ahora que celebramos el Primero de Mayo con más pena que alegría porque el paro sigue existiendo en tasas elevadas, nuestros jóvenes se tienen que ir fuera de su país porque aquí no se les ofrecen oportunidades, y los afortunados que tienen trabajo, o lo tienen en precario o con unos salarios devaluados, el Día del Trabajo debería de ser más un momento de reflexión sobre la sociedad que queremos construir en el futuro para poder recuperar un poco la dignidad del individuo como sujeto de un desarrollo humano sostenible.
La reflexión se antoja como absolutamente necesaria, sobre todo cuando los cimientos del Estado de Bienestar que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial gracias al empuje social y político de los ciudadanos han sido destruidos por una crisis en las que el neoliberalismo ha campado a sus anchas poniendo a los gobiernos a su servicio.
A pesar de que todo el mundo reconoce que habrá un antes y un después de esta crisis, nunca vista hasta ahora por su extensión en el tiempo, su intensidad y el daño producido, todavía hay políticos como el ministro de Economía español, Luis de Guindos, que, sin sonrojarse lo más mínimo, afirma que hay que seguir haciendo reformas, pero, eso sí, “serán de naturaleza muy distinta a las realizadas anteriormente y con un coste social muy diferente”.
Esa falta de alma de estos tecnócratas que aspiran, como es el caso, a presidir el Eurogrupo, sin hacer la más mínima mención a los efectos perniciosos que sus políticas económicas impuestas desde Alemania han provocado en clave de desigualdad social, de exclusión y aumento de la pobreza, necesita de una contestación organizada para parar esta situación.
Son esa clase de políticos que no tienen ningún sonrojo en decir que “España no es un país estructuralmente corrupto” cuando ha quedado evidenciado por la autoridad judicial que el partido al que pertenece y que gobierna el Estado español ha funcionado con dinero negro y doble contabilidad y que sus amigos, como el expresidente del FMI, Rodrigo Rato, es un defraudador fiscal y uno de los beneficiarios de las tarjetas black cuando dirigía Bankia y Caja Madrid, puesto, curiosamente, por el dedo de Mariano Rajoy. La corrupción está en las mismas entrañas del Estado español comenzando en la monarquía, pasando por la judicatura y terminando por el poder legislativo con los casos de diputados del PP que estamos conociendo estos días. Por no hablar del PSOE y Andalucia.
Son ese tipo de personas que crea falsas expectativas sobre la circular del Banco de España sobre Kutxabank, de quien depende la posibilidad de tener que crear un fondo de reserva de más de 600 millones de euros o verse obligada a vender más del 50% de sus acciones, afirmando que “llegaremos a un acuerdo que satisfaga a todas las partes”, cuando oculta que el borrador está en el Consejo de Estado para su aprobación y posterior remisión al regulador para su aplicación sin fecha, de momento, de salida, Una circular, que según el MoU aprobado en Bruselas, debería de haberse aprobado en diciembre del pasado año. De Guindos es lo que vulgarmente se denomina un “quedabien”.
Se decía que la caída del banco Lehman Brothers que supuso el inicio de la crisis, primero financiera y luego general en el mundo, era la consecuencia de la avaricia y de la codicia desenfrenada de los mercados y que iba a suponer una revisión del capitalismo hacia planteamientos más racionales y de corrección de los flujos neoliberales por donde hasta entonces había discurrido la economía.
Nada de eso ha pasado. Es más, el economista francés Thomas Piketty ha demostrado con datos y ecuaciones que la desigualdad seguirá creciendo si no se corrige una desviación que anida en el mismo corazón del capitalismo: cuando el rendimiento del capital es superior al crecimiento del PIB, aumenta la brecha de riqueza entre los que más tienen y la inmensa mayoría. Hasta ahora nadie ha rebatido con números esta tesis.
Por ello, es necesario una respuesta social organizada contra este capitalismo que no solo no ha hecho acto de contrición sobre las consecuencias que sus desmanes han provocado en los ciudadanos, sino que persiste en seguir en la misma línea.
Y es en ese contexto donde los sindicatos pueden jugar un papel importante partiendo de un modelo diferente al de contrapoder que defienden algunas organizaciones sindicales, en el que, sin olvidar la lucha y la reivindicación, deben adquirir un protagonismo en lo político y económico desde propuestas alternativas posibles.
Por eso estoy de acuerdo con lo que acaba de escribir el que fuera secretario general de LAB, Rafa Diez Usabiaga -que está recluido por motivos exclusivamente políticos en la prisión de El Dueso en Santoña-, en un artículo publicado recientemente en Gara. “El sindicalismo no puede resignarse a una posición de “contraponer” permanente, sino que tiene que ser copartícipe, con autonomía propia, de un espacio político y económico, como elemento indispensable para avanzar en un modelo económico donde los derechos sociolaborales y el reparto de la riqueza sean garantizados”.
Para ello, Rafa Diez Usabiaga propugna la articulación de una alianza de carácter estratégico entre ELA y LAB soportada en un plan de acción sindical, una propuesta socioeconómica (Carta Social) encarnada en una estrategia soberanista e instrumentos de gestión conjuntos que daría al sindicalismo abertzale una gran fuerza en las empresas y una mayor influencia en sus propuestas económicas y sociolaborales. Como era de prever, la propuesta de Diez Usabiaga ha tenido su respuesta negativa por parte del interpelado, como ha ocurrido siempre en los últimos años.
Sin embargo, se nos olvida que la unidad de acción sindical que ELA y LAB constituyeron en 1994, que fue precursora de la estrategia que cristalizó el Pacto de Lizarra y que, posteriormente, forzó una tregua de ETA, demostró el poder de una mayoría sindical que unida es capaz de hacer que sus propuestas sean tenidas en cuenta por todos los sectores de la sociedad, incluso por parte de unos terroristas, como ocurrió en aquella ocasión.
A pesar de que la tregua duró muy poco tiempo y que la vuelta a las armas de ETA provocó la ruptura de la unidad de acción, sin embargo, su virtualidad quedó demostrada como para poder ser rescatada. Si en aquel tiempo la paz era el objetivo primero, una vez desaparecida la violencia de Euskadi desde hace tres años y medio, las consecuencias sociales que está teniendo la crisis entre los ciudadanos puede ser una muy buena causa para una posible recuperación de ese instrumento de acción social. ¿Por qué no intentarlo?
Los sindicatos pueden jugar un papel importante partiendo de un modelo diferente al de contrapoder
La unidad de acción sindical que constituyeron ELA y LAB en 1994 demostró el poder que tenía
