t ODO un despropósito. Los miembros del consejo de administración de Jaizkibia, la sociedad pública dedicada a la regeneración de la bahía de Pasaia, salieron de la última reunión, celebrada hace una semana, con la idea de que había que disolver la entidad por insolvente, al no poder hacer frente a la deuda de 2,7 millones de euros que le reclama la Autoridad Portuaria de Pasaia. Esta creencia por parte de representantes del Gobierno central, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y siete ayuntamientos pone de relieve hasta dónde la defensa de los intereses de Gipuzkoa está en la agenda de algunos.
El que los representantes de Puertos del Estado y de Patrimonio del Gobierno central, con la ayuda de algún alcalde socialista, se negaran a dar una salida a la situación alegando que el procedimiento no se podía parar, que no había margen para la negociación y que había que aprobar la liquidación con todo lo que ello suponía, forma parte de su lógica porque Jaizkibia está en la lista de sociedades públicas a las que el PP canceló todas sus aportaciones económicas al poco tiempo de llegar a la Moncloa. Esta es la prueba de lo que a Rajoy le importa la regeneración y el puerto de Pasaia.
Pero que la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, a la sazón presidenta de Jaizkibia, por cesión de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que, de entrada, era favorable a buscar una salida a la situación y dar continuidad a la sociedad, cambie de opinión y sucumba a las primeras de cambio ante la presión del ambiente favorable a la liquidación impulsado por los representantes del Gobierno central, revela hasta qué punto no hay convicción en las ideas, firmeza en su defensa, ni proyección de futuro.
A pesar de que no hay tomada ninguna decisión al respecto a la espera del pertinente informe jurídico, lo cierto es que la sombra de disolución que planeó en el consejo de administración de Jaizkibia significa toda una afrenta a la regeneración de la bahía de Pasaia, ya que la liquidación de la sociedad, supone la desaparición del único instrumento que se había creado para acometer este importante proyecto de recuperación urbanística, social y económica de unos terrenos portuarios desde un planteamiento de una total transparencia al estar presentes en la entidad cuatro niveles institucionales, es decir, el estatal, el vasco, el guipuzcoano y siete ayuntamientos.
La cuestión no es baladí, porque con la desaparición de Jaizkibia se paraliza la regeneración de la única zona en declive que todavía existe en Euskadi y con ello se echa freno al desarrollo económico de un área importante de Gipuzkoa y que está siendo muy afectada por la crisis. Se echa por tierra muchos años de trabajo y muchos recursos provenientes de las instituciones como los últimos, encauzados a través de la plataforma público-privada Gipuzkoa Aurrera, impulsados, en su tiempo, curiosamente, por la hoy consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, compañera de gobierno de Ana Oregi.
Se minusvaloran todos los esfuerzos que desde Gipuzkoa se hicieron en tiempos del diputado general Markel Olano para que Zapatero contemplara la regeneración de Pasaia como algo prioritario por parte del Estado, hasta el punto de que se redactó un protocolo con el entonces ministro de Fomento, el socialista José Blanco, un mes antes de las elecciones forales de 2011 y que no fue firmado por el cambio de gobierno registrado en la Diputación. También se deja en el cajón el masterplan elaborado por un equipo de arquitectos holandeses que planteaba la reordenación de los terrenos que tenía que ir cediendo el puerto.
Salvando las distancias, la desaparición de Jaizkibia puede suponer las mismas consecuencias que si en 1992 alguien hubiera decidido la disolución de Bilbao Ría 2000, con lo que la capital vizcaina no hubiera sido, ni por asomo, la que es hoy, ni hubiera tenido, ni de lejos, todo ese esplendor que nació de la mano del museo Guggenheim y que discurre por el Nervión hasta la torre de Iberdrola.
Si alguien no lo remedia los descampados y pabellones en desuso que conforman hoy la zona de La Herrera ?que son los terrenos desafectados en su tiempo por la Autoridad Portuaria de Pasaia y por los que Jaizkibia tiene que pagar los 2,7 millones de euros que no tiene?, serán la penosa imagen y la triste muestra de algo que no pudo ser por el despropósito continuado de unos, la inacción de otros y los intereses políticos de algunos.
El dislate de Jaizkibia no es solo una anécdota con toda la gravedad que ello supone, sino una muestra más del peso que en el conjunto del país tiene en este momento Gipuzkoa, a pesar de representar el 32% del conjunto de la CAV.
