hay que constatar que el concurso de Fagor Electrodomésticos se ha convertido en un culebrón no porque difiera de otros, sino porque para el Gobierno francés se ha transformado en una cuestión de Estado y algunos han entrado en esa estrategia de manera grácil y voluntariosa, sin tener en cuenta que los procesos que se están siguiendo en Francia y en Euskadi discurren por caminos diferentes, porque los propios franceses quisieron que fuera así, y porque, los intereses en uno y otro difieren sustancialmente.
El chauvinismo y la grandeur de Francia no podían consentir que las plantas de Fagor en el hexágono galo pudieran quedar bajo otra jurisdicción que no fuera la propia, hasta el punto de que el Gobierno francés presionó hasta lo indecible para que la presentación del concurso de las plantas de FagorBrandt se hiciera en Nanterre y no en Donostia, con el fin de controlar el procedimiento en defensa de sus intereses, entre los que no entraban, obviamente las fábricas de Arrasate, Eskoriatza y Basauri. Es la única excepción, ya que el concurso de todas las filiales de Fagor, tanto en Polonia, como en Irlanda, se lleva desde el juzgado de lo Mercantil de Donostia.En esta operación el Gobierno francés, con el apoyo del presidente de la República, François Hollande, ya había buscado comprador para las factorías de Fagor en Francia, con lo que el problema estaba resuelto y se mantenían 1.200 empleos, que era la condición aceptada por el grupo argelino Cevital para entrar en la operación. El resto de las factorías de Fagor en Euskadi o Polonia quedaba fuera de este plan urdido desde un planteamiento en el que nunca ha entrado una solución global a la quiebra de Fagor.Una vez cerrada la operación, los inductores del plan se dieron cuenta de que una fábrica sin el soporte comercial de unas marcas comerciales muy arraigadas en el mercado francés no tenía sentido, por lo que presionaron al juez Pedro José Malagón para que transfiriera desde Donostia esa competencia al tribunal de Nanterre, al estar bajo su jurisdicción el concurso de Fagor Ireland, la tenedora de las enseñas.
La negativa de Malagón a ese requerimiento es lo que ha provocado el culebrón de Fagor Electrodomésticos porque, a día de hoy, nadie habría tenido conocimiento en este país de la existencia del grupo Cevital y, mucho menos, de su interés por los activos de Fagor en Gipuzkoa, cuando fue llamado por el Gobierno francés. La liquidación de FagorBrandt para el Ejecutivo galo es un problema de primera magnitud, al residenciarse en una zona cercana a París, muy afectada por la crisis y con grandes presiones por parte de cargos públicos, sindicatos y, sobre todo, en medio de las elecciones municipales que hoy celebran su segunda vuelta, con los peores resultados para los socialistas de Hollande.Hay que decir que, gracias a que el juez Malagón se mostró firme en no ceder la competencia del concurso de Fagor Ireland, tenedora de las marcas francesas, el grupo Cevital -que fue llamado por el Gobierno galo para rescatar las plantas de Fagor en Francia y que tuvo que hacer una oferta de 2,5 millones de euros por los activos físicos de la cooperativa vasca en Gipuzkoa- se ha visto obligado a incrementar en 10 millones más la oferta y el compromiso de crear 300 puestos de trabajo como señuelo para hacerse con las marcas comerciales francesas. A día de hoy -que sepamos- todo son promesas, porque Cevital aún no ha presentado oferta formal por las plantas de Fagor en Arrasate y Eskoriatza y resto de activos en Gipuzkoa, cuando la liquidación lleva días abierta.
Curiosamente, esos diez millones de euros que Cevital dice estar dispuesto a pagar por los activos de Fagor en Gipuzkoa son los mismos que el aumento de Malagón sobre la oferta de 25 millones que el grupo argelino proponía por las marcas. Cevital parece no estar dispuesto a pagar esos diez millones de más por intangibles que ha valorado en 25 pero sí acepta modificar el precio de unas plantas por las que está dispuesto a pagar 2,5 millones. Algo no cuadra.Tras la excusa de la tenencia de las marcas como condición para adjudicarse dos de las plantas de Fagor en Francia, Cevital ha abierto un nuevo frente teniendo como argumento la posesión de las patentes. Su argumento se basa en que deben estar en manos de FagorBrandt para que la planta de Garargartza pueda reanudar su actividad. Si en Francia se va a la liquidación de los activos de Fagor, tal y como ocurre en este momento en Euskadi, el adjudicatario de las patentes no tendrá más remedio que ponerse en contacto con el comprador de las plantas vascas que, en este caso, puede ser el grupo catalán CNA, si quiere sacar alguna rentabilidad a la operación. Unas patentes sin una unidad de producción es lo mismo que una fabrica sin patentes y sin marca comercial.Por eso, sorprende el valor que se le está dando al grupo Cevital en Euskadi cuando su interés radica en Francia a instancias del Gobierno galo y que, de rondón, ha aparecido en Euskadi por el único motivo de que las marcas con las que podía operar en el país vecino están residenciadas en el juzgado de lo Mercantil de Donostia. Si la competencia hubiera estado en el Tribunal de Comercio de Nanterre, no hay duda de que los responsables de Cevital no habrían tenido la más mínima necesidad de haberse trasladado a Donostia el pasado día 21 para mantener diversas reuniones.Aquellos que dan por buena una operación diseñada desde los intereses del Gobierno francés en el caso de Fagor, son los mismos que jaleaban, un día sí y otro también, las ocurrencias de un exdiputado de Hacienda que quiso ser el Robin Hood de no se sabe qué, para que los guipuzcoanos tengamos ahora que detraer de las arcas públicas más de 28 millones de euros por su empecinamiento en seguir el procedimiento administrativo contra Kutxa tras haber pagado los 24 milllones por el caso de Repinves, cuando contaba con la aprobación de las primeras inspecciones fiscales.
Son los mismos que daban pábulo y proyección pública a la puesta en marcha de algo tan absurdo en un sistema democrático como un teléfono de chivatos para denunciar fraudes e irregularidades fiscales y a quien, en contra de los servicios jurídicos de la Diputación, imputó a asesores fiscales en el caso de la Hacienda de Irun, acusaciones rechazadas por el juez. Los mismos que entonces le encumbraban, ahora con 28 millones de euros menos en las arcas públicas, guardan silencio. Ellos sabrán por qué. l