Derecho a decidir

esta semana hemos conocido la venta del negocio industrial de Unipapel, que tiene una planta en Aduna, al fondo de inversión suizo Springwater Capital lo que supone añadir más incertidumbre a los alrededor de 50 trabajadores de la factoría que vieron reducir sus salarios el pasado mes de julio con la excusa por parte de la empresa de ganar competitividad en aplicación del artículo 41 del reformado Estatuto de los Trabajadores. Un texto que faculta a la empresa a realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando "existan razones económicas, técnicas y organizativas de producción".

Cinco meses después ya se han visto cuales eran esas razones que justificaban hacer más competitiva la empresa, que no eran otras que preparar su venta para un fondo que no llega para quedarse, sino para rentabilizar la inversión en un plazo de tres o cuatro años y, a su vez, hacer atractiva la empresa a un posible comprador sea cual sea su objetivo y venga de donde venga.

Este es un ejemplo más de la entrada que en los últimos meses se está produciendo de fondos de capital en empresas vascas y guipuzcoanas que no solo está suponiendo la pérdida de capacidad de decisión de nuestras compañías, sino la entrada de inversores con un único afán especulativo que consiste en sacar la máxima rentabilidad a la inversión realizada para luego venderla al mejor comprador o cerrarla, si fuera preciso, si las expectativas no se han cumplido.

La última empresa en Gipuzkoa en incorporarse a esta lista en la que la procedencia del capital se dispersa y se desconoce es Salto Systems, radicada en Oiartzun y que ocupa el quinto lugar entre los fabricantes del mundo de cerraduras electrónicas, que ha vendido el 22% de su capital a los fondos N+1 Equity Fund II y Dinamia. Anteriormente, lo fue Ibermática, en donde el fondo ProA Capital, con intereses en una fábrica de chorizos en La Rioja, una empresa de ambulancias o de gestión de parkings o estacionamientos, adquirió el 55% de su capital. Por no hablar de Euskaltel en la que los fondos italianos Trilantic e Invertindustrial detentan el 48,1% de las acciones y, después de un año, no se sabe qué proyecto empresarial existe detrás de la operadora de telecomunicaciones vasca.

Esta venta que se está haciendo de empresas del país a fondos de inversión sin interés industrial alguno no solo va suponer la pérdida de la capacidad de decisión, sino en el futuro un empobrecimiento de nuestro tejido empresarial que poco a poco está pasando a manos de unos intereses en los que su permanencia y compromiso con en este país tiene billete de vuelta.

Con este panorama cómo puede plantearse, desde un punto de vista político, el derecho a decidir teniendo como sujeto al pueblo vasco, si en lo económico y en nuestras empresas ese ejercicio depende de otros que nada tienen que ver con este país y cuyos intereses se hallan ubicados más allá de nuestras fronteras. Cómo desde las instituciones vascas se puede llevar a cabo políticas de reestructuración industrial, innovación, creación de nuevos sectores y emprendimiento, cuando cada vez más se están encontrando interlocutores que defienden intereses que nada tienen que ver con nuestra realidad.

El fortalecimiento de nuestras empresas y su anclaje con el entorno en el que están ubicadas es un elemento que debe ser prioritario en toda acción de gobierno que tenga como objetivo político la posibilidad de que algún día los vascos puedan decidir sobre su futuro, porque esa es la base donde se asienta no solo la actual situación de la sociedad vasca, sino también su grado de desarrollo y bienestar en el futuro.

Y esa es una realidad que sobresale sin ninguna dificultad, a nada que uno haga el ejercicio y se disponga a echar un vistazo al listado de las empresas vascas cuya capacidad de decisión reside aquí. Verá que, salvo contadas excepciones y las cooperativas pertenecientes a la Corporación Mondragon, en general, a nada que se escudriñe en el capital y en el accionariado de las compañías, la capacidad de decisión de las empresas vascas está fuera del país. Esta es una realidad que, sino se arbitran nuevos modelos, sobre todo, en el aspecto financiero a través de la puesta en marcha de instrumentos alternativos al tradicional sistema bancario -que ha sido el causante del alargamiento de la crisis-, con una mayor implicación de las EPSV, que en el caso de las vascas disponen de unos fondos de 20.000 millones de euros, poco o nada se puede hacer.

Y todo ello, en un entorno en el que Gipuzkoa, en opinión de algunos, es un territorio hostil para los empresarios, sin focalizar, previamente, el lugar donde se residencia esa conflictividad. Hemos visto como un inversor industrial canadiense se ha hecho con el 87% de Corporación Patricio Echeverria, fabricante de las herramientas de mano, Bellota, o la entrada de fondos de inversión en Ibermática, Salto Systems o Unipapel dentro de una operación que alcanza también a dos factorías en Madrid y Logroño e instalaciones en Francia y Marruecos.

Y en este panorama, el proceso concursal de Fagor Electrodomésticos y el último episodio del plan de viabilidad de negocio de confort radicado en las plantas de Edesa y Geyser-Gastech en Bergara que se ha convertido en una carrera política entre Gipuzkoa y Bizkaia para ver quien pone más encima de la mesa y nadie cuestione su compromiso con los trabajadores, requiere de una mayor sensatez y de hacer las cosas con sosiego, calma y responsabilidad. La situación es lo bastante delicada como para que un diputado general vaya a un encierro de unos trabajadores para contarles algo que dos horas después no puede cumplir o que otro responsable foral convoque a los medios a un canutazo para anunciar su disposición a entrar en un plan que los propios responsables concursales ni siquiera se lo están planteando.

Siento envidia de la rapidez y contundencia con la que el Gobierno de François Hollande ha reaccionado ante el caso de Fagor Brandt, la filial de Fagor Electrodomésticos en Francia. Sin hacer convocatorias de prensa puso en marcha el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, dotado con 300 millones de euros, de los que diez millones han ido con destino a la planta de Fagor Brandt en Orleans para que reanudara su actividad. Asimismo, demostró tener control sobre los bancos cuando las entidades financieras han inyectado un crédito de cinco millones de forma directa y otros nueve millones como retraso del pago de deuda, tomando como garantía el stock de producto terminado y almacenado en las plantas. Todavía Bruselas no ha dicho nada sobre estas supuestas ayudas de Estado ni el ministro de Industria galo, Arnaud Montebourg, ha expresado preocupación alguna por lo que pueda decir la Comisión Europea. Una prueba más de quien manda en Europa.