No se trata de rememorar ninguna contienda de las guerras carlistas, ni hacer mención a las inquietudes del protagonista de una novela de uno de nuestros clásicos de la literatura, sino de poner en evidencia el alto grado de politización que existe en la sociedad guipuzcoana que hace que la elección del consejo de administración de una entidad como Kutxa se haya convertido en toda una suerte de acusaciones, discusiones de matiz sobre las normativas establecidas y, por último, amenazas por parte de los responsables de sus instituciones fundadoras contra su dirección en las que se pone de relieve su grado de desconocimiento al exigir una serie de actuaciones que desde el pasado 1 de enero están en manos de un banco llamado Kutxabank. Lo ocurrido el pasado miércoles en la sala de actos que Kutxa tiene en la calle Andia de Donostia con la elección del consejo de administración de la caja, donde se anunciaron demandas judiciales, y el posterior desarrollo de su primera reunión, paralizada durante tres cuartos de hora a la espera de un informe jurídico por escrito y por una discusión semántica sobre los términos "ausencia" o "inexistencia" en la elección del presidente, sirvió para transmitir una penosa imagen de lo que no debe ocurrir en una sociedad estructurada como la nuestra. Mucho menos, respecto del grado de responsabilidad que se debe tener cuando lo prioritario debe de ser establecer líneas de consenso y acuerdo para ver cómo entre todos salimos de esta crisis que nos atenaza. Y, desgraciadamente, lo que estaba en juego en la elección del consejo de administración de Kutxa no era eso, sino asegurarse los cuatro puestos que Kutxa tiene en el órgano de gobierno de Kutxabank, que es donde está el negocio financiero de las cajas y donde se decide la política y estrategia del banco. La batalla de Andia estaba centrada precisamente en conseguir la mayoría en el consejo de administración de Kutxa como llave para acceder a la dirección de Kutxabank. Ese y no otro era el interés de las dos partes contendientes en el proceso electoral de Kutxa, desde la premisa de que, probablemente, este próximo viernes, a no ser que las presiones tanto a Madrid como a Bruselas de Kutxabank como Caixabank, triunfen, el Gobierno de Rajoy pueda aplicar el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado en junio como condición para rescatar al sistema financiero español y convierta a las cajas en fundaciones especiales y con ello la pérdida de la posición de control en el banco, lo que significaría dar entrada a nuevos accionistas. La reducción de la participación de las cajas de ahorro en sus bancos por debajo de una posición de mayoría es todo un torpedo a la línea de flotación de Kutxabank, que está controlada al 100% por esas entidades y es letal para el proyecto por el que se configuró como un instrumento vital a la hora de contar con músculo financiero para el desarrollo del país. Con este panorama, la batalla de Andia puede pasar a la historia en cuestión de unos días como una lección de lo que no debe ocurrir, porque al margen de la desaparición de las cajas como fundaciones especiales, con lo que pasarán a depender jurídicamente de Madrid y no del Gobierno Vasco, está también la incompatibilidad en la pertenencia en los órganos de gobierno de las cajas y de los bancos, con lo que se puede dar la paradoja que los recién elegidos presidentes de Kutxa y BBK deban decidir si quedarse a gestionar las respectivas obras sociales o formar parte de Kutxabank, en donde tendrían que compartir mesa con consejeros en representación de otras sensibilidades e intereses. El escenario parece claro, a tenor de lo que el presidente del Observatorio del Banco Central Europeo (BCE), Guillermo de la Dehesa, dijo hace unos días en un acto organizado por Elkargi en Donostia, donde al referirse a los bancos de las cajas fue claro: "Lo lógico es que estén en el mercado de las acciones y cotizen". Y ello, tras afirmar el importante papel que las cajas han tenido en el desarrollo regional del Estado y la alta solvencia de las entidades vascas. Ante este panorama bueno será, poner punto final al debate político y llegar a acuerdos entre todas las fuerzas políticas para ver cómo Gipuzkoa debe salir de la crisis, cómo hay que ayudar a las empresas a resolver sus problemas de financiación de circulante, abrir nuevos mercados, no bajar la guardia en inversiones en educación y en I+D+i, desarrollar infraestructuras clave de futuro, etc. No cabe apelar a que se ha ido contra una mayoría, cuando precisamente, en los últimos años, dada la polarización política y, en algunos momentos, atomización de siglas, se han tenido que conformar pactos en el seno de Kutxa para acceder al consejo de administración de la entidad. Precisamente, el 30 de abril de 2010 la alianza formada por PNV, H1!, EA, EB y Aralar consiguió sacar su candidatura al consejo de administración y a la comisión de control, gracias al voto de sus 44 consejeros en la asamblea. Hoy, dos de esos cinco partidos se engloban dentro de la coalición EH Bildu y en aquel tiempo todos entendieron como legítima la conformación de ese tipo de pactos, salvo la izquierda abertzale que, al igual que en estos días, insistía en que la composición de los órganos de gobierno de Kutxa no recogían la pluralidad de la sociedad guipuzcoana. De la misma forma, Bildu apoyó el año pasado la integración de las tres cajas en Kutxabank. La pregunta que desde EH Bildu debe de hacerse es por qué un conglomerado tan heterogéneo en lo político como chocante en lo social como ha sido la alianza PNV, PSOE, PP y los sindicatos CCOO y Pixkanaka, hayan podido unirse olvidando sus enfrentamientos y sus posiciones ideológicas por un objetivo común. También deberían interrogarse por qué un sindicato de clase como CCOO y uno de empleados como Pixkanaka hayan preferido juntar sus fuerzas con algunos partidos de posiciones conservadoras que aliarse con una coalición que se dice de izquierdas y cercana a los intereses de los trabajadores.
