Marco vasco de relaciones laborales
La existencia de un marco propio de relaciones laborales en Euskadi es una reivindicación histórica por parte de los sindicatos abertzales que no ha tenido nunca ninguna respuesta desde el mundo político, probablemente porque nunca se ha visto en la necesidad de que este país fuera competente para legislar en materia de normativa laboral. Es cierto que la legislación laboral no es competencia de Euskadi, según se recoge en el Estatuto de Gernika, pero también no es menos cierto que desde el propio Gobierno Vasco nunca se ha hecho hincapié en que el autogobierno vasco contara con estas herramientas.
Los efectos de la crisis económica y la promulgación de unas leyes dictadas desde Madrid que responden a una casuística que poco tiene que ver con la realidad de este país, como puede ser la reforma laboral de 2012, ha hecho que el guadiana del marco propio de relaciones laborales se presente en este momento como algo de vital necesidad a la hora de reestructurar los flujos de comunicación entre empresarios y trabajadores.
La iniciativa del PP de hace dos años ha querido hacer desaparecer el concepto de negociación colectiva que existía hasta entonces para centrar en la patronal la capacidad de decisión de las relaciones laborales en perjuicio de los trabajadores y elevando la negociación colectiva a un rango estatal ante la ausencia de convenios sectoriales autonómicos.
La reforma laboral de Rajoy habrá servido en una economía como la española basada en los servicios, como es el turismo, con una gran desestacionalización y con poco lastre en el sector industrial, que justo llega al 16% del PIB, pero poco ha tenido que ver con las necesidades de una economía tan industrializada como la vasca hasta el punto de suponer el 21,3% de su PIB y donde las necesidades entre empresarios y trabajadores se miden en parámetros de cualificación, productividad e internacionalización.
Esa desaparición de las relaciones laborales en Euskadi, con todo lo que ello comporta de conflicto en la defensa de intereses entre empresarios y trabajadores, que ha traído la reforma laboral del PP es lo que está provocado que la mesa de diálogo social que impulsa el Gobierno Vasco sea en este momento más necesaria que nunca, entre otras cosas, porque la distancia entre unos y otros es cada vez mayor y recuperar una situación de aproximación se hace cada vez más complicada.
No puede ser que en la CAV más de 300.000 trabajadores estén desprovistos de un marco regulador en el seno de sus empresas como es el convenio colectivo y con sus salarios congelados, mientras que al amparo de la situación haya empresarios que se aprovechen para impulsar la precariedad en el empleo en una espiral que conduce no solo a la desigualdad entre los trabajadores, sino también a una mayor desestructuración social con todo lo que ello conlleva.
Por eso, hay que saludar de manera positiva la posición que ha adoptado el sindicato LAB de tender la mano al diálogo social lanzado por el Gobierno Vasco, en todo lo que supone un ejercicio de responsabilidad, desde la condición de que en ese marco se discutan las políticas sociales y económicas que luego se van a aplicar. Una petición que parece justa y lógica, teniendo en cuenta que de lo que se trata es de retomar un marco de diálogo al que la propia patronal vasca dio el portazo hace dos años para evitar una ampliación de la ultraactividad de los convenios vigentes en aquel tiempo a rebufo de las iniciativas del PP.
A pesar de ese desaire de Confebask, crecida en aquel tiempo porque estaba subida a la txanpa de una reforma laboral pensada para los empresarios y que hacía desaparecer de un plumazo las conquistas de los trabajadores desde el siglo XIX, Urkullu ha vuelto a activar la mesa de diálogo social para, por un lado, normalizar, las relaciones entre empresarios y sindicatos -que no es poco cuando unos y otros han estado hasta ahora en el monte- y, por el otro, tratar de revertir a nivel salarial, allá donde se pueda, la mejoría de la actividad para que tenga luego su traducción en el aumento del consumo desde hace cuatro años, como lo acabamos de ver con los últimos datos del Eustat.
En la propuesta que LAB ha hecho llegar al Departamento de Empleo para participar en la mesa de diálogo social hay un elemento importante que hay que destacar, por lo que supone de innovación en las posiciones hasta ahora conocidas en los sindicatos vascos, como es la participación de los trabajadores en la empresa, lo que conlleva a hablar de un nuevo modelo empresarial.
Esta es la gran aportación que LAB hace que, no es ni más ni menos, aceptar y querer formar parte en ese debate de la participación de los trabajadores en las empresas en sus distintas variables que algunos llevamos tiempo proclamando, desde el principio de que ese modelo comporta una mayor democratización de las relaciones laborales en el seno de la empresa.
Y ahí tiene razón LAB cuando plantea sus dudas sobre el alcance de la participación de los trabajadores en las empresas que, en contra de lo que alguien ha podido creer, la competitividad de las empresas no parte de un cambio del nivel salarial por dejar a los empleados que puedan dar su opinión sobre la gestión o tener pluses en función de los beneficios al final del ejercicio, sino que va más allá en lo que se trata de compartir el proyecto empresarial en su desarrollo. Otra cosa es la participación en el capital, donde el nivel de responsabilidad cambia sustancialmente.
La mano que ha tendido LAB para participar en la mesa de diálogo social promovida por el Gobierno Vasco es una buena noticia en lo que supone de normalizar las relaciones en el mundo socioeconómico vasco que siempre ha tenido una deriva más compleja que el político, probablemente, porque los problemas que se tratan son más concretos y afectan a elementos sustanciales del vivir diario de los ciudadanos. Sabiendo que ELA no está por la labor, se espera que Confebask no repita el portazo del julio del 2012 para poner los cimientos de ese marco vasco de relaciones laborales.