El fracaso de Candy

Desde que hace una semana la Diputación de Gipuzkoa rechazara la propuesta de Optimize que hiciera posible la vuelta a la actividad de la planta de Candy en Bergara por carecer de "madurez suficiente" y el comité de empresa acusara a la institución foral de no haber presentado un plan que cumpliera con "las condiciones previas acordadas", el asunto que pretendía ser el primer caso de un modelo de reindustrialización, siguiendo el ejemplo que se utiliza en Francia, ha desaparecido de la escena pública de una manera tan sigilosa como si alguien de manera interesada hubiese decidido no solo pasar cuanto antes de página, sino incluso arrancarla para que no haya ninguna constancia.

Pero el fracaso del proceso de reindustrialización de Candy requiere de una autocrítica por los errores que se han podido producir en su desarrollo y la explicación de algunas decisiones por parte de todos los agentes que han participado, teniendo en cuenta que en el fondo del asunto estaban las expectativas de 74 trabajadores que se han agarrado durante este tiempo a un clavo ardiendo para tener un empleo, para el que estaban dispuestos a aportar una parte de su indemnización para financiar la puesta en marcha de un proyecto.

Estos 74 trabajadores que hoy están en la calle, tal y como pretendía Candy cuando a finales del pasado mes de octubre anunció el cierre de la planta de Bergara y la deslocalización de su producción a China, y la ciudadania guipuzcoana en general merecen una explicación más profunda que unas meras notas de prensa en las que parece que la causa de que el proyecto de Optimize se haya frustrado se debe a una conjura de los astros coincidiendo con el solsticio de primavera y, como no podía ser menos, a los periodistas, esos que manipulan la información cuando a algunos no les interesa que se publiquen algunas cuestiones que ponen en evidencia su incompetencia e inacción.

El fracaso de Candy es la crónica de una muerte anunciada asumida por la gran mayoría de los agentes que han intervenido en el proceso cuando se habla en privado con ellos, pero que en público no se quiere transmitir. Es como si existiera una especie de pacto de silencio que interesa mantener para que no afecte a la campaña electoral de la candidata de EH Bildu a la alcaldía de Bergara, Agurne Barruso, y principal impulsora de este proceso desde su puesto como jefa del gabinete del diputado general, el también bergararra, Martín Garitano.

Llama la atención que el causante del problema que dio origen a la puesta en marcha de ese proceso de reindustrialización, el grupo italiano Candy no solo haya conseguido sus objetivos que era cerrar la planta, sino que incluso se haya ido de rositas y además de manera irreprochable porque nadie puede decir que no ha mostrado su disposición a colaborar y ceder las instalaciones, eso sí, previo pago de un alquiler de 12.500 euros al mes, para reactivar la planta. Dónde queda aquel Candy ez itxi, que se leía en las pancartas que recorrían las calles de Bergara recogiendo el sentir de los trabajadores despedidos. Qué alternativas existen cuando Candy lleva seis meses cerrada, la planta inactiva todo ese tiempo y con un proyecto frustrado por su inviabilidad.

Esta especie de omertá que existe en torno al caso Candy evidencia de manera clara el enorme interés político que subyacía en el proceso de reindustrialización de la planta de Bergara que pivotaba en la figura de la candidata de EH BIldu a la alcaldía de Bergara, Agurne Barruso -al protagonizar de manera individual y exclusiva esta aventura, como si fuera una gran avezada en este tipo de cuestiones-, excluyendo de manera radical las herramientas que para este tipo de cuestiones tiene la propia Diputación en el departamento de Innovación, que es el competente en la materia y que ha intervenido en otros procesos de cierre de empresas en esta legislatura.

De la misma forma, el ninguneo que el Gobierno Vasco ha tenido por parte de la Diputación de Gipuzkoa, al que en ningún momento se le ha hecho no solo participe del proyecto, sino que no se le ha ofrecido ninguna información sobre las gestiones que se estaban realizando, a pesar de reconocer que las competencias en este tipo de asuntos son del departamento de Desarrollo Económico. Otro elemento más del impulso de orientación política que tenía el proyecto.

Los plazos que se habían dado las partes que concluían el pasado día 30 de abril, no solamente ponen de relieve la bisoñez de sus inductores no solo de la Diputación, sino también de Mondragon Unibertsitatea y la consultora Price Waterhouse Coopers que han trabajado como asesores, sino de las rentabilidad política que se quería conseguir de haber tenido éxito la operación. Qué más hubiera querido Agurne Barruso que haber iniciado la campaña electoral presentando como aval de su candidatura la reactivación de la planta de Candy.

Sorprende que entidades de prestigio como Mondragon Unibertsitatea o la consultora PwC hayan participado en un proceso de este tipo cuando todo el mundo sabe que operaciones de este nivel requieren por su complejidad y delicadeza de unos plazos más largos de los dos meses que las partes se habían dado. No tiene ninguno sentido haberse embarcado en un proceso de este tipo cuando los propios inductores sabía que el asunto estaba verde.

Mucho más teniendo en cuenta el proyecto que se pretendía instalar que era el ensamblaje de motos eléctricas cuyas piezas se iban a fabricar en China y con los antecedentes de dificultades de financiación que presentaba la firma Optimize. De la misma manera, habrá que preguntarse porque no se ha contactado con consultoras guipuzcoanas con más experiencia en este tipo de operaciones.

También los sindicatos representados en el comité de empresa deberían de hacer una reflexión sobre el papel de mero acompañante que han tenido en este proceso, del silencio que han mantenido ante la falta de participación e información por parte de la Diputación cuando los trabajadores deberían de haber sido los primeros conocedores de la situación por su disposición a financiar un proyecto con parte de los cuatro millones de euros que han recibido como indemnización.

Por qué no han sido capaces de reivindicar un papel más activo en el proceso, e incluso presentar otras iniciativas o alternativas a lo que se tenía encima de la mesa, cuando sabían que había pocas posibilidades de que el proyecto Optimize fructificara. Por qué el sindicalismo de la pancarta y la respuesta debe estar reñido con el de las propuestas y de búsqueda de soluciones para conseguir asegurar la continuidad de los empleos desde otras variables que nada tengan que ver con lo conocido. Por qué mantienen un silencio cómplice cuando en privado dicen que "la actuación de la Diputación ha sido de auténtica vergüenza".

Como no quieren responder a estas preguntas, piden la vuelta a la censura en los medios de comunicación y que se callen para no hablar de un proceso que, según el comité de empresa de Candy, "le sobran fotos, poses mediáticas y lucha partidista, a la vez que le falta trabajo compartido, participación e información".

Exactamente, lo que hemos venido informando desde este periódico y que, según el comité de empresa, es "manipulación informativa". l