Cuando para una multinacional, una fábrica y las personas que trabajan en ella, da igual el país en el que se encuentren, siempre que no sea el de la matriz, es una simple chincheta colocada en un mapa del mundo donde el ejecutivo de turno decide moverla de lugar atendiendo a cuestiones puramente estratégicas y especulativas, sin otra consideración a tener en cuenta; estamos hablando de una deslocalización en toda regla y en el peor ejemplo de un neocapitalismo que pensábamos que se había edulcorado un poco con la crisis.

La realidad sigue siendo tozuda y no solo no está proporcionando actos de contrición, sino todo lo contrario, cada vez más las multinacionales se están aprovechando de la coyuntura para invertir donde le es más rentable y abandonar aquellos lugares donde tradicionalmente han estado presentes, simplemente, por una razón de estrategia y de oportunismo, sabiendo que el coste que va a tener su decisión va a ser mínimo.

Este es el caso de Candy Hoover de Bergara, cuyos propietarios, el grupo italiano Candy, decidió de un día para otro cerrar la planta y deslocalizar su producción en China, simplemente, por razones estratégicas sin tener mayor consideración sobre los efectos que esa decisión iba a tener en el entorno social donde la fábrica se ubica y en los 150 trabajadores que hasta entonces se han empeñado en mantenerla a flote día a día.

Y todo ello con la alevosía de quién se cree invulnerable y amparado por una Reforma Laboral que le permite cerrar una fábrica de un día para otro, sin mayor justificación creíble, ni siquiera en el aspecto puramente formal, de comunicar la decisión a las autoridades del territorio donde se ubica, en este caso el Gobierno Vasco. Algo que denota de manera clara la intención de evitar cualquier actuación del ejecutivo de Urkullu que pudiera echar para atrás o retrasar la decisión firme de cerrar la planta.

La desfachatez con la que está actuando el director industrial de Candy Hoover, Sergio Talamazzi, al negar el estudio económico que han hecho los sindicatos a partir de datos facilitados por la empresa, que confirma que la fábrica de Bergara es viable y rentable al haber obtenido hasta el pasado mes de septiembre, unos beneficios de casi un millón de euros, viene a confirmar que las pérdidas que presentan como excusa para su cierre forman parte de la ingeniería financiera y el maquillaje contable con la que operan las multinacionales para poner negro lo que en realidad es blanco y viceversa.

Da igual que se pruebe que durante los primeros nueve meses de este año se han fabricado un total de 140.000 lavadoras, que es la producción total del año pasado en conjunto con una plantilla mucho más reducida, para aseverar que la planta de Bergara puede tener continuidad, porque la respuesta tiene la cantinela repetitiva de las pérdidas acumuladas en los años anteriores en una música que tienen la mismas notas que aparecen en la Reforma Laboral del PP donde el despido de unos trabajadores se puede justificar con la mala situación financiera de una empresa sin mayores comprobaciones.

Ante la impotencia de un marco legal impuesto que favorece este tipo de actitudes y lamina cualquier otro tipo de razones por muy fundamentadas que estén, es bueno que desde las instituciones públicas, en este caso desde el Gobierno Vasco, se actúe de contrapoder en contra de las decisiones que toman las multinacionales, que, en muchos casos, pueden ser arbitrarias o se toman desde la ligereza del desconocimiento o como respuesta a unos intereses que nada tienen que ver con las razones expuestas.

Ese fue el caso de la multinacional francesa Belvedere, propietaria de la marca de bebidas Marie Brizard, donde un ejecutivo en su despacho de Burdeos decidió, hace justo ahora un año, quitar la chincheta de la fábrica de Zizurkil del mapa para trasladar su producción a varias plantas francesas y cerrar las instalaciones en Gipuzkoa.

Después de un mes de huelga general por parte de los 47 empleados, la multinacional tuvo que dar marcha atrás al darse cuenta de su error y comprobar que la planta de Zizurkil era estratégica en la logística de la distribución de sus productos tanto en el Estado como en Francia, lo que provocó el desabastecimiento del mercado en vísperas de la campaña de Navidad.

La huelga también afectó al conjunto de los trabajadores de la estructura comercial de Marie Brizard en el Estado, ya que no pudieron cobrar la nómina al estar toda la operativa administrativa y de pagos de la compañía centralizada en Zizurkil.

Un año después la fábrica no solo sigue activa con sus trabajadores, sino que incluso, al parecer, por su operatividad va a producir un nuevo producto por delante de las plantas francesas.

Por eso, hay que saludar de manera muy positiva la actuación de la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, que ha exigido a la dirección de Candy que presente una alternativa al cierre de la planta de Bergara porque no está justificada, ya que difícilmente se puede decir que una instalación no es competitiva si no se ha invertido un solo euro en los últimos diez años.

Ya va siendo hora de que desde las instituciones públicas se ponga pie en pared para exigir contrapartidas a aquellos que han decidido cerrar una empresa o deslocalizar su producción a otro país por motivos no justificados, exigiendo en unos casos la devolución de las ayudas públicas de todo tipo que han recibido para mantener la actividad en Euskadi, o como en el caso de Candy, que plantee soluciones para garantizar la continuidad de la actividad y el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo o la venta a terceros y con posibles soluciones a los empleados.

Si en el pasado se hubiera actuado de este modo , probablemente, no habríamos sido espectadores de cierre de Corrugados Azpeitia, cuyo propietario el Grupo Alfonso Gallardo de Badajoz se llevó cinco millones de euros concedidos por el Gobierno de Patxi López para garantizar la actividad de la planta. El resultado es que no solo el Gobierno Vasco, -que se sepa-, ha recuperado esos cinco millones sino que la planta fue cerrada y 250 trabajadores se fueron a la calle.

La conclusión es que los gobiernos deben ponerse de frente a este tipo de actuaciones no justificadas y abandonar el miedo a posibles actuaciones de la UE. ¿Por qué qué bula tiene Francia en Bruselas para poner todas las trabas al cierre de una fábrica de Mittal en ese país o ayudar a mantener la actividad de las plantas que tenía Fagor Electrodomésticos que no se tenga aquí sin que ocurra nada?