Gipuzkoa, territorio comanche

el episodio de Donostia capital cultural 2016 ha vuelto a poner de relieve el carácter paralizante que genera el debate permanente que tenemos en Gipuzkoa cuando se intenta poner en marcha proyectos de contenido colectivo y social que necesitan del consenso político. La crisis de Donostia 2016 es el mayor ejemplo de la mediocridad en la gestión de los responsables públicos que nos está tocando en suerte y que priorizan sus intereses políticos frente a los colectivos

A nuestros cargos públicos les hace falta en la gestión de Gipuzkoa y de su capital una mayor visión empresarial de hacer política, afán de competitividad y una denodada ambición de tratar de conseguir el mayor beneficio en las acciones que realizan para que el dividendo, en este caso social, a repartir a sus accionistas, ?que somos todos los ciudadanos?, sea el mayor posible.

Con el vodevil que han protagonizado el patronato de Donostia 2016, con el alcalde Juan Karlos Izagirre a la cabeza, y su exdirectora general, Itziar Nogeras, de actriz principal, lo pertinente es que la junta general de accionistas pida la revocación a todos sus miembros por su inoperancia y por haber llevado a la empresa a una situación de preconcurso a la espera de que otro consejo de administración tenga claro que sus objetivos es proyectar la ciudad y Gipuzkoa a Europa con todo lo que ello supone de beneficio para los guipuzcoanos. Algo que hoy no parece claro.

Por mucho que se quiera correr ahora, la imagen de Donostia que va a quedar en Europa después del sainete continuo que ha supuesto este proyecto va a ser la de la chapuza, la desconfianza y la poca credibilidad de aquellos que son incapaces de llegar a consensos para preservar el interés general frente al partidario.

Esa defensa de los intereses partidarios es lo que hace que Gipuzkoa sea el único territorio del Estado con el impuesto de Patrimonio más alto, ?aquí se llama pomposamente impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas?, que grava la inversión en inmuebles afectos a actividad económica en un 25% de su valor y que tiene como destinatarios, fundamentalmente, a aquellos contribuyentes que tienen su patrimonio invertido en la empresa familiar. Algo muy frecuente en Gipuzkoa, teniendo en cuenta los orígenes de muchas de nuestras empresas, algunas de ellas, curiosamente en situación delicada por efecto de la crisis.

Esta situación puede suponer que haya contribuyentes de una misma familia con participaciones en empresas pasen de haber pagado en conjunto 20.000 euros el año pasado a tener que abonar 120.000 euros en este ejercicio. La consecuencia es que muchos empresarios han optado por deslocalizarse y fijar su domicilio fiscal en otros territorios o en Madrid, donde no existe este impuesto, o decidir realizar las ampliaciones de sus empresas fuera de Gipuzkoa.

Esta salida de empresarios, que puede dar lugar en el corto y medio plazo a una falta de inversión en nuestro tejido industrial y, en consecuencia, una descapitalización de la economía guipuzcoana, no es algo que se oculte, como ocurría en el pasado con el denominado impuesto revolucionario, donde la discreción era un valor absoluto por razones obvias, sino forma parte del argumentario común a nada que se encuentren dos empresarios. Aunque, por motivos lógicos, es muy difícil cuantificar el número de empresarios que han abandonado Gipuzkoa, sin embargo, desde algunas instancias ya se empiezan a lanzar algunos datos sobre este fenómeno y se empiezan a situar en 50 la cifra de deslocalizaciones en un proceso que puede duplicarse y acercarse a los dos centenares.

Este es el único impuesto que no se ha modificado en la reforma fiscal impulsada por el PNV, PSE y PP, por la sencilla razón de que no forma parte, en este momento, de la agenda de los socialistas, autores del invento cuando, en un afán por recuperar un rojerío olvidado en el baúl de los recuerdos, se aliaron con Bildu para, en un pacto que no duró ni un año, poner en marcha una política fiscal de recuperación de los viejos esquemas marxistas de contraponer el capital opresor a la fuerza del trabajo y el reparto de la riqueza.

Los autores de semejante iniciativa no se dieron cuenta de que Gipuzkoa no es tierra de multinacionales y grandes terratenientes, sino de emprendedores que, muchas veces endeudados hasta las cejas, con mucha voluntad, esfuerzo, trabajo y sacrificio han puesto en marcha empresas que dan trabajo a un gran número de personas y que contribuyen a las arcas públicas y al sostenimiento de nuestro sistema de bienestar social.

Para los que tienen como referente la República Bolivariana de Venezuela puede parecer normal que sigan en esa línea, pero lo que no tiene ningún sentido, es que los que proceden de un entorno industrial de pymes como puede ser el caso de Eibar, sigan impasibles en su posición por razones de beneficio puramente partidario, debido a que en tiempos preelectorales, no hay que hacer mudanza. No vaya a ser que nos quedemos sin votos antes de que nos quedemos sin poder comer.

Es el mismo personaje que, aun reconociendo que se pasaron de frenada con este impuesto, sigue impasible y ausente de la realidad como ocurrió cuando se planteó la fusión entre BBK y Kutxa en la que Caja Vital no quiso entrar.

En aquella ocasión llegó a utilizar el buzoneo de planfletos con el falaz argumento de que el pez grande se iba a comer al chico para oponerse al proceso.

Su gran perspectiva y visión de futuro ha hecho que el tiempo le haya dado la razón, pero en sentido contrario a lo que pretendía.

Y en este escenario faltan los administradores concursales y el papel que deben tener en la situación económica en la que viven nuestras empresas, ya que se están dado casos de que en vez de buscar salidas a la continuidad de la sociedad concursada y contar con el inversor que vaya a dar garantía a su actividad y al mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo, están poniendo todos los palos en las ruedas parta forzar directamente a la liquidación con el fin de garantizarse unos honorarios que, de otra forma, no serían posibles.

Hay un caso en el que los antiguos gestores de la empresa han conseguido al menos dos inversores interesados en la compañía y en el mantenimiento de su actividad y del empleo, sin que el administrador concursal haya mostrado el más mínimo interés por el asunto.

Cuando el interesado en la empresa contacta con él, la orientación va dirigida a la liquidación porque va a conseguir lo mismo, pero por un precio mucho más reducido que si fuera directamente a la adquisición.

Con esta situación, parece que lo pertinente es cambiar radicalmente el papel de los administradores concursales para preservar la continuidad de las empresas y evitar que Gipuzkoa se convierta en un rosario de restos industriales por culpa de una ley Concursal alejada de una realidad muy afectada por la crisis. l