el candidato al que hoy las urnas le otorguen la responsabilidad de formar el nuevo Gobierno Vasco va a tener por delante cuatro años donde emplearse a fondo no ya para tratar de gestionar una administración con unos recursos cada vez más reducidos por el descenso de la recaudación fiscal y la deuda que va a heredar, sino porque tendrá que poner en marcha toda una ingeniería de marcos y mesas de diálogo para tratar de alcanzar consensos intercruzados entre todos los agentes institucionales, económicos y sociales, con el fin de tratar de enderezar la actual recesión.

No es que se trate de una situación de emergencia, pero una de las primeras tareas del próximo inquilino de Ajuria Enea será juntar a las diputaciones, empresarios, entidades financieras y sindicatos para poner en marcha un plan de choque en el que, por un lado, se busque apuntalar el tejido productivo que tenemos evitando cierres y, por el otro, asentar las bases para proyectarlo en el mercado global.

Se trata de recuperar la filosofía que impregnó el Plan 3R, impulsado por el Gobierno Vasco en la crisis de los años 90 y que supuso una reestructuración y reconversión de nuestras empresas y el desarrollo de otros nuevos sectores productivos, desde la premisa de que nada va a ser igual a la situación anterior a 2008 y de que los parámetros de competitividad se miden ya en términos mundiales.

Y en este marco es necesario poner en marcha un plan anticrisis desde los recursos públicos disponibles para salvar a aquellas empresas que, con futuro y posicionamiento en el mercado, sufren problemas de financiación por parte de unas entidades que han cerrado el grifo no ya del crédito, sino ni siquiera para oxigenar la tesorería a través de líneas de descuento.

El problema no es tratar de responder a los proveedores para garantizar la actividad, sino lo que es más importante, mantener el empleo, cuya desaparición puede desestructurar comarcas con una gran tradición industrial de Gipuzkoa.

El problema es grave hasta el punto de que hace tan solo quince días Adegi hizo un llamamiento urgente al sistema financiero para que arbitre mecanismos que hagan fluir el crédito, ya que ha aumentado el número de "empresas que están financieramente asfixiadas y en fase casi terminal".

Una prueba de ello es el aumento en un 28,6% de los avales concedidos por Elkargi en los primeros nueve meses de este año, en los que más de la mitad de los 251,2 millones de euros concedidos han ido a la reestructuración y consolidación financiera de las empresas.

Y mientras tanto, las entidades financieras parecen no responder a esta demanda social, más preocupadas por las exigencias del core capital que se les exige desde Bruselas y que reduce al mínimo su capacidad de exposición al riesgo.

No puede ser que todo el dinero que del sector público, tanto europeo como del Estado, que ha ido al sistema financiero no haya tenido su traslación en la economía real y haya servido para tapar los activos tóxicos del ladrillo y comprar deuda pública española aprovechando sus alzas continuadas.

Y encima decidan de un día para otro cortar los flujos financieros de las empresas provocando situaciones dramáticas como las que estamos viendo estos días en Inquitex, y que, gracias a que tiene un nicho de mercado sólido, está aguantando, a pesar de los bancos.

Las capacidades que tiene el Concierto Económico -esa antigualla que hace unas semanas reclamaban los catalanes-, y que no se ha utilizado hasta ahora como debería, puede dar lugar a la captación de recursos que den oxigeno a la economía vasca.

De hecho, el Concierto Económico permite al Gobierno Vasco la emisión de deuda pública tanto en los mercados mayoristas como en los particulares como ya ocurrió en los años 90, aprovechando la calificación que Euskadi tiene en los mercados internacionales, dos escalones por encima -caso único en Europa-, que el Estado. Evidentemente, la decisión deberá estar al albur del comportamiento de los mercados internacionales.

De la misma forma, sería conveniente que los 18.000 millones de euros que las EPSV vascas tienen invertidos fuera de Euskadi -financiando gracias a nuestros beneficios fiscales la actividad de los competidores de nuestras empresas- pudieran regresar para ser destinados en su fortalecimiento e impulsar el modelo propio de desarrollo tecnológico que plantea el director general adjunto de Tecnalia, Iñaki San Sebastián.

Tampoco estaría de más exigir las competencias de la Seguridad Social, no solo porque se iba a gestionar mejor, sino porque la estadística de los últimos once años registró un superávit en Euskadi de 1.157 millones de euros, lo que significa 105 millones por año. Según datos del Eustat, desde el año 2000 hasta 2007, la Seguridad Social recaudó en Euskadi 2.693 millones de euros, a razón de 336 millones por año. El ciclo cae con el inicio de la crisis en 2008, que llega a 2010 con un acumulado negativo de 1.536 años. Y todo eso, con una tasa de paro tres veces menor que la española.

En paralelo, tanto los empresarios como los sindicatos deben acercar posiciones. Unos en lo que se refiere al planteamiento de fórmulas de una mayor participación de los trabajadores en la gestión y el desarrollo de las empresas como compensación a los sacrificios que están haciendo ya en algunas compañías, como es el descenso de los salarios y el aumento de la productividad.

Por parte de las centrales sindicales se debe abandonar la política de confrontación que en una situación de cambio como la que vivimos no conduce a otra cosa más que al enquistamiento de las posiciones y a no permitir ninguna salida en clave de futuro.

En este momento, existen situaciones como la de Corrugados Azpeitia, que se conforman como el claro ejemplo de lo que no debe ser la gestión de un conflicto laboral, donde las víctimas son la sociedad en su conjunto y los propios trabajadores.

Por ello, es necesario recuperar aquel espíritu que impregnaba las relaciones laborales hace no más de diez años, cuando el objetivo de empresarios y sindicatos era alcanzar el acuerdo fuera como fuera, sabiendo que al final cada una de las partes dejaba pelos en la gatera. El fin era el acuerdo que lo justificaba todo.