El pacto social mejor que nada

La reacción sindical al aumento de jornada laboral de los funcionarios del Gobierno Vasco ha puesto en evidencia las malas relaciones que existen en el seno de la mayoría sindical vasca, esto es, la conformada por ELA y LAB, que tienen como base la distinta forma de encarar la negociación colectiva, después del cambio de modelo que recoge la reforma laboral y que tendrá su explicitación más clara el próximo 7 de julio.

Ese deterioro de las relaciones en los dos sindicatos que están llamados a entenderse -sobre todo, en una situación de crisis económica como la que nos encontramos, con un empleo que no termina de destruirse y con una merma de los derechos de los trabajadores-, no solamente se establece en las estructuras confederales o de dirección, sino que, en cascada, ya se está trasladando a los comités de empresa, donde se aplican sin rechistar las directrices que vienen de arriba.

Este es el caso de una empresa guipuzcoana, donde en el seno del comité se sometió a votación su apoyo a la manifestación que, en favor del empleo tuvo lugar ayer en Bilbao, convocada por la mayoría de los sindicatos que operan en Euskadi y diversas entidades y organizaciones sociales. Los proponentes que eran delegados de LAB tuvieron dificultades para sacar adelante la propuesta por la negativa de los representantes de ELA a un acto que no cuenta con el apoyo del sindicato liderado por Txiki Muñoz.

La lista de desencuentros entre ELA y LAB es larga y tiene su origen con la llegada a la Diputación Foral de Gipuzkoa de Bildu y las acusaciones de Muñoz al sindicato liderado por Ainhoa Etxaide de estar subordinado a la actuación de la coalición independentista.

Ese desencuentro se plasmó de manera gráfica el pasado mes de mayo cuando tras lanzar una huelga en el sector público en contra de los recortes, ELA se descolgó de la convocatoria obligando a LAB a reformular la protesta y convertirla en paros parciales. Hace unos días, la protesta contra el decreto del Gobierno Vasco por el aumento de la jornada en la sede de Lehendakaritza en Vitoria tuvo dos versiones por separado: ELA, por un lado, y LAB, por el otro.

Pero la falta de unidad sindical tiene su máxima expresión a la hora de enfocar el nuevo escenario de negociación colectiva que recoge la reforma laboral en donde, si no hay un acuerdo previo, pueden desaparecer los convenios provinciales sectoriales en favor de los estatales con lo que ello significa de pérdida de derechos de los trabajadores, sobre todo en aquellas empresas cuya plantilla es muy reducida.

Una tesis en la que está LAB, que ha empezado a recoger firmas entre los trabajadores del sector del Metal de Gipuzkoa para forzar la pervivencia del convenio sectorial que afecta a más de 50.000 trabajadores, frente a la estrategia de ELA basada exclusivamente en los convenios de empresa para lo que es un soporte muy importante contar con un alto grado de sindicalización de los centros de trabajo, por lo que el impulso a la captación de nuevos afiliados se convierte en objetivo prioritario.

Frente a la estrategia de conseguir un marco jurídico laboral que acoja a todos los trabajadores de un sector, estén o no afiliados a una central, se encuentra la del convenio de empresa por empresa que excluye a aquellos centros de trabajo donde no haya un alto nivel de afiliación sindical y dejar a sus trabajadores al albur de los convenios estatales.

Y no solo en este ámbito, sino en el conjunto de las relaciones laborales, mucho más en una situación de recesión económica donde se percibe de una manera clara la necesidad de establecer un lugar de encuentro entre empresarios, sindicatos y Administración para configurar un marco propio de relaciones laborales en Euskadi que nos permita configurar soluciones apropiadas a una realidad económica y social que nada tiene que ver con la del Estado.

Plantear posiciones apriorísticas de rechazo a la formulación de mesas de concertación entre los agentes sociales, sin ni siquiera haber dado la oportunidad de que puedan fracasar, tiene como primera consecuencia convertirse en parte del problema en vez de ser un actor que coadyuve a que la grave situación económica pueda mejorarse en la medida de las posibilidades que existen.

Lo que está claro es que ante el cierre de empresas, la destrucción de empleo y los recortes salariales debe haber una respuesta conjunta de los agentes políticos, económicos y sociales que no se está viendo, ni tampoco tiene visos de que se produzca en el futuro.

La falta de liderazgo institucional y social están provocando situaciones tan kafkianas como las que se están registrando en Corrugados Azpeitia y Corrugados Lasao, dos empresas del Grupo Alfonso Gallardo que han tenido que paralizar su producción por no tener liquidez para comprar materia prima.

Hace solo un año las instituciones vascas concedieron a este grupo extremeño un total de cinco millones de euros en créditos participativos para garantizar la continuidad de las plantas, sobre todo, de la primera. El resultado de esa actuación es la que estamos viendo: incertidumbre y desorganización.

No sé si los acuerdos servirán para amortiguar el paro, mantener salarios e impedir modificaciones de horarios laborales, pero lo que sí está claro es que la existencia de un marco estable permite apalancar ciertos derechos de los trabajadores y evitar su destrucción.

Este es el caso de la reciente reforma laboral que se ha aprobado en Francia, un país donde la fuerza sindical ha sido históricamente muy importante, en donde frente a la flexibilidad en las empresas para el mantenimiento del empleo se ha conseguido penalizar la precariedad en el empleo con más impuestos, una cuenta de formación para cada operario, desde que entra al mercado laboral hasta la jubilación, así como la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración de empresas de más de 5.000 trabajadores.

Este es un ejemplo de pacto que frente a la merma de unos derechos se consiguen y aumentan otros, teniendo en cuenta las circunstancias que está provocando la crisis. Es la diferencia en tener un marco laboral regularizado gracias a un acuerdo o no.

Lo contrario son los abusos que se están produciendo en países como Alemania, donde 7,4 millones de personas tiene un contrato minijob, lo que significa un salario de 450 euros mensuales. Este es el ejemplo de un país que algunos lo ponen como referencia a la hora de hablar de crecimiento económico.