A pesar de que la circular del Banco de España de desarrollo de la Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones Bancarias que fija la participación de estas entidades en los bancos de los que son accionistas y, que en el caso de Kutxabank es del 100%, debería de haberse producido hace ya varios meses, parece que la incertidumbre toca a su fin y el próximo mes de junio se prevé su publicación en línea con las posiciones defendidas por las entidades vascas, lo que significa todo un alivio, porque desaparece el peligro de tener que poner a la venta el 50% de las acciones del banco vasco.

Este retraso de prácticamente seis meses en dar a conocer la norma del Banco de España se debe a que la cuestión que planteaba el regulador por mandato de la UE era de tal complejidad que algunos expertos jurídicos mantienen la posición que podría tratarse de un asunto que podría vulnerar la Constitución.

El asunto no es baladí porque el Memorándum que firmó el Gobierno español como contrapartida al rescate del sistema financiero por el que se trataba de reducir las participaciones de las fundaciones bancarias en los bancos a los que habían traslado el negocio por debajo de una posición de control del 50% o, por el contrario, dotar de un fondo de reserva que se antoja imposible no ofrecía otra solución que salir a Bolsa o, por el contrario, dar entrada a capital externo con la consiguiente desaparición del arraigo social y de algunos valores intrínsecos como las Obras Sociales.

La prueba de que la cuestión pudiera haber tenido un mal encaje en el actual marco jurídico español es que el propio Banco de España remitió el borrador de la circular al Consejo de Estado para que dictaminara sobre su viabilidad, lo que ha provocado todo este retraso.

Parece que el dictamen ya está en manos del banco supervisor con lo que falta la redacción final de la circular para su entrada en vigor con un contenido que puede coincidir con las pretensiones de las fundaciones bancarias vascas que han defendido desde siempre el control de Kutxabank y que han contado con el apoyo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

La pretensión de reducir la participación de las fundaciones bancarias en los bancos de los que son accionistas por debajo de una posición de control del 50% es considerada por algunos expertos jurídicos como una expropiación encubierta y, por lo tanto, ilegal, al no existir en la decisión un interés general claro a favor de la sociedad en su conjunto y una compensación dineraria por el valor expropiado.

Desde toda lógica nadie puede entender que la reducción de la participación de una fundación bancaria en un banco para evitar su control sea una cuestión que beneficie directamente al conjunto de los ciudadanos y que logre aumentar su bienestar como puede ser la expropiación de unos terrenos para la construcción de una infraestructura cuyo uso es de interés general comunitario. Y si así lo fuera, esa pérdida de la propiedad obligada desde el Banco de España tampoco tendría una compensación por parte del Estado.

Más bien al contrario, el hecho de que una fundación bancaria tenga la mayoría en el banco es una garantía de que los dividendos que obtenga tendrán como destino la Obra Social, una actividad que fue santo y seña de las antiguas cajas de ahorro por la vocación de entidad pública de gestión privada que tenían estas instituciones hasta que llegaron los usurpadores del PP y del PSOE y comenzaron a saquear las cuentas y el patrimonio de estas entidades como si aquello fuera un cortijo privado.

En el caso vasco las exigencias todavía eran mayores porque desde el Banco de España se entendía que el hecho de que las fundaciones bancarias de BBK, Kutxa y Vital controlasen el 100% de Kutxabank significaba la existencia de una actuación concertada como un único órgano, lo debería dar lugar a la creación de un fondo de reserva de 700 millones de euros en un plazo de cinco años para responder a posibles contingencias negativas del negocio del banco. Una cuestión a toda luces muy complicada de llevar a cabo por el montante exigido.

El hecho de que las tres entidades financieras hayan negado la mayor bajo el argumento de que BBK es el socio mayoritario y ejerce el control de Kutxabank al contar con el 57% de las acciones, mientras que Kutxa poseen el 32% y Vital el 11%, -lo que revela un funcionamiento independiente de cada una de ellas en función de los intereses de los territorios donde están instaladas-, ha podido pesar en las altas instancias del Estado a la hora de cambiar de criterio y evitar una actuación que hubiera sido letal para el modelo con el que se puso en marcha Kutxabank.

Curiosamente, Kutxabank será la única entidad financiera del Estado nacida de las cajas de ahorro que mantendrá a todas las fundaciones bancarias en su accionariado con lo que se evitará la entrada de capital externo, bien directamente o saliendo a Bolsa, como puede ser el caso de la malagueña Unicaja o la aragonesa Ibercaja, ya que CaixaBank, donde La Caixa tiene un 58,96% de las acciones, cotiza en el parqué bursátil.

La contraprestación a que el modelo de Kutxabank se mantenga intacto con el 100% de su capital en manos de las fundaciones bancarias es que al tener BBK una participación por encima del 50% habrá que provisionar un fondo de reserva de unos 250 millones de euros y, de esta forma, evitar la venta del 7% sobrante de los títulos.

Una cantidad que se antoja asumible si lo que se persigue es que las señas de identidad del banco sigan instaladas en este país a favor de sus ciudadanos y sus empresas.

El hecho de que Kutxabank haya sido la entidad más solvente del Estado en el último test de estrés de la UE ha sido un argumento de peso en la defensa de ese modelo de entidad arraigada en el territorio que no está reñida con la buena gestión, a pesar de que en los órganos de gestión de las fundaciones bancarias pueda haber representantes políticos. Si Kutxabank se puede enorgullecer de su solvencia es porque antes cajas de ahorros como Kutxa y BBK demostraron su eficiencia y garantía en todos los test de estrés de la UE que se han venido sometiendo las entidades financieras desde el año 2010.

Una prueba de que el modelo de cajas de ahorro puede ser tan vigente antes como ahora, frente aquellos que desde Europa y en el Estado de manera interesada las han hecho desaparecer, salvo en Alemania. Por algo son los que mandan en la UE.