IMAGÍNESE que Ud. forma parte del consejo de administración de una empresa y que el presidente reconoce que se equivocó en el nombramiento y en el apoyo, tanto público como privado, de su director financiero que posee importantes cantidades de dinero en cuentas opacas de paraísos fiscales, cuyos ingresos son difíciles de justificar. ¿Cual sería la reacción del máximo órgano de gobierno de la empresa? Parece pertinente que el reconocimiento de semejante error iría acompañado de la dimisión y si no fuera así el consejo de administración cesaría de manera fulminante al presidente. Y ello, sin contar el coste de imagen y reputación que tendría para la compañía y la desconfianza generada entre sus clientes ante semejante gestor que actúa de esa manera. Lo pertinente es que la propiedad de la empresa tomara las riendas del negocio y zanjase de manera expeditiva la situación con el fin de recuperar la normalidad y la confianza del mercado y de sus clientes.
En la gran empresa que se llama Estado español eso que es normal en el mundo de los negocios no está pasando porque el presidente está aforado y el consejo de administración está formado por una mayoría absoluta de diputados que le ríen las gracias porque su puesto de trabajo depende de su voluntad al ser incluidos o no en las listas electorales. Como no tienen que arriesgar patrimonio propio porque tienen asegurada la financiación para continuar con la actividad, siguen como si nada ocurriese, sin tener en cuenta que su imagen ante la opinión pública está tan deteriorada que sus clientes, es decir, sus votantes, están anunciando que en las próximas elecciones pueden quedarse en casa u optar por otro partido, tal y como lo reflejan las encuestas y el último sondeo del CIS.
De vez en cuando hay que mirar a la historia y recordar episodios similares para ver que la decisión poco democrática, irrespetuosa con la ciudadanía y despreciativa con las instituciones que demostró el pasado jueves el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, puede tener efectos perniciosos de difícil alcance, a pesar de que considere que una posible recuperación de la economía pueda actuar como un bálsamo que disipe sus consecuencias. Pero el mal ya está hecho. El que fuera presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, también dijo que no iba a dimitir por el caso Watergate, que destapó la existencia de financiación ilegal por parte de diversas empresas al Partido Republicano y de una trama de espionaje en la sede central del Partido Demócrata. Dos años después de negar los hechos y poner todas las dificultades a la comisión de investigación de la Cámara de Representantes, Nixon pasó a la historia como el primer presidente de Estados Unidos en dimitir. Todo un hito donde Rajoy puede verse reflejado.
La persistencia de la corrupción sin que nadie quiera asumir sus responsabilidades y ese ansía por aferrarse al poder a cualquier precio está socavando de manera importante el papel fundamental que tienen las instituciones en una sociedad democrática, precisamente, como garantía de la pervivencia de los valores que lleva intrínsecos. Por eso, hay que destacar de manera importante la reacción del lehendakari, Iñigo Urkullu, de reprochar la actitud de unos jóvenes que le profirieron una serie de insultos en Azpeitia y pedir respeto a las instituciones precisamente por lo que representan y suponen para una sociedad, a la vez que significa un reactivo a la hora de defender y conservar unos elementos que estructuran a un pueblo como, en este caso, es la figura del lehendakari. La figura del lehendakari como tal, sea quien sea la persona que la ostente, es considerada como una institución en la historia de este país desde los tiempos del primer presidente del Gobierno Vasco, José Antonio de Agirre. Por eso, los insultos de esos jóvenes no iban dirigidos a la persona de Ukullu, sino a lo que en este momento representa que es la continuidad de una institución que se inició con Agirre y que fue capaz de mantenerla con todas las dificultades habidas y por haber en el exilio.
Esa obra fue continuada por Jesús María de Leizaola, que supo guardar tan importante legado luchando contra los envites de la Dictadura, hasta que con la recuperación de la democracia pasó el testigo a Carlos Garaikoetxea. Por ello, se entiende la reacción de Urkullu que como depositario de ese legado histórico y en representación de todos los vascos, se encarase con esos jóvenes desconocedores, probablemente, de la historia que ha hecho que este país sea lo que es. En este sentido, teniendo como presidente de su partido a Carlos Garaikoetxea, precisamente, fiel defensor de la figura institucional del lehendakari, sorprende que el dirigente navarro de EA, Maiorga Ramirez, haya justificado el incidente por la situación de crispación social que está generando la crisis económica. Al señor Ramírez y a otros miembros de EH Bildu, como el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, que no sólo justificó el hecho, sino que de manera displicente siguió su marcha como si nada ocurriera, eso si, teniendo entre sus manos una makila que símboliza el poder institucional, habría que recordarles las aportaciones del premio Nobel de Economía de 1993, Douglass North, para quien las instituciones es una variable determinante del desarrollo de un país. "Las instituciones desempeñan el papel esencial en el crecimiento económico, ya que son incentivos para crear una estructura fructífera que convierte a los individuos en productivos". Fin de la cita.
