El ejemplo de Fagor
El proceso concursal de Fagor Electrodomésticos, el más complejo de los que se ha presentado hasta ahora en Euskadi por los 1.000 millones de euros de pasivo que tenía la cooperativa en su cierre y la complejidad que supone la existencia de filiales y plantas productivas en cinco países, ha tardado solo cinco meses desde que fue solicitado a entrar en la recta final que es la presentación de su plan de liquidación y la adjudicación de los activos a los nuevos compradores que podría materializarse en el próximo mes de junio. Todo un récord.
La razón de tanta diligencia es que tanto el juez de lo Mercantil Número 1 de Donostia, Pedro José Malagón, como los administradores concursales han tenido claro desde el principio que había que resolver cuanto antes el procedimiento para llegar a la recepción de ofertas por parte de aquellos interesados en adquirir las plantas de Fagor para evitar un mayor deterioro de los activos y de las marcas del grupo, reanudar cuanto antes la actividad de aquellas unidades productivas que ya eran rentables cuando la cooperativa estaba activa y que siguen siendo en la actualidad, y conseguir el mantenimiento del mayor número de empleos con la nueva etapa.
Y en este contexto hay que poner en evidencia la generosidad con la que algunos acreedores han actuado en el caso de Fagor Electrodomésticos, que no van a recuperar la deuda reconocida, entre otras cosas, porque el valor de los activos que se van a poner en liquidación no llega a los 150 millones de euros, si se tiene en cuenta la auditoria que la propia Fagor Electrodomésticos adjuntó en su solicitud de concurso y que recogía una valoración de 500 millones.
La recuperación de la actividad y el empleo en las plantas de Fagor en Euskadi no es una cuestión baladí en una comarca como es la de Debagoiena, que hasta la quiebra de Fagor Electrodomésticos era una de las zonas de Gipuzkoa con menor tasa de paro, -ni siquiera computaba la estructural-, y que de la noche a la mañana ha visto engordar las listas de Lanbide para los cerca de 1.000 trabajadores por cuenta ajena que empleaba y tratar de buscar una reubicación en otras cooperativas del grupo Mondragon a los socios del fabricante de línea blanca, El problema no ha sido solo perder el empleo, sino que muchos cooperativistas se han quedado arruinados porque los ahorros de toda su vida los invirtieron en unas aportaciones voluntarias a la cooperativa que van a ser de muy difícil recuperación, ya que en el proceso concursal estos inversionistas están al final de la lista de acreedores.
Este escenario tampoco no hubiera sido posible tampoco si no hubiera existido la fuerte presión de los gobiernos francés y vasco, sobre todo el primero, que se estaba jugando su perfil de izquierdas si no lograba rescatar de la liquidación las fábricas de Fagor en Francia y con ello conseguir el mantenimiento de 1.200 puestos de trabajo de los 1.800 que contaba la filial gala.
El hecho de que las marcas con las que Fagor operaba en Francia estuvieran en Fagor Ireland, una filiaL en concurso cuya competencia era del juez donostiarra Malagón, frente a los intentos franceses de llevarse su jurisdicción, ha hecho que en el tablero de ajedrez que ha sido este proceso, el peso de la posición vasca haya sido determinante, porque si en Donostia no se autorizaban la venta de las enseñas, el país vecino se quedaba sin comprador para sus plantas. Una cuestión de estrategia y de medir los tiempos que ha sido importante para llegar a este final.
Prueba de ello, es que el gobierno francés, teniendo como horizonte las elecciones municipales celebradas hace dos semanas, que han constituido una auténtica debacle para François Hollande, situó el proceso concursal de Fagor en Francia como toda una cuestión de Estado, hasta el punto de que el presidente de la República aprovechó una cumbre en Bruselas para interceder ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que el juez Malagón autorizara las venta de las marcas al precio de 25 millones que ofrecía Cevital.
También el Gobierno Vasco, tanto por parte del lehendakari Iñigo Urkullu, a través de una carta a Mariano Rajoy, en la que planteaba la necesidad de buscar soluciones, como la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, se ha hecho un trabajo ingente de cocina para tratar de llegar a acuerdos no solamente con el ministerio de Industria, sino con el propio presidente de Cevital, Issad Rebrad. Hasta el punto de modificar sustancialmente las condiciones de su primera oferta y aceptar pagar al contado los 25 millones de euros de las marcas y elevar de 2,5 millones a 12,5 millones su propuesta de adquisición de los activos de Fagor en Gipuzkoa con el compromiso de crear 300 puestos de trabajo.
Hay que constatar que Donostia ha sido también escenario importante de esta operación, no solo por ser la sede del juzgado sino por ser el lugar donde el pasado 21 de marzo, la consejera Tapia se reunió con el presidente de Cevital, Issad Rebrad, quien formalizó de manera definitiva su posición respecto de las marcas y de los activos de Fagor en Euskadi. Tapia aprovechó la asistencia a un acto de la Cámara de Gipuzkoa para, posteriormente, celebrar la reunión con el millonario argelino que preside una corporación que factura 2.600 millones de euros, da empleo a 12.000 personas y está presente en diez sectores desde el agroalimentario a la gran distribución pasando por la producción de vidrio o la fabricación de electrodomésticos.
La nota discordante, que revela una vez más la falta de coherencia política en asuntos económicos que caracteriza al gobierno Rajoy, la puso el ministro de Economía, Luis de Guindos, a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), que se opuso, en un principio, a la venta de las marcas a Cevital, incluso presentó un recurso en Francia en favor de la liquidación. Cofides reclama una deuda de siete millones de euros de un crédito concedido a Fagor para la compra de un pabellón en Polonia con la garantía de una instalación de FagorBrandt por la que está interesado el grupo argelino.
A partir de ahora los procesos concursales de Francia y Euskadi que han ido en paralelo con una gran conexión entre los dos tribunales van a discurrir por separado porque uno se centra en la adjudicación de los activos y el otro en su liquidación, con lo que tiene poco sentido, frente a lo que algunos insistentemente están afirmando, que la reanudación de la actividad de las plantas en Euskadi dependa de Cevital, al tener FagorBrandt algunas patentes y derechos de propiedad industrial, que afectan a la producción en Arrasate. Una situación que no puede darse, ya que según han reconocido Fagor Electrodomésticos y los administradores concursales cada una de las plantas cuenta con sus patentes y sus propios modelos de desarrollo.
Si el caso Fagor está encauzado con un futuro esperanzador bueno sería que esa conjunción de intereses que ha habido en la cooperativa se repitieran en el caso de otras empresas de menor tamaño y sin tanta proyección pública que, a pesar de que tienen ya posibles compradores, el administrador concursal parece que no está dispuesto a que continúe con su actividad y opte por la liquidación. Se plantea como necesario una revisión de los procesos concursales desde un prisma social como es el de la reanudación cuanto antes de la actividad, si es posible, y el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo.