Kafka go home!

Los acontecimientos de los últimos días en torno a Kutxabank y al reciente consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, provocan un desasosiego sobre el nivel de los políticos que tenemos en este país y el cainismo que existe entre los partidos políticos que por zaherir y hundir al adversario hacen abstracción del interés general, dilapidan a la primera de cambio el capital de valores y de principios que como ciudadanos nos hemos dotado y actúan desde el planteamiento de que el fin justifica los medios, haciendo abstracción a sus propios comportamientos que, en algunos casos, pueden estar muy lejos de los parámetros en los que todos hemos convenido.

No es que sorprenda este tipo de comportamientos que forman parte del factor humano que en la actuación política parece que es determinante para dirigir las cosas hacía, precisamente, el lado contrario al interés general, sino que desde una visión global y con una crisis que, como muy bien ha dicho la profesora Sara de la Rica, va a dejar un poso de paro estructural de 100.000 personas en Euskadi -sin posibilidades de colocación a pesar de la tímida generación de empleo que puede haber en los próximos meses-, la preocupación de los partidos sea si fue o no Basagoiti el dirigente del PP que habló con el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, para concederle una cesantía de lujo al exdelegado del Gobierno, el socialista, Mikel Cabieces o si el nuevo consejero Ángel Toña cumplió o no la ley en su condición de administrador concursal en aras al bien común.

El problema de los ciudadanos vascos parece que tiene otras prioridades mucho más cercanas a la realidad en la que viven día a día y que no tienen nada que ver con esos juegos de salón en los que un día se dice una cosa y al día siguiente la contraria, sin ningún atisbo de rubor. Se piden explicaciones al adversario, cuando sus correligionarios no han pedido la dimisión de todo un presidente de un Gobierno que ha hurtado dinero público por tener en la administración de su partido una cuenta B, o aquellos que se han aprovechado de los ERE o de los que se presumen ser de izquierdas y piden la desobediencia de la ley y ahora se muestran profundamente respetuosos con la legalidad vigente a pesar de ser impuesta por un Estado como el español.

Si el nivel de coherencia de los políticos de este país es el que hemos visto estos días, no parece descabellado que desde la sociedad civil se vayan conformando iniciativas que traten de priorizar lo que preocupa a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad en general, para tratar de poner encima del debate público lo urgente de lo accesorio, lo general sobre lo particular y lo público sobre lo partidario.

El daño que se ha hecho a Kutxabank, en un momento especialmente sensible, a la hora de garantizar su control por parte de las tres fundaciones bancarias vascas que conforman su capital y, con ello, la pervivencia de un modelo de banca que responda a las necesidades de este país, en lo que supone de músculo financiero para su progreso y desarrollo, ha tenido su origen en una injerencia política, en la actuación arbitraria de un expresidente que no rindió cuentas a nadie de su decisión y de la torpeza del actual responsable de la entidad que no supo medir las consecuencias políticas, sociales y económicas de poner en marcha una auditoría interna en un asunto intrascendente por su cuantía y cuyo quebranto había sido resuelto. Se ha querido matar una mosca a cañonazos sin conocer el alcance del disparo y las repercusiones que para la reputación de la entidad iba a suponer semejante decisión, cuando hasta ahora era la imagen inmaculada de una actuación profesional en el marco de las cajas de ahorro.

Ahora lo que toca es que la justicia se pronuncie sobre los delitos en los que están imputados el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno, Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta, a través de cuyo despacho cobraba la cesantía de 6.000 euros al mes, y devolver a Kutxabank ese reconocimiento que tuvo con el objetivo no solo de ser la entidad más solvente del Estado, sino también la primera en responder a las necesidades y al interés de los ciudadanos vascos, algo que se podría haber perdido de continuar con el anterior modelo.

De la misma forma, hay que poner de relieve la tormenta en un vaso de agua que ha generado EH Bildu en el caso del recién nombrado consejero de Empleo, Ángel Toña, por haber sido inhabilitado como administrador concursal por incumplir la Ley Concursal en favor de la continuidad de la empresa y de los trabajadores, algo que, desgraciadamente no pudo llevarse a cabo por la cambiante situación económica que nos ha generado la crisis.

Plantear la inhabilitación de Toña por esa actuación, en la que incurren la mayoría de los administradores concursales que defienden antes la continuidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo, es tanto como decir que los profesionales que actuaron en el caso de Fagor Electrodomésticos deben estar suspendidos de sus funciones por procurar que las plantas hoy estén activas y no sean un amasijo de chatarra, de la misma forma que el que ha hecho posible la vuelta a la actividad de Azkue en Azpeitia.

Esta persistencia de aquellos que se denominan de izquierdas y abertzales de aprovechar el trasero de Toña para desacreditar al lehendakari Urkullu, a pesar de contar con el insólito apoyo de los cuatro sindicatos vascos y la patronal, -qué mejor aval para ocupar una cartera tan compleja como la de Empleo-, raya en el simplismo y la falta de perspectiva.

Es un ejemplo más de la orfandad en la que vive la izquierda abertzale con unos dirigentes históricos que, gracias a los buenos oficios del exjuez Baltasar Garzón, están en la cárcel y no contribuyendo a la normalización y convivencia de este país. Estoy seguro que si Rafa Diez Usabiaga, fundador y durante largos años secretario general de LAB, estuviera hoy en libertad, las incoherencias en las que ha incurrido la izquierda abertzale con el caso Toña, tras el pronunciamiento del sindicato abertzale a su favor, no se hubieran producido. Simplemente por una cuestión de principios y valores. Es el país surrealista que tenemos.