Tiempo de consenso

A pesar de que la crisis no solo ha sido capaz de tratar de encauzar las relaciones entre empresarios y sindicatos con el fin de buscar un mínimo consenso para evitar el cierre de empresas -algunas de ellas muy posicionadas y con posibilidades de futuro, como ha ocurrido en varios casos en Gipuzkoa-, y diseñar dentro de una altura de miras un escenario de estabilidad, sin embargo dos hechos, precisamente consecuencia de la mala coyuntura económica, han hecho posible la coincidencia general sobre sus resultados.

La adjudicación al grupo catalán CNA -al que pertenece Cata Electrodomésticos- de los activos de Fagor Electrodomésticos y la retirada del proyecto de construcción del puerto exterior de Pasaia han provocado el acuerdo unánime entre todos los agentes concernidos al entender que, tanto el auto dictado por el juez de lo Mercantil número 1 de Donostia, Pedro José Malagón, como la decisión de la Autoridad Portuaria de Pasaia, presidida por Ricardo Peña, entraban dentro de la lógica de lo que, en este momento, es pertinente y necesario.

En la adjudicación de los activos de Fagor Electrodomésticos al grupo presidido por Jorge Parladé no ha habido, de momento, ningún disenso que haya puesto siquiera un leve matiz de discrepancia a una decisión que no tenía vuelta atrás. Era tal la contundencia de la oferta final presentada por CNA Group, que cualquier decisión diferente en favor de la argelina Cevital no se habría entendido no solo por las cuestiones técnicas de la puja como eran la oferta económica, la generación de empleo, la forma de pago, etc., sino por la desconfianza que generaba a la hora del mantenimiento de la actividad industrial en Euskadi. De momento, se iban a llevar a Argel las líneas de producción de lavadoras, lavavajillas y frigoríficos.

Todo ello, sin contar con las suspicacias que generaba que al frente de la operación de compra impulsada por Cevital se encontraba el ejecutivo que diez meses antes había decidido sacar a concurso de acreedores la cooperativa al no poder hacer frente a un pasivo de más de 1.000 millones de euros. Algo que ética y estéticamente parece que no puede aceptarse.

En cualquier país del mundo donde la economía de mercado funciona con alguna seriedad una situación como esta habría constituido todo un escándalo y habría hecho actuar de oficio al fiscal, bien para aclarar el fondo de esta transformación -en la que de un día a otro el liquidador se convierte en vendedor de los bienes que administraba- o para responder por una gestión negligente que ha puesto en la calle a cerca de 2.300 trabajadores, pérdidas y grandes afecciones a sus proveedores y apuntar en la barra del hielo los impagos a créditos públicos. Pero tenemos la legislación que tenemos que, en estas cuestiones, parece que no actúa con la contundencia que debiera. Todo ello, al margen del informe de los administradores concursales -que han calificado el concurso de acreedores de fortuito- y de que la empresa no se encontraba supuestamente en situación de insolvencia con anterioridad a la solicitud.

De momento, tal y como afirma el presidente de CNA Group, Jorge Parladé, en la entrevista que publica hoy este periódico, todas las plantas de Fagor Electrodomésticos reanudarán su actividad a final de año, con lo que las líneas de producción de la ya antigua cooperativa habrán estado paradas tan solo cerca de un año, todo un récord a la hora de resolver el concurso de acreedores mas importante y complejo que se ha presentado hasta ahora en Euskadi.

Los sindicatos han manifestado su acuerdo con la adjudicación a CNA Group, lo que pone en evidencia que el acuerdo ha sido posible en unas condiciones aceptables con la aplicación del convenio del Metal de Gipuzkoa. El propio presidente, Jorge Parladé, ha calificado a los sindicatos ELA y LAB de “dialogantes y dispuestos a buscar soluciones y llegar a acuerdos”. No está mal para empezar.

Respecto a la retirada del proyecto del puerto exterior de Pasaia, la decisión de la Autoridad Portuaria, presidida por Ricardo Peña, no puede ser más sensata. A día de hoy la coyuntura económica no permite el dispendio de invertir 1.000 millones de euros, que podría ser el coste de la nueva dársena finalizada para dar cobijo a un tráfico de mercancías de 17 millones de toneladas, cuando las previsiones en los próximos diez años son de cinco millones y la capacidad del actual puerto es de 6,7 millones.

El problema no solo está en la estabilización del tráfico de mercancías en los próximos años, sino que los recursos que se iban a obtener de la venta de los terrenos del actual recinto portuario para financiar parte de las obras de la dársena son imposibles de conseguir a día de hoy, dada la coyuntura económica que no invita al desarrollo de nuevos proyectos residenciales. A esto debemos añadir la decisión de Iberdrola de no construir en Pasaia ninguna instalación de producción eléctrica, como en un principio se preveía, tras decidir hace un año el desmantelamiento de la térmica, con lo que los factores que en su día podrían justificar el proyecto se han venido abajo.

La decisión ha sido bien aceptada por los partidos políticos y asociaciones y plataformas ciudadanas, unos con sus razones y otros con las suyas, por lo que una vez conseguido el consenso, al desaparecer el principal elemento de discrepancia, bueno sería que todos los agentes políticos, económicos y sociales fueran de la mano no solo para provocar el aumento de los tráficos de mercancías, sino para hacer de Pasaia un puerto urbano modélico de convivencia entre su actividad y sus municipios. Es necesario insertar el puerto como un elemento muy importante en la vida y en la economía de los guipuzcoanos a la hora de generar riqueza y bienestar y es pertinente el rechazo a posiciones radicales que ven el recinto portuario como el Gibraltar guipuzcoano y por lo tanto un espacio hostil. El futuro está por delante.