Si hacemos un repaso al entramado institucional que simboliza la identidad de este país nos daremos cuenta de que ninguna de esas entidades tiene sede en Gipuzkoa. No me refiero al Gobierno y al Parlamento Vasco, sino a otras instituciones como EiTB, UPV, Osakidetza, o la Ertzaintza.
Si el análisis lo centramos en las sociedades públicas dependientes del Gobierno Vasco resulta que la mayoría de ellas se reparten entre Bizkaia y Araba, como SPRI, EVE, Osalan, Euskotren, Innobasque, 112, CES o CRL, por poner unos ejemplos en el caso del primer territorio, o Lanbide, Eustat, Emakunde, Visesa, etc, en el segundo. En Gipuzkoa, radican Musikene, la Orquesta de Euskadi ?que recientemente ha estado en peligro?, el Instituto Etxepare, IVAP y HABE. En el aire está todavía la ubicación de la sede de Tecnalia, a pesar de que Gipuzkoa destinaba en 2011, según los últimos datos que se tienen de este parámetro aportados por el Eustat, el 2,57% de su PIB a I+D, por encima del 2,03% de la UE y, por supuesto, lejos del 1,87% que Bizkaia detrae de su PIB con este fin.
Esta distribución en las ubicaciones de las instituciones y sociedades públicas significa que Gipuzkoa está penalizada al no beneficiarse del empleo directo creado por esas sociedades, afecta a la competitividad de las empresas ?ya que para hacer una gestión administrativa han de trasladarse a Bilbao o Vitoria, con todo lo que supone de tiempo y costes?, significa no contar con la sensibilidad con la que se abordan los proyectos y está incidiendo en el desarrollo del turismo profesional generado por esas instituciones.
A pesar de la existencia de alguna opacidad a la hora de poder obtener los datos, las estadísticas que se pueden hacer descubren de manera clara hacía donde van los recursos públicos en materia de organización de congresos. De los eventos con una asistencia de 500 o más personas ?los que más retornos económicos producen en las ciudades? que se celebraron el año pasado, el 16% de los que tuvieron lugar en Donostia contaron con una participación del Gobierno Vasco o de sus sociedades publicas, frente al 48% de los que se produjeron en Bilbao. En general, el Gobierno Vasco y sus sociedades participan en el 52% de los congresos que se organizan en Bilbao, frente al 28% que lo hacen en Donostia.
Pero no todas las culpas van a ser de la Administración Pública Vasca, también los guipuzcoanos podemos ser merecedores de esta situación porque no somos capaces de traccionar en favor del territorio y de contar con ese espíritu de competitividad institucional que si se percibe, por ejemplo, en Bizkaia.
Provoca sana envidia contemplar esa conjunción público-privada que tiene por objeto el desarrollo de un territorio, cuando se observa el interés que tiene Bilbao por radicar en la ciudad las sedes de los clústers existentes en la CAV, a pesar de que la actividad esté en otros territorios, como elementos tractores de proyectos y acercamiento de empresas, con todo lo que ello tiene de proyección internacional.
O la decidida intención de convertirse en el centro del diseño del mueble y los sectores vinculados con el equipamiento tanto de hogar, como de infraestructuras públicas. Cuando uno se entera de que dentro de unos meses se va a instalar en Bilbao una feria permanente del diseño con productos de nueve empresas, de las que curiosamente siete son guipuzcoanas, no deja por menos que felicitar a los que han hecho posible este proyecto desde la actitud proactiva de concitar distintos y diversos intereses y, al mismo tiempo, criticar la inacción y parálisis en la que se halla Gipuzkoa de no entender que la colaboración público-privada es signo de progreso y desarrollo. Sirva como dato que cada año, alrededor de 300 arquitectos de todo el mundo, con todo lo que ello significa de público prescriptor, van a tener que ir a Bilbao para ver los productos que se fabrican en empresas de Gipuzkoa a la hora de diseñar sus edificios y ver las últimas tendencias.
Si la parálisis continúa, algún día veremos, siguiendo el ejemplo, como desde Bilbao y Bizkaia invitan a los fabricantes de máquina herramienta, un sector que está fundamentalmente radicado en Gipuzkoa, a instalar su gran escaparate mundial de actividad en la capital vizcaina, al margen de la Bienal en el BEC. Entonces cualquier reacción ya será demasiado tarde.