La verdadera alarma empieza cuando el Gobierno decide dar por concluido el estado de alarma por razones políticas, y no sanitarias. Se apela a la responsabilidad individual de los ciudadanos. Sin embargo, la gestión de una pandemia no se puede dejar en manos de lo que cada persona decida hacer en el ejercicio de su libertad. Que los Tribunales Superiores de Justicia echen para atrás restricciones como el toque de queda o el cierre perimetral es garantía jurídica de que estamos en un Estado de derecho en el que la Justicia tiene el deber de salvaguardar los derechos y las libertades recogidos en la Constitución. Pero, ¿no ha habido tiempo por parte de los gobernantes para prever lo que podía pasar tras la supresión del estado de alarma, y así haber elaborado un marco jurídico que evitase este “descontrol”?
