrá que recordarle a Rajoy que en un informe del Gobierno británico para convencer a los escoceses de que permanecieran en el Reino Unido no se daba por hecho que la independencia significaría la expulsión de Escocia del club europeo. Es más, se admitía la posibilidad de que la justicia europea obligase a los Estados miembros a modificar los tratados respectivos para asegurar la continuidad del nuevo Estado, antes de que proclamara su independencia. Lo mismo podría suceder con Catalunya.
De cualquier forma, el próximo día 27, los catalanes tienen la oportunidad de decidir sobre un cambio de estatus político que no supone una garantía de que puede ser mejor o peor que otros o que los problemas se vayan a resolver de un plumazo. Simplemente, va a suceder que las decisiones que tomen y las actuaciones que lleven a cabo no van a ir en contra de sus propios intereses. Que no es poco.
