Hasta hace unos días, para el común de los mortales malversar era apropiarse o hacer un uso irregular del patrimonio público. Pero en estos últimos días nos toca desaprender lo aprendido y asimilar nuevos conceptos y matices en función de las necesidades del consenso político. Que nadie infiera de estas líneas que estoy en contra de la reforma de los delitos de sedición y de malversación, nada más lejos de mi opinión, pero no puedo compartir las formas ni el modo de acometer esta reforma del Código Penal. Sinceramente, creo que es difícil hacerlo peor. Llevamos semanas escuchando a diferentes portavoces de ERC la existencia de un acuerdo con el Gobierno para reformar el Código Penal a cambio de un acuerdo basado en la gobernabilidad. En paralelo, hemos escuchado a diferentes voces del Gobierno español hablar de la necesidad de homogeneizar nuestro Código Penal a Europa... El pasado viernes conocíamos la propuesta de ERC sobre la modificación del delito de malversación y el lunes por la tarde supimos del acuerdo a puerta cerrada de la Comisión de Justicia del Congreso, donde se reforma el delito de malversación. Estás reformas tienen fundamento y racionalidad, pero me sorprende y me disgusta el relato y las formas.

Desde hace un tiempo tengo la sensación de inseguridad jurídica, especialmente desde la reducción de penas a violadores como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Creo que, aunque la modificación penal sea acertada, no se debe ni se puede articular como una reforma exprés y menos aún vincularla a necesidades de consenso político porque eso descentra el foco de la necesidad de la reforma y llega a denostarla. En los últimos años, fruto de la falta de consenso político vemos la situación del CGPJ, cuestionamos muchas de las decisiones judiciales como la resolución del caso de La Manada o el caso de la Arandina, y vemos cómo otros tribunales modifican las condenas iniciales.