Altura de miras

eL llamamiento del Parlamento Vasco a mantener vivo el diálogo entre patronal y sindicatos, con el fin de que la desaparición de la ultraactividad de los convenios sectoriales por mor de la reforma laboral no tenga consecuencias directas en la modificación de las condiciones contractuales de los trabajadores, debe considerarse como una apelación a la concordia y al objetivo de alcanzar un consenso entre todos los agentes políticos, económicos y sociales con el horizonte de sacar este país adelante.

La actuación de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco en la que gracias a los votos del PNV, PSE y UPyD se insta a patronal y sindicatos a que vuelvan a la mesa del diálogo para prolongar la vigencia de los convenios colectivos al menos hasta el 31 de diciembre, tiene un alto contenido político y social no ya por lo inusual, sino porque ha supuesto todo un cortafuegos al riesgo de una fractura social en Euskadi de incalculables consecuencias, mucho más cuando la recesión no termina de abandonar nuestra economía y el paro sigue aumentando como lo acaba de constatar la encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) del Eustat.

Nunca en este país se han vivido momentos de tanta confrontación y divergencia entre los sindicatos con la patronal y por parte de estos agentes con las instituciones hasta el punto de rechazar de plano la mediación del lehendakari Urkullu para romper una situación que se estaba envenenando la cohesión social, una cuestión hasta ahora inaudita en este país que hasta ahora siempre se ha caracterizado por mantener abiertos todos los puentes.

Tras el portazo de la patronal a la mediación de Urkullu, la confrontación entre la patronal y las instituciones ha ido in crecendo hasta el punto de que la Diputación Foral de Gipuzkoa se ha permitido el lujo de romper relaciones con la patronal Adegi como si se tratara de cualquier asociación vecinal, cuando la interlocución entre el gobierno foral y los empresarios del territorio debe ser fluida si se quiere poner cortapisas a la crisis y, por lo menos, mantener que Gipuzkoa sea el territorio con una tasa de ocupación del 64,8%, la más alta de la CAV.

Por otro lado, la salida de pata de banco de Confebask de ponerse la venda antes de la herida a la hora de expresar su “estupefacción” por la “inaudita” decisión del Parlamento Vasco de debatir una moción de EH Bildu sobre la aplicación de la reforma laboral, que se sabía iba a ser modificada, al menos por el PNV y el PSE, evidencia el alto grado de numantismo que existen entre los agentes sociales y económicos y el nivel de enrocamiento de las posiciones hasta el punto de no dar lugar a la más mínima autocrítica.

Que un parlamento, que congrega a todos los representantes del pueblo, tenga que hacer un llamamiento al diálogo social no hay que considerarlo como algo excepcional, sino el fiel reflejo de un país roto en el que predomina la ortodoxia partidaria o particular frente a la necesaria y permanente contribución al interés común.

La situación de emergencia en la que vive Euskadi, como ha solido decir Urkullu, necesita, en primer lugar, autocrítica por parte de todos los agentes y, en segundo lugar, tener en el frontispicio de las actuaciones de cada uno de ellos aquello que sea beneficioso para el país.

Hace unos días el directivo de una importante entidad financiera vasca recordaba el espíritu de colaboración entre instituciones, empresarios y sindicatos que hicieron posible que juntos se pudiera responder a las crisis de los años 80 y 90, sobre todo la primera por lo que significó de cambio estructural del tejido productivo vasco, que fijaron las bases de lo que hoy es la realidad económica de Euskadi.

Nombres como José María Vizcaino, Juan Miguel Mendoza, Txemi Cantera o José Luis Corcuera vuelven a la memoria como símbolo de una época en la que el objetivo común, al margen de posiciones ideológicas de cada uno, era sacar el país adelante a base de esfuerzo, generosidad e imaginación.

El rechazo de la resolución de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco a la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy pone en evidencia la necesidad de contar con un Marco Vasco de Relaciones Laborales que responda de manera más precisa a la realidad del país y evitar la aplicación de normativas elaboradas en función de otros marcos socioeconómicos diferentes.

Las consecuencias que está teniendo la crisis económica vasca invitan de manera urgente a que el Gobierno Vasco ponga encima de la mesa del PP la necesidad de que este país pueda contar con la competencia de desarrollar una legislación laboral propia que responda de manera más precisa a sus necesidades.

Entre tanto, y visto el carácter recentralizador de la política que está llevando a cabo Rajoy, lo pertinente y dado el choque de trenes que se ha producido entre instituciones, empresarios y sindicatos, todos juntos o por separado, es necesario establecer una mesa de diálogo social en Euskadi que tenga como objetivo preservar en la medida de lo posible la cohesión social amenazada hoy por el paro, la pérdida de la riqueza compartida y la creciente desigualdad.

Para eso, como decía Joxe Mari Korta, el presidente de Adegi del que el próximo día 8 de agosto se cumple el décimotercer aniversario de su asesinato por parte de ETA, hace falta diálogo, generosidad y altura de miras por parte de todos para volver a sacar a este país adelante.