La pancarta de Bildu
el debate que se ha suscitado en Gipuzkoa sobre la conveniencia de que Kutxa se convierta en fundación bancaria, tal y como plantea la normativa europea, u ordinaria, como sigue pretendiendo Bildu al querer llevar la iniciativa a BBK, tras el fracaso en Gipuzkoa, pone de relieve el permanente choque de trenes en el que se basa la actuación política de la izquierda abertzale al huir del consenso con sus adversarios para tratar de llegar a acuerdos en favor del conjunto de la sociedad.
En un sistema basado en el cumplimiento de una legislación dictada desde Bruselas, como es el caso, que fija el día 31 de diciembre como fecha para la desaparición de las cajas de ahorro y su conversión en fundaciones bancarias u ordinarias, en función de la participación que tengan en los bancos constituidos a partir de sus fusiones, no cabe utilizar las instituciones para aplicar la política de la pancarta, del abandono de responsabilidades y la pataleta.
Probablemente, la inmensa mayoría de los guipuzcoanos podemos estar de acuerdo en que Kutxa sea una entidad bajo control público y social, pero el problema para llegar a ese estadio es saber como se hace esa transformación y como se perfila su desarrollo. Y ese ha sido el problema de la propuesta de Bildu que ha lanzado una idea sin haber presentado los instrumentos para su desarrollo y aplicación.
A Bildu le ha faltado explicar el como se puede materializar que Kutxa sea una fundación ordinaria estableciendo los mecanismos legales pertinentes con el soporte jurídico suficiente para que esa caracterización fuera posible. Con esos mimbres hubiera sido posible establecer una vía de diálogo con el resto de las formaciones políticas y sindicales para poder alcanzar un posible acuerdo. El hecho de que los patronos de Kutxa, a excepción de los representantes de las entidades fundadoras y de los trabajadores, sean nombrados por las Juntas Generales es una idea del PNV que, en un principio, fue bien recogida por Bildu, por lo que supone de un modelo radicalmente diferente al que se aplica en BBK y Vital y que luego la rechazó sin más explicaciones.
Lo kafkiano de la propuesta de Bildu es que se si se hubiera aceptado en Kutxa y aplicado en BBK y Vital habría dado lugar a la paradoja absurda de que Kutxabank se hubiera convertido en un banco sin gobierno y con un consejo fantasma por falta de representación. Las cajas no podrían tener presencia en el consejo al ser fundaciones ordinarias y los ayuntamientos, como cesionarios de las acciones, tampoco podrían ocupar ningún puesto, al visualizarse una actuación concertada con lo que se estaría incurriendo en el supuesto de la transformación obligatoria en fundación bancaria.
De esta forma, Kutxabank con unos activos de 60.000 millones de euros, se habría convertido en una entidad desgobernada y sin control, ya que sus propietarios no podrían ejercer con sus funciones por imperativo legal. Todo un monumento al absurdo.
No solo ha faltado arquitectura jurídica a la propuesta de Bildu para hacerla viable, sino que encima se ha presentado tarde y sin tiempo material para poder revertir una situación que expira a mediados del próximo mes de noviembre, plazo en el que comienza la ejecución del procedimiento con un rosario de autorizaciones para poder cumplir la ley a 31 de diciembre.
A pesar de este escenario la conversión de Kutxa en fundación bancaria no es una decisión irreversible, sino que se puede optar por otra fórmula, siempre y cuando en el Parlamento Vasco se alcancen los acuerdos políticos necesarios para poder llevar a cabo ese proceso. Por ello, Bildu tiene una oportunidad magnifica para empezar a explorar ese camino y abandonar la política de trincheras que no conduce a nada.
De la misma forma, que la renuncia de las entidades fundadoras. Diputación de Gipuzkoa y ayuntamiento de Donostia a formar parte del patronato de Kutxa del que son miembros natos significa un ejercicio de desgobernanza en lo que supone de dejación en la defensa de los intereses de los guipuzcoanos y de los donostiarras, respectivamente.
Este ejercicio de insumisión institucional no solo es la demostración de la política de la pataleta que practica Bildu, sino que puede suponer la actuación del Gobierno Vasco, en uso de sus competencias, que en su función de protectorado tiene en la tutela, fiscalización y control de las fundaciones, según la normativa vigente, podría forzar a esas dos instituciones a cumplir con sus obligaciones para con los ciudadanos, sean o no de Bildu. Una prueba del control público que va a tener Kutxa.
Por otra parte, el recurso que la Tesorería de la Seguridad Social ha presentado al auto judicial de adjudicación de los activos de Fagor Electrodomésticos en favor de Cata, al igual que lo hizo con anterioridad al plan de liquidación, en demanda de una deuda de cuatro millones de euros contraída por la cooperativa y sus filiales, evidencia, una vez más, el talante recaudador y ausente de la realidad con que la Administración del Estado actúa en este tipo de procesos donde el componente de beneficio social en términos de actividad y empleo es muy superior al dinero que se vaya a recuperar por mucho que tenga componente público.
Curiosamente, los únicos recursos que se han presentado en el concurso de Fagor Electrodomésticos han partido de la Administración del Estado, en virtud del espíritu de una Ley Concursal que parece que busca más el cierre y la desaparición de empresas que ser un instrumento que ayude a su continuidad.
Esta obstinación de la Seguridad Social que aprovecha su carácter de acreedor privilegiado para presentar recursos en todos los concursos en demanda de sus deudas, aunque se haya convertido en una tradición, no por ello debe ser considerada como una mala práctica si se tiene en cuenta los efectos negativos que puede tener, si, como es el caso de Fagor Electrodomésticos, se ha resuelto de la forma más favorable que se hubiera podido imaginar hace un año.
En este sentido este tipo de contingencias deberían de haberse previsto por parte del Gobierno Vasco para tratar de llegar a un acuerdo con el de Rajoy a la hora de buscar una solución a las demandas de la Tesorería de la Seguridad Social y evitar la presentación de recursos que pudieran entorpecer la resolución del concurso de Fagor. Este tipo de situaciones ya se han hecho en el pasado, como fue en el caso de Ramón Vizcaino, donde la estrecha colaboración entre el Gobierno Vasco y la Administración del Estado, a través del ICO y la Seguridad Social, y la Hacienda de Gipuzkoa hizo posible salvar, en ese momento, a la empresa a través de mecanismos innovadores que buscaban su continuidad.
De momento, se está a la espera de que los administradores concursales eleven su informe, afirmando que no hay sucesión de empresas entre Fagor y Cata, -que es el argumento utilizado por el Estado-, y que puede existir una discriminación frente a otros acreedores, al juez de lo Mercantil Número 1 de Donostia, Pedro José Malagón para que éste dicte el pertinente auto, con lo que el grupo catalán adjudicatario de los activos no ha modificado ninguna posición sobre su propuesta aceptada en julio.