la situación económica tan convulsa que nos ha dejado la crisis requiere que, por parte de los responsables políticos y las instituciones públicas, se adopten decisiones con cierta dosis de prudencia, realismo y sensatez para no complicar más un panorama que todavía se nos presenta incierto y sin un horizonte claro.
No parece que propuestas como la del diputado general de Araba, Javier de Andrés, de plantear una rebaja fiscal tenga mucho sentido y parta de bases de realismo, sobre todo cuando ha sido su partido el que mayor tijeretazo ha dado al Estado de Bienestar por los recortes que ha hecho apelando, precisamente, a la falta de recursos públicos por la caída de la recaudación fiscal. Este es el momento de la estabilidad y de la seguridad jurídica donde se asienten las bases de la recuperación económica, y no de cambios de marco que despiden tal tufo electoralista y partidista que carecen del más mínimo rigor.
De la misma forma, la propuesta de Bildu de que Kutxa ceda gratuitamente el 27,1% de su participación en Kutxabank a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a los ayuntamientos guipuzcoanos es el claro ejemplo del mago que saca el conejo de la chistera para mostrar una realidad que nada tiene que ver con la existente; una demostración de la falta de ideas que la izquierda abertzale ha demostrado en todo el proceso de fusión de las cajas vascas y la posterior constitución de Kutxabank.
Un asunto tan importante como es el del futuro de Kutxa y el 32% de su participación en Kutxabank, valorada en unos 1.500 millones de euros, no puede ser tratado mediante la presentación pública de un documento que arroja muchas lagunas sobre la eficacia de la medida, sin que haya sido trasladado previamente a los respectivos consejos de administración de las dos entidades para tratar de buscar los consensos necesarios con otras fuerzas políticas como, por ejemplo, el PNV, que ha propuesto que la Diputación Foral de Gipuzkoa adquiera las acciones de Kutxabank que Kutxa tiene que vender para quedarse con una acción menor del 30%, frente al 32% actual, para evitar la entrada de capital exterior al banco, en aplicación de la Ley de Cajas.
No solo se ha negado a ocupar, desde su constitución, los dos puestos que le corresponden en el consejo de administración de Kutxabank, sino que ha rechazado formar parte del grupo de trabajo constituido en Kutxa para buscar la mejor fórmula de responder a los imperativos que la UE y el Banco de España plantean para reconvertir las cajas de ahorro en fundaciones bancarias y rebajar la participación de estas entidades en el banco del que son fundadoras.
Ese es el marco donde Bildu debería de haber planteado su propuesta, que es el que corresponde al procedimiento que se sigue en cualquier entidad que se precie, mucho más si es de naturaleza financiera, como es el caso, donde el estrecho margen regulatorio que marca Bruselas, a través del Banco de España, hace muy difícil plantear cuestiones que vayan mucho más allá de lo decidido en la sede de la UE. Hay que recordar que Kutxabank ha sido sometido a un test de estrés por parte de las autoridades económicas europeas y por las impresiones que se tienen en la entidad, el resultado va a ser muy favorable al banco vasco. Marcar posiciones políticas desde el exterior, sin entrar en las complejidades técnicas que requiere el funcionamiento de una entidad financiera, siempre ha sido más fácil.
Bildu deberá aclarar si la cesión de las acciones de Kutxa a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a los ayuntamientos va a ser gratuita o no, a tenor de la discrepancia que se recoge en el informe jurídico en el que parece que se sustenta la propuesta presentada por el diputado general, Martin Garitano, y que hace referencia a la transmisión mediante un precio. Si hay una cesión gratuita estaríamos ante un problema de inconstitucionalidad, ya que se vulnera un principio como es el derecho de propiedad que se recoge en el texto constitucional. Incluso en los casos de expropiación por parte de las instituciones públicas en favor del bien común, se establece siempre un precio indemnizatorio.
Si no fuera así estaríamos hablando de una incautación pura y dura de una participación accionarial que como sugiere Bildu sería del 27,1%, es decir, 1.270,3 millones de euros que pasarían a manos públicas sin ningún tipo de control, ya que en la propuesta no se recoge ningún órgano que administre este patrimonio diluido entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los 88 ayuntamientos guipuzcoanos.
Otra cuestión a plantear es saber a quién corresponde esa participación porque, salvo la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Donostia, como entidades fundadoras, creo que los clientes de Kutxabank procedentes de Kutxa tendremos algo que decir a cuenta del destino de un patrimonio que se ha ido generando gracias a la confianza que los guipuzcoanos hemos tenido en esa caja de ahorros a la hora de depositar nuestros ahorros y de pedir los créditos para actividades empresariales, de negocio o domésticas. ¿O es que los antiguamente llamados impositores no tienen nada que decir en un proceso de esta naturaleza, máxime cuando el objetivo es el control público y social de Kutxa?
Otra duda que se plantea son los importantes costes fiscales que una operación de este tipo tienen, tanto con el pago del Impuesto de Donaciones ?si hay una cesión de los títulos a los ayuntamientos?, como el de Transmisiones, a la hora de que los beneficios que obtengan de Kutxabank se trasladen a la Fundación Kutxa para su destino a la Obra Social, ya que no deja de ser una cesión de beneficios a terceros. Eso sin tener en cuenta la merma de recursos que puede tener la Obra Social por esta tributación, ya que hasta ahora el 25% de los beneficios de Kutxabank van destinados a la Obra Social de las tres cajas vascas en función de su participación en el banco.
Sería deseable que de aquí hasta final del mes de octubre, que es cuando se espera se celebre la asamblea general de Kutxa, donde debe decidir su conversión o no como fundación bancaria y ratificar a los miembros del patronato, Bildu pueda aclarar estas cuestiones que son de gran peso cuando hablamos de una entidad financiera, con todo lo que ello significa. Si no, será otro brindis al sol en clave de confrontación política como parece que algunos pretenden con Kutxa teniendo como horizonte las elecciones forales y municipales del próximo mes de mayo. l
