Como el perro del hortelano
Debo reconocer que mi capacidad de sorpresa ante ciertos acontecimientos había quedado agotada hace ya tiempo, pero compruebo que todavía queda algún resquicio cuando de manera detenida se lee el recurso que siete entidades financieras, entre las que se encuentran algunas tan “nuestras” como Kutxabank o Elkargi, han presentado contra el auto del juez de lo Mercantil Número 1 de Donostia, Pedro José Malagón, por autorizar por dos millones de euros la venta de los activos de la concursada Azcue a la empresa Muebles y Madera Nueva Línea SL, de la que el 45% de su capital está constituido por 30 de sus antiguos trabajadores, para continuar con la actividad de la compañía que quebró en diciembre de 2012.
Es de todos conocido que las entidades financieras, en su actividad por conseguir los mayores niveles de rentabilidad a sus activos, hacen abstracción de la realidad circundante por muy negativa que sea, sobre todo si les puede afectar a su cuenta de resultados, pero otra cosa es que traten de destruir un proyecto empresarial que va a generar riqueza y empleo, con todo lo que ello significa de beneficio social para una zona que ha sufrido tanto con la crisis como la de Azpeitia, simplemente porque el precio fijado por el juez supone el 12% del valor total de los activos de la quebrada inventariados por la administración concursal en 13.914.027,65 euros.
La posición de las entidades financieras que, según la ley Concursal son acreedores con privilegio especial y, por lo tanto, los primeros en cobrar tras los trabajadores, es de tal beligerancia que han llegado a calificar de expropiación y enajenación la decisión del juez Malagón por autorizar la venta de los activos a una empresa que pretende dar continuidad a la actividad de la concursada, nace ya con una cartera de clientes por la presencia de dos socios industriales y cuenta con la participación de los trabajadores en su capital, lo que supone de generación de puestos de trabajo. En concreto, 50 empleos a final de año, según el plan de empresa.
Unos argumentos más que suficientes para que el juez Malagón haya optado por esta solución frente a la aplicación de las garantías hipotecarias siguiendo la estela del concurso de Fagor Electrodomésticos que muchos ponen como el mejor ejemplo a seguir.
Según la tesis de las entidades financieras el juez Malagón “estaría perturbando claramente el mercado del crédito al menoscabar la garantía hipotecaria”. “Nos encontramos ante una auténtica expropiación de un derecho de hipoteca sin percibir una mínima indemnización que pudiera considerarse razonable y justa atendiendo al valor real de los activos”, proclaman.
Estos acreedores con privilegio especial estarían dispuestos a que la venta de los activos fuera por la mitad de su valor según inventario, es decir, de 6.957.013,82 euros, sin tener en cuenta la importante depreciación que han sufrido los activos al no tener actividad la empresa durante los dos últimos años, hasta el punto de que el propio administrador concursal considera que su precio actual estaría entre los cuatro y cinco millones. Tampoco tienen en cuenta que durante este tiempo la única oferta que ha sido presentada ha sido la de los antiguos trabajadores de Azkue.
A pesar de acusar al juez de incumplir el plan de liquidación acordado y acudir a la venta directa, la realidad es que durante estos dos años nadie se ha interesado por los activos, ni tampoco ha habido interés por vender o en el caso de haber ofertantes celebrar una subasta de los bienes, con lo que parece que la actitud de los recurrentes está más en línea con la del perro del hortelano.
Si no, no se entiende que desde unas entidades financieras, de las que algunas de ellas por su ubicación en el territorio deberían de tener conocimiento de causa, afirmen con total desfachatez que el fin que pretende la empresa ofertante, compuesta, al margen de los dos socios inversores industriales por 30 trabajadores que han tenido que realizar aportaciones individuales entre 10.000 y 20.000 euros, no es la reactivación de la fábrica y su localización permanente en Azpeitia ?para lo que, según los recurrentes, no hay garantía?, sino la mera “especulación” de unos bienes.
“Quien adquiere unos inmuebles por el 12% de su valor de tasación, así como unas marcas que no figuran en el activo de la concursada elaborado por la administración concursal no se sentirá obligado a mantener la actividad si el proyecto empresarial que inicia no cumple sus expectativas”, advierten los recurrentes, quien también ponen en duda la solvencia de los ofertantes, ya que su “único activo está en la promesa de ofrecer trabajo”.
Si el celo que están demostrando las entidades financieras en la venta de los activos de Azkue lo hubieran tenido hace dos años a la hora de buscar una salida a los solo 375.000 euros que la antigua empresa necesitaba para sanear su tesorería afectada por la caída de un importante pedido en Dubai, ?teniendo en cuenta que los trabajadores se comprometían a aportar igual cantidad?, probablemente, hoy tendríamos una importante firma de mueble de alta gama, fuertemente internacionalizada, dando empleo a más de 125 trabajadores. De la misma forma, si los bancos acreedores de Fagor Electrodomésticos hubieran actuado de igual manera hoy sus cuatro fábricas no estarían activas y 700 trabajadores se encontrarían buscando empleo. Es una cuestión de responsabilidad social.