El caso de Candy

Desde aquel Candy ez itxi que se leía en las pancartas colgadas en la entrada de la fábrica y formaba parte del argumento de las negociaciones para evitar el ERE de extinción de contratos a los 150 trabajadores, en donde se puso en evidencia el largo tiempo con el que el grupo italiano estaba preparando el cierre, hasta el punto de no haber realizado ninguna inversión en los últimos diez años, las ventas cruzadas entre empresas del grupo para demostrar pérdidas, etc., han pasado cinco meses y las instalaciones siguen cerradas. Mientras, la multinacional italiana parece que ha conseguido su objetivo de la forma más elegante posible.

A dos días de concluir el periodo de consultas y con un ERE, probablemente recurrido, apareció en escena la Diputación Foral de Gipuzkoa proponiendo un plan de reindustrialización con la puesta en marcha de una nueva actividad industrial que suplantase a la hasta entonces existente, para lo que era necesario contar con las instalaciones que se iban a cerrar y el capital destinado por la empresa para financiar su liquidación.

La prejubilación de 57 trabajadores mayores de 54 años y una indemnización de 45 días para los 74 empleados restantes, lo que significa contar con cuatro millones de euros que están dispuestos a aportar al proyecto, sirvió de antesala a un acuerdo a tres bandas por el que Candy se ha comprometido a alquilar la fábrica a un futuro inversor en un plazo que expira el próximo 30 de abril. Una vez que la firma Optimize, la única que ha mostrado interés por este proyecto, ha presentado ya el MoU-que no deja de ser un documento de intenciones-, para fabricar motos eléctricas.

Sin embargo, Optimize, -que es una sociedad instrumental de un abogado luxemburgués, sin ninguna experiencia industrial y con dos intentos fallidos de instalación en Italia, uno de ellos por problemas de financiación-, no parece contar con el apoyo unánime de los trabajadores. En la asamblea, en la que los 74 trabajadores ejercieron su derecho de veto al futuro inversor, 59 votaron a favor, diez se abstuvieron y cinco se pronunciaron en contra. Todo un indicativo.

La particularidad de este proceso llevado a cabo desde la Diputación de Gipuzkoa no es que, sorprendentemente, la jefa del gabinete del diputado general y candidata a la Alcaldía de Bergara por EH Bildu en estas próximas elecciones, Agurne Barruso, sea la responsable de un asunto que parece estar fuera de sus funciones y su cometido en la institución foral, sino la ausencia de información y la falta de transparencia con la que se está actuando en este asunto desde su inicio.

Un comportamiento que se está llevando en exclusiva desde el gabinete del diputado general y del que se ha excluido al departamento foral de Innovación, que es el competente en esta materia y que ha intervenido en todos los asuntos de cierre de empresas que se han producido en el territorio en esta legislatura.

A día de hoy y a falta de un mes para conocer cuál va a ser su futuro laboral, los trabajadores no tienen ningún conocimiento sobre la solvencia financiera, el plan de viabilidad y de negocio que se va a llevar a cabo por la firma que ha expresado su interés por la planta de Candy, así como la garantía del número de puestos de trabajo con los que contará y las condiciones laborales que van a tener.

Y si los principales afectados no saben nada a día de hoy sobre su futuro y solamente albergan la mínima esperanza de que todo este dislate no sea una realidad, al margen de las lecturas negativas que se pueden hacer acerca de las intenciones políticas y electorales de sus promotores, el ninguneo que la Diputación Foral de Gipuzkoa está haciendo al Gobierno Vasco en este caso, al no darle ningún tipo de información sobre sus gestiones, es tan alarmante como preocupante. Supone meter una cuña de gran calado que desestabiliza el entramado institucional que nos hemos dotado los vascos y rompe las reglas de funcionamiento de un sistema aceptado por todos.

Menos mal que la propia Agurne Barruso, en un artículo de opinión publicado el pasado mes de febrero en Gara, reconocía que la competencia en materia de industria y el que "cuenta con los medios necesarios para impulsar iniciativas de esta magnitud" es el Gobierno Vasco. El problema no está en los instrumentos sino en que "no ha tomado la iniciativa, ni ha planteado ninguna alternativa", lo que justifica que la jefa del gabinete del diputado general -algo inaudito hasta ahora en una institución seria-, tome el mando de un asunto tan complejo como es el de buscar inversores por el mundo para reindustrializar una planta. Es como si la jefa de producción de una película modificara el guión al director del filme porque no le gusta su contenido.

Por eso llama la atención el silencio que están manteniendo en este asunto los cinco sindicatos que tienen representación en Candy y que, al margen de mostrar su resignación ante la situación, reconocen que detrás del proyecto Optimize no hay nada y que todo está muy verde.

El papel que los sindicatos están teniendo en el caso de Candy, arrastrados por la situación de gran vulnerabilidad en la que se encuentran los 74 trabajadores, no debería de haber sido de mero acompañante de apoyo a iniciativas de otros y de la defensa de los derechos de los trabajadores sino de impulsores de creación de alternativas económicas propias.

Los sindicatos en Euskadi han sido protagonistas en el pasado en la recuperación de empresas que estaban abocadas al cierre y que hoy son referentes mundiales en su sector, gracias a la implicación de los trabajadores que, en algunos casos, llegó a la participación en el capital para conservar la empresa y, con ello, el empleo.

En este caso, como en otros cierres de empresas en Gipuzkoa, se ha echado en falta esa iniciativa sindical de sacar adelante proyectos en dificultades, probablemente, desde el argumento de que ese no es el papel de los sindicatos. Sin embargo, esa inacción en la toma de iniciativas ha provocado el cierre de empresas afectando de manera importante a comarcas, como es el caso de Gipuzkoa.

De la misma forma, llama la atención el papel de los asesores con los que está contando la Diputación en este proceso, a través de Mondragon Unibertsitatea, con la que ha anunciado un convenio para poner en marcha procesos de reindustrialización, al hilo de lo que se está haciendo en Candy, cuando parece que esa función corresponde, como reconoce la propia institución foral, al Gobierno Vasco.

Más que nada porque el diseño de la política industrial de un país parece que no corresponde a una universidad, por mucho que esté vinculada a una corporación empresarial.

La prueba está en que todos los procesos de reconversión y reindustrialización que ha habido en este país desde 1980 se han dirigido desde el Gobierno Vasco y, a juzgar por los resultados, parece que con acierto y eficacia. Precisamente, hace muy poco tiempo Mondragon Unibertsitatea ha tenido bien cerca un caso en donde podía haber aplicado este tipo de conocimientos y metodología y haber evitado su concurso y la consiguiente adjudicación a terceros. Toda una prueba para alguien que ocupó la presidencia en esa empresa.