La marcha atrás que el Gobierno del PP ha hecho al recuperar las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social en la contratación de personal dedicado a I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado significa, por un lado, una excepción a la regla de incumplimientos, la última, la no revalorización de las pensiones conforme al IPC que ha caracterizado la política del presidente Rajoy desde que llegó a La Moncloa y, por el otro, la demostración palpable que el trabajo en comandita de diversos agentes unidos en un mismo fin hace que lo que pudiera parecer imposible se convierta en una realidad. Sea como fuere la unión y el gran entendimiento que ha existido entre la Asociación de Empresarios de Gipuzkoa, Adegi, con su secretario general, José Miguel Ayerza, a la cabeza; la Corporación Tecnalia, con su director general adjunto Iñaki San Sebastián, al frente y la diputada del PNV en el Congreso, Arantza Tapia, han hecho posible arrancar del Gobierno del PP el compromiso de incorporar estas bonificaciones para la contratación de personal dedicado a I+D+i y anular el pernicioso Real Decreto 20/2012 que con el pomposo y contradictorio objetivo de "garantizar la vialidad presupuestaria y de fomento de la competitividad" suponía que las empresas guipuzcoanas dejaran de percibir alrededor de 75 millones de euros por ese concepto. Sirva como dato que la aplicación sorpresiva de este real decreto a partir del pasado mes de septiembre supuso a una empresa dedicada al desarrollo de I+D+i aumentar, en tan solo un mes, un millón y medio de euros su capítulo de gastos de personal. Una buena forma de cuadrar la cuenta de resultados en una época de recesión. Probablemente, la pillada en renuncio que protagonizó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que reconoció desconocer las consecuencias negativas que estaba teniendo el real decreto aprobado por su Gobierno en el desarrollo de la actividad de I+D+i, en la reunión que mantuvo con empresarios guipuzcoanos con motivo de la pasada campaña electoral vasca, habrá tenido mucho que ver con esta rectificación en clave positiva. "Eso me suena mal. No soy consciente de lo que me dice y lo vamos a mirar", dijo un Rajoy sorprendido y desconocedor de los efectos perniciosos que un decreto firmado por su gobierno estaba teniendo en un factor clave de competitividad como es la I+D+i, tras la pormenorizada exposición que le hizo el director general adjunto de Tecnalia, Iñaki San Sebastián. Tal fue la sorpresa que a lo largo de su intervención, Rajoy volvió a comprometerse en dos ocasiones más a "mirar" que es lo que se podía hacer para modificar la situación. Gran parte de los asistentes valoraron el rasgo de sinceridad demostrada por Rajoy, pero pocos se lo creyeron teniendo en cuenta la política de recortes que ha ido aplicando el Gobierno del PP y que ya ha afectado a lo que hasta ahora era intocable con son las pensiones. Desde el pasado nueve de octubre, fecha en la que tuvo lugar la reunión, hasta aquí, Rajoy ha dado la orden de que se rectificara la situación mediante la presentación de una autoenmienda del propio PP al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, en una operación en que ha tenido también un papel destacado el presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper, que desde el primer momento se puso manos a la obra y ha colaborado de manera efectiva con las empresas para que se rectificara una decisión que no tenía ningún sentido y que, precisamente, iba en la dirección contraria a la que se presumía, que es, precisamente, el reforzamiento de la competitividad de nuestras empresas en un mercado globalizado. Por si fuera poco, la autoenmienda del PP, que suena un poco a acto de contrición ante el escarnio público, la diputada del PNV por Gipuzkoa, Arantza Tapia, se encargó de evitar que esa corrección no se quedará como una propuesta de inclusión en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, que pudiera desaparecer al albur de otros intereses y de la mayoría absoluta que tienen los populares en el Congreso, sino que fuera validada mediante un compromiso político en sede parlamentaria. Y ese objetivo instrumentalizado a través de una pregunta parlamentaria en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, tuvo como resultado la respuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos, que aseguró en el Congreso que los Presupuestos Generales del Estado de 2013 van a recuperar las bonificaciones de las cotizaciones de la Seguridad Social para la contratación de personal de I+D+i, lo que supone todo un alivio para los centros tecnológicos privados y las empresas con departamentos propios dirigidos a esta actividad, sobre todo, en un momento en que los recortes a la inversión del Estado en I+D+i ha hecho que caiga a niveles del año 2005. El compromiso político y público que arrancó Arantza Tapia al ministro de Economía, Luis de Guindos, es una demostración más de que la conjunción de intereses y el trabajo de muchos enfocado en una misma dirección es capaz de remover hasta los últimos resortes de los gobiernos, y como ha sido en este caso, anular un real decreto que se ha demostrado que se elaboró dentro de esa vorágine del PP de meter la tijera en todo, sin evaluar sus consecuencias y, sobre todo, la proyección futura de la medida. Con esta lección aprendida el siguiente paso es conseguir minimizar las condiciones que ha impuesto la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a las cajas de ahorros del Estado y tratar de salvaguardar el proyecto y la filosofía con la que nació Kutxabank. Aquí todos tenemos que remar en una misma dirección para que el control de las cajas vascas sobre el banco sea mayor del que se pretende. De algo debe servir ser la entidad más solvente del Estado, según el test de estrés elaborado por Oliver Wyman por mandato de Bruselas para aprobar el rescate al sistema financiero español.
