Si el pasado mes de octubre cuando la dirección de Fagor Electrodomésticos pidió la entrada en concurso de la cooperativa guipuzcoana que fue aprobado por el juez de lo Mercantil Número 1 de Donostia, Pedro José Malagón, el día 19 de noviembre, alguien hubiera dicho que nueve meses después las plantas del fabricante de electrodomésticos iban a contar con un nuevo o nuevos propietarios lo hubieran tomado por loco.
Pensar que a partir del próximo día 29 de julio, como muy tarde, ya que el juez Malagón tiene un plazo desde el día 24 de ese mes, las plantas de Garagartza y Eskoriatza, a la que se puede sumar la de Edesa en Basauri, puedan reiniciar su actividad de la mano de otra propiedad después de estar nueve meses paralizadas, es algo que nadie podía pronosticar conociendo la lentitud con la que se desarrollan los procesos concursales en este país y que pueden durar varios años. Mucho más si se trata del concurso con el mayor volumen de pasivo reconocido y mayor número de acreedores presentado hasta ahora en Euskadi, a lo que hay que añadir la dificultad de afrontar el proceso con una empresa cuya personalidad jurídica era una cooperativa y que contaba con varias sedes en el extranjero.
Que en el tiempo que dura casi un embarazo un proceso concursal de la complejidad del de Fagor Electrodomésticos con un pasivo de 1.028 millones de euros, más de 8.000 acreedores con filiales y plantas en cuatro país europeos pudiera resolverse como lo está haciendo no se lo podía creer ni el más optimista. Entre otras razones por el espíritu que subyace en la Ley Concursal española que tiende a preservar los intereses de los acreedores frente al deseo de reiniciar cuanto antes la actividad de la concursada, como por ejemplo, lo hemos podido ver en Francia donde las plantas productivas de Brandt llevan ya operando desde hace dos meses. A lo que hay que añadir los medios que la Administración de Justicia dispone a la hora de dirimir en asuntos mercantiles, que en el caso de Donostia, se reduce a un solo juzgado.
Pues bien, a pesar de todas estas dificultades, la liquidación de Fagor Electrodomésticos va a batir todo un récord histórico gracias, fundamentalmente, a la disposición del juez Pedro José Malagón, que ha centrado el 80% de la actividad de su juzgado en el proceso concursal de la cooperativa guipuzcoana y de la decisión del Banco Popular, uno de los acreedores, que designó a la consultora donostiarra Norgestión como administradora concursal, de la misma forma, que la CNMV nombró también a otra consultora donostiarra Sayma para realizar la misma función dentro de una agrupación de interés económico con auditores y administradores catalanes.
La conjunción de un juez que se ha empeñado en dar celeridad en el proceso para resolver cuanto antes el concurso, que ha demostrado una capacidad de trabajo terrible, tomando la iniciativa, reuniéndose cuantas veces hay sido necesaria con administradores concursales, dirección de la empresa, acreedores, posibles compradores etc, a lo que hay que añadir, no solo la dedicación al 100% de sus profesionales en el asunto, sino, y muy importante, el conocimiento profundo que tanto Norgestión como Sayma tienen del tejido empresarial guipuzcoano, del mundo cooperativo, del saber hacer del sector industrial del territorio y de sus capacidades, es lo que ha hecho posible este milagro.
"Estamos aquí y queremos que las cosas se hagan bien, para que nuestras empresas sigan existiendo y que el empleo se mantenga y se generen nuevos puestos de trabajo". Esta frase pronunciada por un profesional que está trabajando en el proceso resume perfectamente la filosofía con la que están actuando todos los agentes concernidos en el concurso de Fagor Electrodomésticos.
Hay que destacar que desde el primer momento del concurso de Fagor Electrodomésticos tanto el juez Malagón como los administradores concursales se conjuraron, sin saltarse el marco legal que fija la Ley Concursal, en acelerar el proceso con un primer objetivo: reanudar cuanto antes la actividad de las plantas productivas y perseguir el mayor mantenimiento de puestos de trabajo por parte de los nuevos propietarios. Hasta el punto de ser una de las variables que se van a tener en cuenta a la hora de la puja de las diferentes ofertas que se presenten por los activos de Fagor Electrodomésticos.
Ha sido tal el ritmo que tanto el juez Malagón como los administradores concursales han puesto en el concurso de Fagor Electrodomésticos que el plan de liquidación de la cooperativa ha sido aprobado antes que el informe de los administradores concursales sobre la situación financiera de la concursada con anterioridad a su quiebra, para de esta forma ir avanzando en fases para evitar la pérdida de tiempo que al final va en contra de la valoración de los activos que se quieren liquidar.
Estoy seguro que si el juez del concurso de Fagor Electrodomésticos hubiera sido otro distinto a Malagón la paralización del juzgado por un caso de la complejidad de este hubiera sido tal que no hubiéramos visto una providencia en seis meses. En el caso del juzgado de lo Mercantil Número 1 de Donostia, no solo se ha trabajado con el asunto de Fagor Electrodomésticos, sino que se ha continuado con los otros concursos pendientes aunque de una manera menos acelerada en opinión e los interesados.
De la misma forma hay que destacar a los profesionales de Norgestión y de Sayma que con su actuación han puesto en evidencia a administradores concursales que han sido designados en la actualidad en concursos de empresas guipuzcoanas y que proceden de Bizkaia, Araba y Navarra, que no solo no se interesan por la forma de tratar de salvar a la compañía para que pueda continuar con su actividad con otros inversores, sino que ponen todo su empeño en dificultar cualquier solución para forzar el cierre de la empresa y con ello, cobrar sus honorarios, porque de lo contrario podrían reducirse. Es como poner a un zorro a cuidar de unas gallinas. Y ello, al amparo de la ley.
Por eso, Fagor Electrodomésticos va a volver a tener un sitio en la historia, no ya por ser la primera empresa que fue germen de un movimiento cooperativo que es referente en el mundo, sino también a la hora de su liquidación por ser un ejemplo de que en la desaparición de una compañía también debe prevalecer el objetivo de causar el menor daño al conjunto de la sociedad, sobre todo en donde esta radicada.