A nada que uno comience a profundizar en el asunto de la devolución de las ayudas del tax lease al sector naval, empieza a darse cuenta de que es una nueva versión de esa especie de picaresca establecida en las instituciones de que aquí se puede hacer lo que a uno le da la gana sin que la Comisión Europea se entere. Pasará más o menos tiempo, pero al final el Gran Hermano europeo observa y actúa de manera contundente, probablemente con retraso y a destiempo, porque así funciona la burocracia de Bruselas.

Y esto es lo que ha ocurrido con los astilleros, de la misma forma que hace unos años pasó con las vacaciones fiscales para incentivar el establecimiento de nuevas empresas en Euskadi aprovechándose de la autonomía fiscal que recoge el Concierto Económico y que Bruselas las consideró como ayudas de Estado, con lo que exigió a las diputaciones vascas la devolución de esas subvenciones.

Como quiera que las diputaciones se hicieron las remolonas a la hora de exigir a las empresas la devolución de esas ayudas, incluso enviando documentación incompleta, Bruselas puso la proa hacia el Estado exigiéndole las cantidades consideradas ilegales desde un planteamiento de subrogación, con lo que el problema comenzó a resolverse. Es más, una Diputación tuvo que hacer toda una ingeniería financiera con la implicación de otras instituciones para que una empresa pudiera tener los recursos suficientes para devolver las subvenciones recibidas y de esta forma, evitar un cierre provocado por una deuda sobrevenida de la que no disponía de recursos para saldarla.

Lo que ha ocurrido en el caso de los astilleros es que igual la responsabilidad de la devolución de esas ayudas no esté tanto en la Comisión Europea y, en particular, en el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, sino en la pasividad y desidia de los gobiernos de Zapatero y Rajoy que han ido dejando pasar el asunto para ver si Bruselas no se daba cuenta de la situación hasta que ha llegado el día, el próximo miércoles, cuando sabremos cuál es la cantidad que la Hacienda española debe exigir a los inversores que se beneficiaron de unas deducciones fiscales para financiar la construcción de buques en el Estado y que Bruselas las considera ayudas estatales.

Desde que Francia aprobó en 2006 un nuevo sistema de tax lease compatible con la UE, tras un incidente que tuvo en 2005 con Bruselas por esta cuestión, el Estado español no ha hecho absolutamente nada hasta el pasado mes de noviembre, cuando elaboró su propio modelo negociado con las autoridades comunitarias y publicado en el BOE. Desde que Francia decidió su modelo, dentro de las reglas de juego europeo, han pasado seis años sin que las autoridades españolas hayan movido un dedo sobre este asunto. Mientras no se entere Bruselas seguimos como estamos y si nos pillan veremos qué pasa y ya lo arreglaremos como podamos, parece que era el axioma de las autoridades españolas para seguir ancladas en la inacción hasta que ha llegado el jarro de agua fría del pago de los 3.000 millones de euros a los inversores.

Por eso, a pesar de que se guardó mucho de citar al Gobierno español, el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, lanzó una acusación velada contra el Ejecutivo de Rajoy, al señalarle entre "los que están metiendo miedo a los astilleros para desviar su propia responsabilidad en la devolución de las ayudas".

El mensaje desde Donostia, donde Almunia participó en los Cursos de Verano de la UPV, tenía un claro destinatario horas después de la reunión que mantuvo en Bruselas con una delegación de alto peso institucional del Estado y de las regiones de la cornisa cantábrica con astilleros. Y lanzó un acertijo de fácil solución. "Si los astilleros no tienen que devolver un solo euro, y así se dice de manera clara y taxativa en la propuesta de resolución, y si tampoco los armadores tienen que hacerlo, hagan simplemente una regla de tres", precisó.

De la misma forma que a una delegación de la UGT con la que Almunia se topó en los jardines del palacio de Miramar, cuando se dirigía a participar en el curso de verano y en privado les hizo la siguiente recomendación. "Lo mejor que podéis hacer es protestar ante la casa de Botín ".

Un día después de la macroreunión en Bruselas con la delegación del Estado, Almunia derrochaba tranquilidad por todos los lados dando la sensación de que el trabajo está terminado y que no hay vuelta atrás, salvo que alguien presente argumentos jurídicos tan convincentes como para hacer un nuevo replanteamiento. Probablemente, tampoco tenga mucho margen de maniobra porque la mayoría de los asesores y técnicos de la cartera que dirige son holandeses, cuyo país presentó en el año 2011 la denuncia contra el Estado por la aplicación de la tax lease.

Por eso no se entiende cómo el PP, a través de su ministro de Industria, José Manuel Soria, sigue insistiendo en el catastrofismo y en decir que la devolución de las ayudas fiscales puede significar la deslocalización de la industria naval hacia Asia, en vez de plantear la cuestión desde el realismo y el pragmatismo y establecer el modo de que la decisión de la CE sea lo menos gravosa posible a un sector que en Euskadi da empleo directo a 3.000 personas.

En este sentido, es de valorar la apelación que la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha hecho a Rajoy para que, al margen de cuál sea la resolución del próximo miércoles, ponga en marcha un plan para reactivar el sector naval y buscar nuevos mercados a los astilleros. La política del tío vivo, que lo que persigue es parecer que se hace para no tomar ninguna medida o esperar a que la situación vuelva a su ser para permanecer donde se estaba, es lo que parece que impera ahora en todos los ámbitos y mucho más en la política. Y en los tiempos de crisis que vivimos y formando parte de un mundo globalizado, lo que se hace urgente es la toma de decisiones, aun a costa de que salgan erróneas, porque serán comprendidas.