No es la primera vez que lo digo. El desarrollo del proceso concursal que está teniendo el caso de Fagor Electrodomésticos tanto en Euskadi como en Francia, donde el marco legislativo para este tipo de situaciones es diferente, están poniendo de relieve hasta qué punto es necesario una modificación de la Ley Concursal que se aplica en el Estado más acorde con la globalización en la que se mueven las empresas y con los ritmos en los que se desarrolla la economía cada vez más frenéticos por culpa de la crisis.

Sorprende que las actuaciones del Tribunal de Comercio de Nanterre con Fagor Brandt, la filial de la cooperativa vasca en Francia, están tratando de marcar de tal modo el proceso concursal en Euskadi que el juez de lo Mercantil número 1 de Donostia, se ha visto obligado a aceptar a trámite la petición de la venta de las marcas con las que operaba en territorio galo para desbloquear la adquisición de dos de sus fábricas por parte del grupo argelino Cevital, cuando todavía no existe el preceptivo informe sobre la deuda acumulada de la matriz.

No solo eso, sino que los ritmos con los que se desarrolla el proceso en Francia han obligado también a los gestores y administradores concursales de Fagor Electrodomésticos a anunciar la presentación de un plan de liquidación de las unidades de negocio más rentables que tenía en Euskadi y que se concentran en tres plantas productivas situadas en Arrasate, Eskoriatza y Bergara, ante el interés en las dos primeras por parte del mismo comprador que el de las factorías francesas.

Estas presiones que está teniendo el juez donostiarra Pedro José Malagón creo que van a causar el efecto contrario, a tenor del propio procedimiento concursal, en donde el magistrado es el que tiene la última palabra para autorizar la venta de los activos, una vez oídos los administradores concursales, los gestores de Fagor Electrodomésticos y los acreedores personados en el proceso. Se puede dar la circunstancia de que la resolución que tome el juez en un sentido o en otro no satisfaga los deseos de alguna de las partes.

Y toda esta presión tiene su origen en que en Francia no es un juez civil quien decide sino el Tribunal de Comercio compuesto por empresarios elegidos por la Cámara de Comercio y que deben de tomar una decisión en tres y seis meses. Cuando hay posibilidades de salvar, al menos, parte del negocio, como ocurre en el caso de FagorBrandt, se recurre a la denominada "cesión de actividad".

Por eso se entiende como desde el primer minuto el Gobierno francés se empeñó en evitar el cierre de las fábricas de FagorBrandt y con ello la destrucción de los 1.870 puestos de trabajo que contaba. Al mes siguiente de presentar el concurso

puso en marcha el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FDES) con 300 millones de euros de los que diez millones los destinó a la reanudación de la actividad de la factoría de Orleans, una de las más rentables de la filial gala.

Por si eso fuera poco, y con ello no menos importante, si se tiene en cuenta nuestra realidad, es que el Gobierno de François Hollande fue capaz de presionar a los bancos galos para inyectar un crédito de cinco millones de euros de forma directa y otros nueve millones para el pago de deudas, tomando como garantía el stock de producto terminado almacenado en las fábricas. Mientras tanto estaba buscando inversores, como ha ocurrido con el grupo argelino Cevital para que pudieran hacerse con las plantas.

La pregunta que hay que hacerse es porque Francia ha podido mantener activas esas fábricas y las plantas vascas llevan cuatro meses paradas. Por qué los gestores de FagorBrandt han firmado ya la cesión de las marcas al grupo Cevital antes de que el juez de Donostia, competente en el asunto, acepte a trámite la solicitud de venta de algunos activos. Por qué el Tribunal de Comercio de Nanterre puede aplazar por segunda vez la decisión sobre las ofertas presentadas con un proceso concursal que tiene unos ritmos más lentos.

La razón es clara, desde el primer momento de la crisis de FagorBrandt, el Gobierno francés se ha puesto al frente del problema con la única obsesión de evitar la desaparición de una actividad industrial , sobre todo en unas zonas castigadas por la crisis, conservar el mayor número de empleos posibles de los 1.870 que tenían las cuatro plantas y mantener las marcas que los franceses las sienten como propias. No en vano entre De Dietrich, Brandt, Sauter y Vedette, la antigua filial de la cooperativa vasca controla todas las gamas del mercado desde la más alta hasta la de low cost.

Y aquí no caben las excusas de que cualquier actuación del Gobierno Vasco en esta dirección hubiera sido tenida como una posible ayuda de Estado porque el mismo argumento podría haberse utilizado por parte del Ejecutivo de Hollande y, sin embargo, ha seguido con sus actuaciones e inyectando dinero hasta el punto de que cuatro meses después de la presentación del proceso concursal las fábricas de FagorBrandt siguen activas y continúan sin propietario.

No voy a referirme al inefable ministro de Industria español, José Manuel Soria, y al gran interés que ha demostrado, aunque fuera solo de cara a la galería, por salvar Fagor. Su silencio tiene mucho que ver con sus actuaciones chapuceras como las que estamos viendo con la puesta en marcha de la factura eléctrica.

Si este tipo de actuaciones gubernamentales son consideradas ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea de la misma forma lo deberían de ser para Francia a no ser que en la Unión Europea existan dos Europas, la diseñada por Alemania y Francia que hacen lo que quieren, y la del resto de los Estados miembros, que deben cumplir su normativa en contra de sus intereses soberanos.

En paralelo, también hay que preguntarse cual hubiera sido la situación a día de hoy de Fagor Electrodomésticos si la mayoría de sus trabajadores hubieran sido empleados por cuenta ajena y no socios cooperativistas, teniendo resuelto su futuro gracias a su recolocación en otras cooperativas de la Corporación Mondragon. No solo no se hubiera llegado a la situación de no retorno en la que se encontraba la empresa el año pasado, arrastrando una huida hacia adelante por miedo a tomar decisiones drásticas, sino que a día de hoy esas plantas cuyo poder de decisión va a estar situado, probablemente, en Argel, seguirían en manos vascas. Otro caso más que sumar a la lista.