La España chavista de Rajoy
UNO todavía no sale de su perplejidad cuando observa la desfachatez de un presidente de Gobierno cuando este viernes anunció, pomposamente y sin ruborizarse lo más mínimo, que la crisis ha terminado y que 2014 va a ser el año del crecimiento económico y del empleo, sin hacer mención a que el PIB per cápita en 2012 del Estado español ha caído al 96% de la media europea, lo que significa que la llamada convergencia real con los países de la UE ha vuelto a niveles de 1998.
A Mariano Rajoy también se le olvidó hacer alguna mención a la decisión de anular la subasta eléctrica -un sistema creado por su ministro de Industria-, que ha situado a su Ejecutivo en prácticas más propias de la Venezuela chavista, con lo que ello significa de desprestigio internacional por la gran demostración de improvisación e inseguridad tanto jurídica como ciudadana creada ante un bien tan necesario como es la energía eléctrica. Toda una chapuza.
De la misma forma, tampoco hizo referencia que las exportaciones españolas han caído un 5% respecto al mes de mayo, que es cuando se registró un aumento espectacular y que sorprendió a todos los analistas. Este descenso, que si se compara con el indicativo del año anterior, sigue siendo positivo, tiene su origen en el estancamiento del consumo privado europeo y el menor crecimiento de los países emergentes.
Con estos datos, y seis millones de trabajadores en paro, tres millones de personas en pobreza severa y cuatro millones en pobreza energética, es decir, aquellos ciudadanos que se están viendo obligados a no encender la luz o no poner la calefacción porque sus recursos se han reducido drásticamente y por el aumento de las facturas de gas y electricidad, resulta insultante que un presidente de Gobierno se permita la arrogancia de anunciar los nuevos brotes verdes de la economía española, sin siquiera hacer mención a la situación que viven.
Con estos gobernantes, más preocupados por retrotraernos al franquismo con ese proyecto de ley del aborto que acaban de aprobar rompiendo innecesariamente un consenso social sólido que ya existía, con la puesta en marcha de una ley de Educación retrógrada, con la vergüenza de que la policía registre la sede de su partido por orden de un juez que se siente chuleado porque los que deben cumplir la ley le hacen trampas y borran pruebas sobre la corrupción en la que anidan, no es de extrañar que el sentimiento de la no pertenencia al Estado español sea cada vez más claro por parte de los ciudadanos, tal y como están demostrando los últimos sondeos de opinión. Al margen de litigio que Catalunya tiene planteado, en este momento, con Madrid.
Yen este contexto, Euskadi debe seguir mirando a Europa, que es el lugar que le corresponde no por voluntad política, sino simplemente por una realidad que se ve confirmada día a día por unos indicadores que continuamente están demostrando unos parámetros de comportamiento que nada tienen que ver con los que se registran en el Estado español.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de la CAV en 2012 fue de 30.043 euros, lo que supone que sus habitantes tienen la mayor renta del conjunto de las comunidades autónomas del Estado y significa un 34,85% por encima de la media estatal que alcanzó los 22.291 euros. Si tomamos como referencia a Europa, el indicador del PIB vasco está por encima de la media de la UE que registró 25.600 euros por habitante. Otro indicador importante es el de la caída de la economía durante el periodo 2009-2012 que en la CAV fue del 0,9%, mientras que en el Estado español el descenso fue del 1,4%.
Con estos datos, son mucho más creíbles las previsiones que realiza Confebask de que en 2014 se va a producir un crecimiento del PIB de la CAV del 1% y la creación de 5.000 empleos netos a la conclusión del año, porque se parte de una situación más sólida que la del Estado. No solo se sale de una tasa de paro diez puntos más baja, sino porque hay indicadores que anuncian que la crisis ha tocado ya fondo, como es el incremento del 6,2% de las ventas en las grandes superficies, el aumento de las exportaciones, la subida de la recaudación fiscal, así como la creación neta de empresas que se está registrando en los últimos meses.
En lo que se refiere a Gipuzkoa, parece que en el año que vamos a estrenar comenzará a dejar de ser un poco menos "territorio hostil" para las empresas, en una expresión que, si no se focalizan bien los puntos donde se ubica la conflictividad, puede proyectar una imagen que es radicalmente distinta en lo que se refiere al impulso, dinamismo y creatividad de nuestras empresas, como lo estamos viendo en las últimas semanas con el cierre de importantes pedidos en sectores estratégicos procedentes del exterior.
Uno de esos ámbitos hostiles, es el institucional y más en concreto, el de la Diputación de Gipuzkoa, que ha tenido en el pacto fiscal PNV-PSE-PP, aprobado ya en comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa, un freno a la reforma que Bildu quería realizar en el Impuesto de Sociedades y va a permitir volver a la armonización fiscal en los tres territorios de la CAV.
De esta forma, se va a modificar una política fiscal más recaudatoria que incentivadora de la actividad económica que ha sido la estrella de la actuación de la izquierda abertzale en la institución foral en los dos últimos años.
Precisamente, la gota que ha colmado el vaso de esa falta de apoyo a la actividad económica ha sido el nuevo impuesto de Patrimonio, denominado en Gipuzkoa, de la Riqueza y de las Grandes Fortunas, en donde se computa como patrimonio personal del empresario el 25% de su participación en la empresa, ya sean en instalaciones industriales o equipos productivos, etc.
De esta forma, los empresarios guipuzcoanos van a ser los únicos no solo de la CAV, sino de todo el Estado, que van a pagar por este tipo de impuesto y que supondrá a las arcas públicas nueve millones de euros más, pero que no anima a la inversión, sobre todo, en un momento clave como es el de situarse ante el inminente crecimiento.
El otro foco es el sindical, donde la caída de la ultraactividad de los convenios y la desaparición de los pactos sectoriales desde el pasado 7 de julio, va a provocar un cambio radical en la relación entre los empresarios y los trabajadores, en donde el contacto va a ser mucho más directo, lo que quiere decir, una mayor comunicación, transparencia y situación al día de la empresa.
Ello va a generar no solo una mayor confianza, sino un mayor compromiso de los empleados con el proyecto empresarial y un anclaje de nuestras empresas en su entorno. Estamos al comienzo de un proceso que requiere un gran cambio cultural por parte de empresarios y trabajadores. Está claro es que el progreso viene por el acuerdo y el consenso.