Cuestión de estilo
En una situación en la que parece, haciendo uso del símil del presidente de Adegi, Pello Guibelalde, que la economía, al menos la guipuzcoana, está en fase de despegue y con el tren de aterrizaje recogido a falta de coger la velocidad de crucero, para lo que hará falta traspasar varias tormentas y las turbulencias necesarias que se producen en un vuelo de largo recorrido, el caso Cabieces nos retrotrae a una situación de convulsión que está afectando ya a la médula política y socioeconómica del país en un momento clave en el que se necesitan los cinco sentidos para poner el avión a 8.000 metros de altura y empezar a hablar de la crisis en pasado.
Por muy locuaz que haya sido el expresidente de Kutxabank, Mario Fernández, sobre las razones que le animaron a que una entidad privada, cuyos accionistas son entidades de derecho público, dispusiera de 243.592 euros para resolver el problema laboral de una persona que había ocupado el cargo del delegado del Gobierno español en la CAV alegando, nada más y nada menos, casi a razones de Estado y la existencia de una violencia que por decisión de ETA dejó de existir en octubre de 2011 ?varios meses antes de que se produjera esta cesantía?, se sigue sin saber por qué tomó esta decisión de manera personal, sin encomendarse a Dios ni al diablo.
A los clientes de Kutxabank se les debe una explicación más precisa sobre esta actuación que la propia entidad la ha calificado de “irregular” porque han descubierto que el banco tiene una Obra Social para responder a situaciones personales de cargos públicos al servicio del Gobierno español, subrogándose las responsabilidades que el propio Estado debe tener con aquellas personas que trabajan a su servicio durante un determinado tiempo, aunque sea en Euskadi.
Mientras desde el banco se daba respuesta a situaciones personales, las auténticas Obras Sociales de las actuales fundaciones bancarias, que dependen de los dividendos de Kutxabank y de la gestión de sus patrimonios veían reducir sus presupuestos por efecto de la crisis. Evidentemente, los 243.592 euros que ha recibido Mikel Cabieces y que ha restituido personalmente Mario Fernández no iban a modificar sustancialmente la situación de la contribución social de las antiguas cajas, pero da una idea de la filosofía que imperaba en la dirección del banco.
Si a los antecesores de Mikel Cabieces el Estado español les dio una salida en la embajada de Lisboa, precisamente, en unos momentos en que ETA estaba activa, como reconoce el propio Fernández, cómo es posible que un banco se comprometa a resolver un problema personal, cuando se supone que todo un Estado como el español a través de sus diferentes estructuras podría dar acomodo con total holgura a alguien que ha sido su servidor y, encima, con el plus de haberlo sido en Euskadi. Es como si Caixabank o el Banc Sabadell, por poner dos ejemplos, se ven obligados a buscar una salida a la actual delegada del Gobierno español en Catalunya a tenor de la corriente independentista que existe en ese país.
jáuregui El caso del exgobernador civil de Gipuzkoa, el socialista Juan María Jáuregui, fue todavía más sangrante porque el PP de entonces dirigido por José María Aznar no le dio otra salida que ser delegado de Aldeasa, una empresa de Aena que explota la tiendas de duty free de los aeropuertos, en un lugar tan cercano a Euskadi como puede ser Santiago de Chile. La razón es que su actuación por buscar responsabilidades en el asesinato de Lasa y Zabala en el entorno del entonces coronel Galindo, hasta el punto de comparecer como testigo en el juicio a favor de los familiares, chocaba con la política de mano dura de Aznar y Mayor Oreja. La recompensa a este empeño por buscar la verdad fue su asesinato por ETA en julio de 2000 cuando estaba de vacaciones en Legorreta para estar con su mujer y su hija. Evidentemente nada que ver con la situación “paradísiaca” que le tocó vivir a Mikel Cabieces.
Y si fuera cierto que como, previamente, dijeron sus corifeos mediáticos, preparando el camino de la defensa, y después Fernández en sus declaraciones ante la fiscal, “hay una ley no escrita que ha funcionado en los últimos años con todos los gobiernos y los partidos durante los últimos 30 años”, por qué no lo comunicó al PNV, que fue el partido que le puso al frente de BBK para llevar a cabo la fusión de las cajas de ahorro vascas.
Por qué el actual lehendakari y en aquellas fechas presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, se ha enterado tres años después de esta decisión si se trataba prácticamente de una cuestión de Estado y ha aflorado ahora, cuando tras el cambio de presidente en Kutxabank se decide liquidar con esta cesantía excepcional. Está claro que es una prueba más del estilo de Mario Fernández de actuar de manera independiente sin dar cuenta de sus actuaciones hasta que la gota desbordó el vaso el pasado mes de noviembre y tuvo que dimitir del cargo.
Ese estilo tan personalista de Mario Fernández se resume cuando, sin ninguna vergüenza, proclama que “Kutxabank lo hice yo, lo creé yo, lo peleé y lo dejé siendo el banco más solvente de España”. A renglón seguido habría que reconocer que algún valor para llegar a esa situación habrá tenido la gestión de sus antecesores, cuando Kutxa fue la segunda entidad más solvente y primera caja de ahorros del test de estrés de la UE en la prueba del 2011 y la tercera de 2010, mientras BBK, de ser segunda ese año, pasó a la cuarta hace tres por la adquisición de CajaSur. Cuestión de estilo.