AHORA que el Parlamento de Catalunya ha declarado que el pueblo catalán es sujeto de su soberanía jurídica y política -por cierto, nueve años después de que lo hiciera el Parlamento Vasco-, me ha venido a la memoria la utilización perversa, sobre todo, en tiempos del honorable Jordi Pujol, que la Generalitat hizo de la existencia de la violencia en Euskadi para derivar inversiones industriales hacía su territorio o proyectar en el exterior la pretendida imagen de que los vascos éramos unos díscolos y, poco menos, que el origen de todos los problemas por los que el Estado no podía avanzar en la vía de la modernización que se había diseñado en la Transición, tras la muerte del dictador.
Recuerdo cómo entonces el propio lehendakari, José Antonio Ardanza, y el vicelehendakari para Asuntos Económicos, Jon Azua, se referían al escenario auténticamente desleal con el que el honorable Pujol dibujaba la realidad vasca en el exterior para evitar cualquier aproximación a Euskadi de inversores extranjeros en unos momentos, como fueron los años de la crisis de los 90, en los que el Gobierno Vasco trataba de captar capital foráneo para regenerar el tejido industrial del país a través de la implantación de nuevas compañías.
De aquella época proceden nuevas actividades que con el tiempo han mostrado su pujanza y solidez, como el sector aeronáutico, las energías renovables o el impulso de los centros tecnológicos. Por no hablar de la puesta en marcha del museo Guggenheim de Bilbao que supuso, contra viento y marea, situar nuevamente a Euskadi en el mapa mundial y la proyección de una imagen moderna y de progreso del país.
Más de 20 años después, las realidades de Cataluña y de Euskadi siguen sin tener nada que ver entre sí aunque en esta ocasión las tornas han cambiado radicalmente, ya que la iniciativa y la pujanza, sobre todo de cara al exterior, está en los vascos, una vez que ETA decidiera hace más de un año abandonar las armas. Un aspecto que hay que tener en cuenta para su aprovechamiento en esta coyuntura tan crítica en lo económico.
La solidez del tejido económico vasco difiere radicalmente de la realidad catalana que, salvando contadas excepciones, tiene mucho que ver con la española, donde históricamente se han dirigido sus empresarios. La prueba está en el mapa que hace unos días nos mostraba la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que la CAV y Navarra son la excepción a una regla en la que solo cuatro regiones (Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha) acumulan el 40% de los casi seis millones de parados del Estado. En lo que se refiere a Cataluña, el diferencial de paro respecto a la CAV es de ocho puntos por encima, esto es, una tasa del 23,94% frente al 15,93% en la que se estima el desempleo en estos tres territorios vascos.
Con este panorama y desde la sensación que como ciudadanos debemos tener de que en Euskadi todavía estamos mejor, a pesar del entorno y de la negritud con la que se presenta la coyuntura, hay que saludar la tesis que maneja el lehendakari Urkullu de que los ritmos de la política vasca se marcan desde Ajuria Enea y de que lo que toca en este momento es resolver la situación de crisis y del paro y sentar las bases en las que se asiente la economía de este país en los próximos cinco o diez años para plantear nuevamente, desde esa posición sólida, los derechos colectivos de los ciudadanos vascos.
En ese contexto, la declaración del Parlamento de Cataluña puede allanar el camino para que desde Euskadi se vuelva a insistir en el cumplimiento del estatuto de Gernika -a pesar de que algunos llevan años insistiendo en que está muerto-, sobre todo en aquellas materias económicas, como son la transferencia del ICO, la innovación y, por qué no, el régimen general de la Seguridad Social.
El proceso iniciado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, abre un escenario de grandes posibilidades en favor de los intereses de los vascos, cuya materialización puede tener unas consecuencias insospechadas a nada que desde Ajuria Enea se actúe desde el pragmatismo no solo en Madrid, sino también en Bruselas.
El pacto que el PNV y el PP han firmado para los Presupuestos de las diputaciones de Bizkaia y Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz puede ir más allá de un apoyo al proyecto de las cuentas públicas del Gobierno Vasco y puede proyectarse no solo en dar contenido al autogobierno de este país, sino en apalancar el Concierto Económico, que es su columna vertebral, en el Estado y también en la Unión Europea, que es lo que importa.
En el proceso uniformizador que se ha puesto en marcha con la excusa de la crisis, la defensa del Concierto Económico se presenta como clave para preservar y garantizar el futuro de este país. La componente foralista que tiene el PP de Euskadi puede ser un elemento para contraponer al neocentralismo en el que parece beber el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero ello no debe ser obstáculo para que desde el Gobierno Vasco se ponga en marcha una estrategia de lobby ante la Unión Europea para que se respete la singularidad vasca en materia fiscal.
De la misma forma, parece que se convierte en una urgencia la necesidad de poner en marcha una estrategia de diplomacia económica que ponga en valor la marca Euskadi en el mundo como elemento referencial de nuestro tejido económico frente a los efectos negativos que en el exterior está teniendo la economía española. Para ello, es necesario activar al 100% las potencialidades que, en este sentido, tienen la SPRI, el Instituto Etxepare y la diáspora vasca instalada en Estados Unidos y Sudamérica para proyectar el modelo de desarrollo sostenible vasco, como lo califica el exlehendakari Juan José Ibarretxe. Se trata de proyectar la marca Basque Country, más allá de lo que puede parecer un reclamo turístico, como una idea de valor, excelencia y buen hacer. El seny también es vasco.
